ONU: “El riesgo para la salud pública de la reforma sanitaria es una bomba que puede explotar”
P: ¿Por qué Naciones Unidas ve inaceptable la reforma sanitaria en España que limita el acceso a la Sanidad gratuita a inmigrantes en situación irregular?
Porque va claramente contra las obligaciones internacionales de España con respecto a las personas que viven en su territorio, cualquiera que sea su estatus: legal o ilegal. Esta reforma deja fuera de la asistencia sanitaria a una parte de la población, la más vulnerable.
También es intolerable porque podría generar un riesgo para la salud pública. Además, la denegación de acceso a la sanidad pública en España lleva consigo una situación de desconocimiento que deriva en la reticencia de estas personas para ir a los centros de salud debido al miedo de si les cobrarán o no y, a algunos inmigrantes, incluso estando en situación regular o teniendo derecho al acceso, les es denegada la asistencia.
R: Las explicaciones del Gobierno sobre la exclusión de inmigrantes del sistema sanitario aluden a la necesidad de ahorro. ¿Realmente se consigue una disminución de los costes?
En la respuesta de España a nuestras recomendaciones el Gobierno menciona este argumento pero no deja claro cuál es la metodología que justifica el ahorro que el Ejecutivo dice haber logrado. Tampoco especifica si ha aumentado el número de las asistencias en urgencias que son bastante más caras.
No se ha hecho. Pero ¿en el caso de que se llegase a justificar este ahorro, sería aceptable?
Tampoco. Las obligaciones en materia de derechos humanos no cambian por la presión fiscal que pueda tener un país. El Estado tiene que buscar otras alternativas para asegurar el acceso a la salud de una forma no discriminatoria.
El Gobierno sigue asegurando que, tras la reforma, la sanidad en España es universal. El presidente lo repitió en una entrevista reciente, en respuesta a una pregunta que citaba sus declaraciones. ¿Es así?
No es exacto. Por más que lo diga, la Sanidad en España no ya no es ni universal ni gratuita.
¿Está mintiendo entonces el Gobierno?
Está siendo inexacto.
¿Cómo argumenta esta afirmación?
No queda claro. Simplemente lo repite pero esto contradice el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno.
Se han documentado muchos casos en los que se ha denegado la asistencia sanitaria a pacientes que, según la nueva ley, sí deberían recibirla -embarazadas, menores y urgencias-.
Por un lado, se dan estos incumplimientos de la propia ley de forma indirecta, debido a la falta de información eficaz al respecto. Si excluyes del sistema sanitario a un grupo particularmente vulnerable de la sociedad, creas un efecto donde el inmigrante tiene temor y reticencia de acudir a los centros de salud. Ellos lo oyen en los medios de comunicación, saben que existe una limitación, por lo tanto, no van a asumir riesgos.
También de forma directa, ligados a la insuficiencia de información. Hemos recibido notificaciones sobre el desconocimiento de la propia ley en los hospitales o centros de salud. Esto deriva en la denegación de asistencia sanitaria a personas que tenían que haber sido asistidas porque son mujeres embarazadas o menores.
Además, un Gobierno, para cumplir con el derecho internacional, no solo no puede aprobar leyes discriminatorias, sino que tampoco se permiten las discriminaciones indirectas. Aunque la ley fuese neutral respecto al acceso, tendría un impacto discriminatorio.
Por tanto, además de ser discriminatoria de por sí, se está excluyendo del sistema sanitario a un grupo vulnerable, que tiene más dificultades de acceso a la información de defender sus derechos cuando intentan ser atendidos en centros de atención primaria o de urgencias. Pueden tener una barrera lingüística que deriva en un impacto aún más discriminatorio.
¿Naciones Unidas ha transmitido al Gobierno los incumplimientos de su propia ley -denegaciones de acceso a embarazadas, menores y urgencias-?
Sobre esta cuestión no hemos hecho recomendaciones pero, esas situaciones, además de ser ilegales según le derecho internacional, también lo son dentro de su propia jurisdicción interna. Lo mismo sucede respecto a las personas que, incluso consiguiendo la residencia en España mediante la reagrupación familiar, también son rechazadas en los centros de salud.
¿Apoya la desobediencia del personal sanitario que incumple la ley y presta asistencia a inmigrantes en situación irregular?
A titulo personal, obviamente apoyo la actitud de estos médicos, hacen su trabajo, es una labor humanitaria. Pero es importante recalcar que, aunque muchos médicos están atendiendo a inmigrantes en situación irregular, es una obligación estatal. El Gobierno no puede lavarse las manos porque los médicos estén prestando asistencia clandestina.
Además, aquí también interviene el principio de no discriminación: el hecho de que la asistencia sanitaria dependa de la suerte. De si te toca un centro que atiende o no, un hospital que cumple el Real Decreto o no, una comunidad que aplica la reforma u otra que se niega. Estas también son discriminaciones.
¿España cierra los ojos porque, en cierta forma, les conviene que estas ONG y médicos, realicen la asistencia sanitaria clandestina?
Solo faltaba que los médicos fueran castigados por cumplir su juramento. Estos médicos realizan una labor humanitaria porque captan el riesgo que puede tener para la salud pública que los inmigrantes sin papeles no tengan acceso a la sanidad. Es como una bomba que puede explotar solo en cuestión de tiempo.
