El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha solicitado de manera urgente al Estado español que traslade a un centro de acogida a un niño de 14 años que lleva cuatro días abandonado en la calle en la Comunidad de Madrid. El menor, nacido en Gambia, llegó solo en patera a Canarias pero, a pesar de portar fotografías de su pasaporte, de su acta de nacimiento y de tener un “evidente aspecto de menor de edad”, fue tratado como un adulto hasta quedar en situación de abandono. Tras la petición enviada por la ONG Fundación Raíces, el Comité ha pedido a España la activación de medidas provisionales para “prevenir un daño irreparable” en el chaval, según la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Tras su llegada a Las Palmas en agosto de 2023, el menor, A. A., fue trasladado a Tenerife desde donde, posteriormente, fue derivado a Granada y Barcelona, dentro del sistema estatal de acogida -dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- . Después, superado el tiempo máximo de estancia en la red de atención humanitaria para migrantes adultos, fue enviado a Madrid donde el chaval se quedó en situación de calle en octubre de 2023. Desde entonces fue alojado por distintas entidades en espacios ideados para personas sin hogar, que solo permiten pasar la noche, por lo que el resto del día el niño tenía que “deambular a la intemperie, comiendo en comedores sociales con horarios restringidos, etc.”, detallan desde Fundación Raíces.
La ONG, antes de acudir de urgencia a las Naciones Unidas, trató de solicitar a la Comunidad de Madrid el ingreso del menor en el sistema de protección de menores. Según detalla la organización, aunque el niño había solicitado su pasaporte en Gambia antes de migrar su expedición se retrasó hasta cuando el chaval había llegado a España. A finales de 2023, el niño recibió su pasaporte original, que la Embajada de Gambia ha validado, concluyendo que “A.A nació el 09 de diciembre de 2009 en Fajikunda, Gambia”, según la resolución de las autoridades consulares a la que ha accedido elDiario.es.
Ante la confirmación de su minoría de edad, la ONG avisó a agentes de la Policía Nacional para que el menor fuese puesto a disposición de los servicios de protección de la Comunidad de Madrid -las comunidades autónomas son las competentes de la guarda de los menores en desamparo-, por lo que esa misma noche A. A. ingresó en un centro de menores en el que no fue escolarizado en ningún momento a pesar de ser obligatorio con su edad, destacan desde la organización.
A pesar de contar con un documento que demostraba su minoría de edad, lo que debería ser suficiente para evitar las cuestionadas pruebas médicas de determinación de la edad según la jurisprudencia del Supremo, la Fiscalía propuso al menor someterse a dichos exámenes, “advirtiéndole de que su negativa a someterse a las mismas podría ser interpretado como un indicio revelador de su mayoría de edad”, sostienen desde Fundación Raíces.
Como respuesta a la negativa del menor, el Fiscal solicitó un informe pericial a policía sobre la autenticidad del pasaporte de A.A, cuyo resultado concluyó que no existen signos de falsedad en el mismo, continúa la ONG en un comunicado. No obstante, añaden, “el Fiscal dictó Decreto de Mayoría de edad por albergar dudas de la fiabilidad de los datos consignados en el pasaporte por las autoridades gambianas”. Como resultado, la Comunidad de Madrid dictó el cese de protección del chaval y, ante la falta de plazas para personas adultas sin hogar, el menor fue expulsado a la calle el pasado 12 de febrero sin ninguna alternativa habitacional.
La Fundación Raíces recuerda que Naciones Unidas ha dictado 14 dictámenes a favor de 14 menores de edad, en los que el Comité de Derechos del Niño considera que “el procedimiento de determinación de la edad en España no cuenta con las garantías necesarias para proteger los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Convención y en los que declara que España ha violado numerosos artículos al no tomar como cuestión primordial el interés superior del niño durante el procedimiento, ante la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del niño emitidos por un país soberano, al someterlos a pruebas médicas estando documentados o al declararlos mayores de edad tan sólo por su negativa de someterse a pruebas radiológicas y no habiendo sido asistidos por ningún tutor ni representante, tal y como el niño había designado para defender sus intereses”.
“En la actualidad son miles los niños que están en Canarias a la espera de una correcta identificación para ser protegidos y cientos los que se encuentran en Madrid en centros de adultos como el de Alcalá de Henares o Carabanchel, muchos de ellos con documentación que acredita su minoría de edad, pero sin ser protegidos. Esperamos que la Fiscalía no nos obligue a acudir a los Tribunales y a las Naciones Unidas en defensa de todos ellos”, advierte Lourdes Reyzábal, presidenta de la organización. “Es alarmante que, a pesar de que el Gobierno se comprometió a modificar el procedimiento de determinación de la edad en España, obligado entre otras cosas, por los 14 Dictámenes de Naciones Unidas y las más de 15 sentencias del Tribunal Supremo que se han pronunciado en idéntico sentido, la realidad es que aún no se ha tramitado la necesaria reforma legislativa y cada día se siguen quedando abandonados en las calles de nuestras ciudades, niños y niñas convertidos en adultos, casualmente solo cuando estos niños y niñas son de África pero, además, únicamente cuando son niños y niñas que están solos”, concluye.