Una jueza ordena a la Comunidad de Madrid acoger a un adolescente migrante al que echó a la calle dos días antes del estado de alarma

Dos días antes de la declaración del estado de alarma, cuando la Comunidad de Madrid había anunciado el cierre de los colegios y empezaba a pedir a sus ciudadanos que se quedasen en casa, la Administración regional dejó en situación de calle a S.H.J, un adolescente extranjero no acompañado acogido en el centro de menores de Hortaleza, después de ser declarado mayor de edad por la Fiscalía. Este mes, un juzgado ha ordenado al Gobierno madrileño la readmisión del menor gambiano en el sistema de protección ante las circunstancias ligadas a la crisis de la COVID-19, según la resolución a la que ha accedido eldiario.es.

Tras pedir la activación medidas cautelares por parte de la Fundación Raíces, el juzgado de primera instancia número 80 de Madrid acordó el siete de mayo la suspensión de la resolución administrativa de marzo por la que la Comunidad de Madrid acordó el cese de la tutela del menor.

En este sentido, la jueza ha obligado a la Comisión de Tutela del Menor de la Consejería de Políticas Sociales al reingreso inmediato del adolescente en sistema de protección a la infancia hasta que, al menos, el joven pueda apelar en un procedimiento judicial el decreto por el que la Fiscalía de Madrid concluyó a principios de marzo su mayoría de edad. Debido a las restricciones ligadas al estado de alarma, el adolescente no ha tenido la oportunidad de recurrir la decisión en los juzgados.

El pasaporte y el acta de nacimiento de S.H.J. marcan que nació el 5 de marzo de 2003 en Gambia. A su llegada a Madrid, después de pasar por un centro de menores en La Línea de la Concepción, el joven ingresó en el sistema de protección de la Comunidad, en el centro de Hortaleza. La Fiscalía le impuso la realización de pruebas médicas, algunas invasivas como la exploración de sus genitales, a lo que el menor de edad se negó, ha expuesto ante el juzgado la Fundación Raíces.

Según recoge la resolución judicial, la Fiscalía decretó la mayoría de edad del adolescente el 05 de marzo de 2020 en base a la “forma de tramitación y emisión del pasaporte no era la adecuada”; a la negativa del joven a someterse a las pruebas de la edad; al supuesto hecho de que el adolescente, “al entrar en España, mintió a la policía sobre su país de origen y minoría de edad” y a la consideración de que su “apariencia física no era la de un menor de edad”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo determina que un menor migrante solo puede someterse a las pruebas de la determinación de la edad en casos en los que este se encuentre indocumentado o en aquellos casos en los que se ponga en cuestión la fiabilidad del pasaporte y se dude razonablemente de la edad del menor. Según denuncia la Fundación Raices, la Fiscalía no desvirtuó “mediante prueba objetiva la validez del pasaporte que acredita la edad e identidad del menor” ni consultó con las autoridades gambianas su veracidad“ antes de imponer la realización de pruebas médicas para concluir su edad, que cuentan con un amplio margen de error.

Como consecuencia de la decisión de la Fiscalía, la Comunidad de Madrid dio de baja al chaval en el sistema de protección y le expulsó del Centro de Primera Acogida de Hortaleza el 12 de marzo, según ha documentado Raíces. La Consejería de Asuntos Sociales dejó al adolescente en la calle en plena crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus “sin proporcionarle una mínima alternativa”, recoge la organización especializada en infancia.

Por aquel entonces, el Gobierno regional ya pedía a la población madrileña la permanencia en casa, dos días después de haber anunciado el cierre de los centros educativos por la crisis sanitaria. Durante este tiempo, el menor, “ha tenido que ingeniárselas por sí solo y, aunque ha solicitado plaza a varias organizaciones, le han rechazado por ser menor y por estar saturadas por la COVID-19”, relata la Fundación.

“Solo ha conseguido refugiarse durante las últimas semanas en un piso ocupado, en condiciones de extrema precariedad, sin luz ni agua, saliendo diariamente para acudir a los baños públicos a asearse y a conseguir comida de cualquier manera, a riesgo de ser sancionado por las autoridades”, denuncia Raíces.

El menor vivió en Gambia hasta que migró a Europa con 15 años. Después de atravesar varios países en su camino a España, el adolescente llegó a Algeciras en patera el 4 mayo de 2019.

El 24 de marzo, días después de la expulsión del menor gambiano, la Comunidad de Madrid anunció que no expulsaría a ningún adolescente de sus centros de acogida en caso de cumplir 18 años o ser declarados mayores de edad por la Fiscalía. El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 emitió el 27 de marzo un documento técnico en el que recomendaba asegurar la protección de los jóvenes tutelados en estas circunstancias. “ Ninguna de esas decisiones llegó a tiempo de proteger a S.H.J., que ha tenido que acudir al auxilio judicial para ser protegido”, sostiene su abogada, Paloma García de Viedma.

“Es urgente que el Gobierno revise su actuación y modifique de manera inmediata un procedimiento de determinación de la edad que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico, de las Recomendaciones del Defensor del Pueblo, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de todas las guías de buenas prácticas europeas en esta materia y en contra de la Convención de los Derechos del Niño”, denuncia la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

“El Estado español de manera sistemática niega la validez de estos documentos sin prueba alguna en contra, situando a los niños en una absoluta indefensión, al no permitirles acreditar su verdadera edad por ninguno de los medios a su alcance”, concluye Reyzábal.