Pero el hecho de que el Gobierno presentase un recurso [al Tribunal Constitucional] contra la decisión de Navarra [que elaboró una normativa regional para asegurar la asistencia universal] es un pésimo ejemplo.
El Gobierno también argumenta que España tiene uno de lo sistemas más garantistas de Europa con la población inmigrante.
Este argumento es realmente absurdo. Un gobierno no puede justificar sus incumplimientos de la obligaciones internacionales en materia de derechos humanos porque otro país los incumpla. Es tan absurdo como pensar que si EEUU incumple la legislación internacional para ejecutar a los menores, cualquier otro país puede hacerlo. No es ningún argumento jurídico. El hecho de que haya sistemas de salud más restrictivos con inmigrantes irregulares no absuelve a España de sus obligaciones internacionales al respecto.
Además incumple el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales [instrumento jurídico con el que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos], que prohíbe una medida regresiva deliberada. España también ha caído en ello: ha pasado de un sistema de salud abierto a los inmigrantes en situación irregular, uno que los excluye de la sanidad publica, sin buscar otras opciones para reducir los costes.
Además de no servir como justificación, ¿es verídico?
No lo tenemos estudiado, pero el argumento sería igualmente absurdo.
¿Qué ocurre con el turismo sanitario? Es otra de las razones repetidas por el Gobierno para justificar esta ley. ¿Los afectados por la reforma sanitaria son los supuestos usuarios de esta práctica?
Trabajo con los grupos más vulnerables de la población, conozco la situación, me he reunido con muchas ONG españolas... no creo que este sea el caso. Si el Gobierno español quisiera justificar esta medida con la excusa del turismo sanitario debería probarlo con números. Tendría que presentar información de quiénes lo cometen, de qué países proceden, y cuánto se ahorra si se corta el sistema de salud a todos los inmigrantes. Pero no lo ha hecho.
¿Se justificaría esta medida?
No lo creo. El Gobierno no se puede decir en su discurso que estas medidas son ideológicas sin probarlo. Si es así, debe presentar estudios, análisis e información, y compartirlo con la población. Así, los ciudadanos podrán considerar si la ley es ideológica o no lo es.
¿Conoce el caso de Alpha Pam [el joven senegalés que murió en Baleares de tuberculosis por no recibir un seguimiento médico que permitiese su diagnóstico]? ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno español?
Sí. Está probado que, aunque se le dio algún tipo de asistencia, no fue la adecuada. El hecho de que no se haya encontrado un responsable criminal, no implica que no haya una responsabilidad del Gobierno. Repito que España tiene una obligación internacional de asegurar el derecho a la salud de todas las personas que estén en su territorio cualquiera que sea su estatuto legal. Y en el caso de que una persona no sea atendida de forma adecuada, incumple sus obligaciones.
Si esa persona fallece, como Alpha Pam, ¿el Gobierno tiene parte de responsabilidad?
Sí.
España ha recortado en cooperación al desarrollo un 70% en los últimos tres años. ¿Qué valoración hace la ONU al respecto?
También tienen una obligación internacional en este sentido. Cortar el 70% en la Ayuda al Desarrollo tiene un impacto enorme en los países receptores y no solo se puede justificar con el ahorro. Se tienen que buscar todas las alternativas posibles a ese recorte. Por ejemplo, España podría aumentar la lucha contra la corrupción y contra la evasión fiscal. En vez de cortar la ayuda sanitaria a los inmigrantes, cortar en cooperación, debería haber encontrado otras vías para ingresar más a las arcas estatales. Y España podría haberlo hecho a través del impulso de un combate más frontal contra la corrupción y la evasión fiscal.
¿No está haciendo lo suficiente España en este sentido?
No está haciendo lo suficiente.
Según un informe de Save the Children, en España uno de cada tres niños, cerca de 2,8 millones, viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Actualmente cerca de 700.000 hogares no reciben ingresos, según Cáritas. ¿Son niveles de pobreza aceptables para un país desarrollado?
Por supuesto que no, la situación es dramática. Y es más dramático aún que exista un impacto acumulativo en los más vulnerables: los recortes los salarios, el presupuesto menor a Dependencia, menos becas... Los recortes se acumulan en las personas más vulnerables.
Todo esto tendrá un efecto negativo bastante grande en el futuro. España va a ver las consecuencias de esta falta de inversión en la niñez y en los grupos más vulnerables de aquí a los próximos años.
El Gobierno lleva ignorando varias recomendaciones de la ONU en relación a sus medidas de austeridad.
Le han llegado por varios frentes, creo que hay pocos casos en los que encuentras tantos organismos de monitoreo de derechos humanos a nivel internacional que coinciden y que son ignorados. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuó en 2012 unas observaciones muy duras respecto a las situación española.
A ello se unen los procedimientos especiales: las cartas de la ONU también han representado la dramática situación de España y han advertido de los incumplimientos de sus obligaciones. La carta social europea, también. Y, a nivel nacional, el fallo del Tribunal Constitucional en favor de la norma de Navarra que ampara la sanidad universal, también recuerda al Gobierno central que tiene obligaciones en relación al derecho a la salud que no cumple. La opinión del derecho internacional y del constitucional español es unánime al respecto. Es un absurdo.
Es preocupante pensar que puede ignorar todas las recomendaciones jurídicas internas e internacionales, pero es hasta donde podemos llegar, no existe otro mecanismo.
