Qué partidos esconden la exclusión sanitaria a inmigrantes en sus programas electorales
Los partidos políticos han presentado sus propuestas sobre el país que quieren defender en los próximos cuatro años. Los programas electorales son una herramienta para que los ciudadanos confronten las medidas de unos y otros. Aunque no podrán hacerlo en todas las materias. La cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, que se vio modificada por el Gobierno en 2012, no se encuentra desarrollada en los programas de los dos grandes partidos que defienden su exclusión de una atención normalizada (aunque en diferentes grados): el Partido Popular y Ciudadanos.
Qué atención debe garantizar la sanidad pública a los inmigrantes que residen en España sin permiso de residencia fue un tema que entró con fuerza en la escena política cuando el Gobierno del Partido Popular decidió retirarles las tarjetas sanitarias en 2012. Con una reforma, el decreto ley 16/2012, el Gobierno restringió la cobertura de los inmigrantes en situación irregular a los casos de urgencias, los menores y las embarazadas. Más tarde incluyó también los casos de salud pública.
En marzo de este año, después de que Ana Mato dejara la cartera de Sanidad en manos del actual ministro, Alfonso Alonso, el Ejecutivo dio marcha atrás a parte de su política: propuso que los inmigrantes sin papeles tuvieran acceso a su médico de cabecera, es decir, a la atención primaria, siempre que cumplieran un mínimo de empadronamiento (seis meses, sugirió Sanidad en septiembre) y no superaran una determinada renta.
El ministro Alonso explicaba su postura (“asistencia de una manera normalizada a través de programas sociales (...), pero tarjeta sanitaria no”) en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de Cadena Ser este noviembre. La negativa a conceder la tarjeta sanitaria parte de que, según dice el PP, garantizaría “un derecho exportable” del inmigrante a otros países de la UE.
Estas medidas no aparecen en el programa electoral del PP. La formación recoge que “ofrece a los españoles un proyecto de sanidad abierto, moderno, innovador y de futuro” y defiende “la misma sanidad para todos los españoles”, pero ni siquiera menciona su propuesta para los inmigrantes en situación irregular.
Ciudadanos, el partido más excluyente
El programa electoral de Ciudadanos tampoco explica la propuesta de la formación liderada por Albert Rivera. El texto menciona el tema en concreto para decir: “Propondremos un Pacto Europeo para la asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la unión”. Sobre qué sanidad proporcionarían a las personas sin permiso de residencia hasta alcanzar dicho pacto apenas hay rastro. En el capítulo referido a la política migratoria se habla de “garantizar una sanidad básica” para todos los residentes, “especialmente a mujeres, niños y grupos vulnerables”, sin concretar la medida.
Los representantes del partido político han explicado su propuesta cuando los periodistas les han abordado. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, afirmó en una reciente entrevista en Carne Cruda que su partido no cree en “la cobertura absoluta y total en cualquier circunstancia”, como la que defienden para los españoles y los inmigrantes con residencia legal. Ciudadanos propone para los inmigrantes en situación irregular “la que marca la Organización Mundial de la Salud que son niños y mujeres embarazadas, con sanidad total. Y (asistencia también) a las enfermedades graves, de urgencia y las que pongan en riesgo la salud pública”, añadió.
Este modelo –más excluyente que el del Partido Popular a día de hoy (que ha incluido la asistencia en atención primaria)– no aparece en su programa. En el apartado dedicado a la sanidad Ciudadanos incluye, además, algunas frases que pueden llevar a error sobre su propuesta, como “Ciudadanos defiende un sistema sanitario público y universal, solidario, equitativo para todos los ciudadanos, sin diferencias sociales o geográficas” y “la cobertura pública universal es también un importante elemento redistributivo de la renta, que permite lograr una sociedad más justa y cohesionada”.
Los partidos a favor de la universalidad
Los principales partidos políticos, excepto PP y Ciudadanos, firmaron en marzo su compromiso de derogar la ley 16/2012, de exclusión sanitaria en la próxima legislatura. Varias ONG, como Médicos del Mundo, y colectivos ciudadanos (Yo Sí, Sanidad Universal) han denunciado en estos años de reforma sanitaria los casos de exclusión y la situación de vulnerabilidad y riesgo a las que se han enfrentado las personas sin tarjeta. Tres personas, Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán, murieron en esta legislatura en circunstancias que estos colectivos vinculan con la exclusión sanitaria.
En sus programas para los comicios del 20 de diciembre, Podemos, IU-Unidad Popular y PSOE incluyen de manera expresa su promesa. UPyD, aunque no incluye una mención al decreto ley, sí apuesta por alejar “la sanidad de la disputa política y garantizar la viabilidad futura de un sistema sanitario público, de calidad y universal”.
PSOE defiende en su programa un sistema de salud público que sea “público, universal, gratuito en el acceso, equitativo y de calidad, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía”.
Podemos alude en el texto los casos de exclusión y promete el “derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas, también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española, quienes pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal noventa días después de su salida del país”.
IU-Unidad Popular también menciona en concreto este asunto. “Se deben emprender las reformas legislativas necesarias para garantizar un modelo sanitario basado en la cobertura universal”, recoge su programa, “para garantizar que ningún español ni ningún extranjero residente en España queda excluido”.
Otras formaciones de menor tamaño, como Por un Mundo Más Justo, que ha sostenido su oposición a la reforma del PP, propone “concebir el acceso a la educación, al salud, el empleo y la vivienda como un derecho de toda persona residente en España”.
