En enero de 2014, unos camiones fueron intervenidos por fuerzas policiales cerca de la ciudad de Adana, al sur de Turquía. “No me toques, ahora te enseñaré mi identificación, no me trates como a un terrorista”, exclamó uno de sus conductores al agente que le hizo bajar del vehículo. Después de unas palabras, el cargamento prosiguió y se alejó rumbo al sur, pero las imágenes de la operación quedaron registradas.
En mayo de 2015, el diario turco Cumhuriyet las hizo públicas. Ejercer el periodismo en Turquía es un deporte de alto riesgo, ya lo era antes de que el director del periódico, Can Dündar, diera luz verde a la publicación de un vídeo donde se apreciaba un cargamento de armas y munición en dirección a Siria. Según denunció el diario, los camiones, del Servicio de Inteligencia Turco, se dirigían hacia posiciones con presencia de los grupos armados anti-Asad.
Tras la publicación, un enfadado Erdogan cargó contra el supuesto “Estado paralelo” que, decía, le intenta debilitar, y afirmaba que el convoy transportaba “material humanitario” para los turcomanos sirios. Pero lo peor aún estaba por llegar. “Pagarán un precio muy alto”, declaró el presidente. El director del periódico, Can Dündar, y su jefe en Ankara, Erdem Gul, fueron condenados a cinco años de prisión por “revelación de secretos de Estado”.
El mismo día del juicio, un ciudadano turco disparó en la puerta de los juzgados de Estambul al grito de “traidor” y un periodista resultó herido en la pierna. La bala iba destinada al director del rotativo opositor insignia del país. “En dos horas hemos tenido dos intentos de asesinato. El primero ha sido con una pistola; el segundo, en los juzgados”, afirmó Dündar. No hubiese sido el primero en morir: entre 1979 y 1999, siete redactores del mismo periódico habían sido asesinados por sus ideales de centro-izquierda y laicos.
A día de hoy, existe un pulso entre Erdogan y los responsables de la publicación, que no solamente representan a un simple periódico, también ejercen de embajadores a favor de la libertad de expresión. Dündar lo hace alejado de Turquía, exiliado después de una sentencia que le dejaba en libertad provisional. Mientras, su esposa se encuentra atrapada en el país porque se le ha retirado el pasaporte.
El presidente del consejo editorial del diario, Akin Atalay, regresó al país expresamente para ser encarcelado en 2016. Tras más de un año en prisión preventiva, pudo volver a abrazar a sus familiares hasta que la sentencia judicial alcanzada en abril le vuelve a situar entre rejas. El responsable editorial ha impuesto un recurso de apelación que mantiene sus esperanzas.
14 trabajadores sentenciados
La purga no solamente se limita a perseguir a los responsables editoriales, como se ha denunciado en numerosas ocasiones. Dos periodistas del Cumhuriyet, cuyas identidades no pueden ser reveladas por miedo a represalias, han contado su experiencia a eldiario.es.
Uno de ellos relata el “sinvivir” que significa formar parte de la plantilla de este diario opositor, al que no solamente se enfrenta el Gobierno, sino muchas veces la propia población. La bala disparada en el Palacio de Justicia de Estambul es un resumen de los insultos que llegan a recibir. “La población turca prefiere ver series de televisión que enterarse de las cosas que ocurren”, afirma uno de los redactores.
Otro de los periodistas asegura que su familia le pide cada día que deje la profesión, algo que le impide su obstinación con el oficio en un país “lleno de noticias falsas”. La alteración de la verdad es, dicen, el antídoto que utilizan muchos redactores para evitar tener problemas: “Muchos de los periodistas del país no tienen derecho a llamarse a sí mismos periodistas”.
El caro precio que Erdogan anunció para los trabajadores de este medio se empieza a manifestar en forma de años entre rejas. La sentencia de abril resolvió dudas sobre el posicionamiento del Gobierno turco hacia los que ejercen la actividad periodística: un total de 14 empleados de Cumhuriyet fueron sentenciados. Entre todos suman 50 años de cárcel por “ayudar a organizaciones terroristas”.
Detrás de la humareda por las últimas sentencias, aun existen casos que el Gobierno no da por cerrados. “Yo tengo una investigación abierta”, destaca uno de los redactores. Algunos ni siquiera tienen relación con la actividad periodística: un contable del periódico ha sido sentenciado a tres años y un mes de prisión por hacer “propaganda terrorista”.
“Lo volvería a hacer”
Aunque su caso es simbólico, los redactores de Cumhuriyet no han sido los únicos. Más de 120 periodistas siguen en prisión desde el intento de golpe de Estado de 2016, según Amnistía Internacional. “Todos viven bajo la amenaza permanente de la detención arbitraria, el enjuiciamiento y la sentencia condenatoria solo por hacer su trabajo o por expresar opiniones pacíficas”, denuncia la ONG. De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Turquía fue en 2017, por segundo año consecutivo, el país del mundo que más reporteros encarceló.
La presión que ejerce el Gobierno hacia los periodistas se extiende, según los trabajadores de Cumhuriyet, al control en actos políticos. “Estuve en el sudeste del país cubriendo un mitin y la Policía identificó a todos los periodistas presentes. Hace dos años esto no ocurría”, señala uno de ellos.
La presión se extiende más allá del Gobierno. La población y muchas fuentes con las que deben contactar se niegan a hablar con ellos por oposición al diario o, simplemente, por miedo. “Cada día se hace más complicado contrastar una información y muchas veces nos ignoran”, afirman.
“Nunca habíamos experimentado un momento tan malo para los periodistas”, afirma a eldiario.es Tora Pekin, una de las abogadas del Cumhuriyet. En los últimos 10 años, un total de 45 periodistas del medio han pasado por los tribunales. Para la letrada, se trata de imputaciones “arbitrarias y abstractas”, puesto que el Gobierno “no tiene respuesta alguna” cuando los periodistas preguntan qué ayuda han prestado a las organizaciones de Gülen, el Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK) o el Partido Revolucionario de Liberación del Pueblo (DHKP-C).
Pekin destaca que la libertad de expresión “solamente existe” cuando el discurso es afín a Erdogan. “El Gobierno defiende su propia libertad de expresión”. Si las palabras vienen en forma de críticas hacia el Ejecutivo, sostiene la letrada, se convierten en crimen. “Nunca se habían producido detenciones por insultar al presidente, incluso en redes sociales, hasta que ha llegado Recep Tayyip Erdogan”.
Ante unas elecciones que pueden destronar al líder del país, la abogada considera que el recorrido de las sentencias podría dar un giro. “Si el Gobierno cambia, la persecución dejará de existir, pero esto es una opinión personal”. Cumhuriyet, a ojos de algunos, hace “propaganda terrorista”, razón por la que todos sus trabajadores sufren las consecuencias.
Ellos lo tienen claro: “Nos sentimos orgullosos de haber escogido esta profesión y de hacerlo para este diario, no nos arrepentimos de nada”.