Organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras (MSF) y expertos en derechos humanos de la ONU han mostrado el viernes su preocupación al Consejo Europeo por la posibilidad de que los Veintiocho decidan devolver inmigrantes a Libia.
Con motivo de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Malta donde se abordará cómo frenar la inmigración por la ruta del Mediterráneo central, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado de “los graves riesgos” para las personas atrapadas en Libia o devueltas a ese país.
“Libia no es un lugar seguro y bloquear a la gente en el país constituye una burla de los llamados valores fundamentales de la UE de dignidad humana y Estado de derecho”, asegura Arjan Hehenkamp, director general de MSF.
La organización humanitaria, que brinda atención médica en Trípoli y sus alrededores, denuncia las “condiciones inhumanas e insalubres” en las que son “detenidos arbitrariamente” los migrantes y refugiados en Libia, “en muchas ocasiones sin suficientes alimentos, agua potable y atención médica adecuada”.
En la misma línea, Iverna McGowan, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional ha criticado que “fomentar e, indirectamente, financiar a la Guardia Costera libia para que se ocupe de los migrantes y refugiados” dejará a “decenas de miles de personas atrapadas en un país devastado por el conflicto y expuestas a sufrir tortura y explotación”.
“La falta de detalles tangibles sobre el reasentamiento o sobre garantías para migrantes y refugiados atrapados en un país esencialmente sin ley delata las intenciones mezquinas detrás de esta propuesta cínica ”, añade McGowan.
La ausencia de un sistema de asilo operativo en Libia se traduce, según MSF, en que las solicitudes de protección internacional “no pueden ser procesadas mediante procedimientos justos y eficientes de conformidad con el derecho internacional y regional de los refugiados”.
También, relatores de la ONU para los derechos de los migrantes y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria han advertido del “peligro” que supondría un eventual acuerdo con Libia “en virtud del cual personas que huyen de violaciones de derechos humanos sean devueltas a las mismas condiciones, en violación del principio de la no devolución”.
Los expertos señalan que al poner sobre la mesa un eventual acuerdo con Libia, la UE ha declarado de facto a ese país “un país tercero seguro”. “Cualquier acuerdo con países terceros debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos”, recalcan.
La ruta central del Mediterráneo se ha convertido en la principal vía de entrada a Europa, con 180.000 llegadas a territorio europeo en 2016, en su mayoría a través de Italia.