El Tribunal de Primera Instancia marroquí de Alhucemas (noreste) ha condenado en la noche de este martes a penas de entre 20 años y un año de cárcel a nueve activistas rifeños, según han informado este miércoles a Efe fuentes jurídicas.
Uno de ellos ha sido condenado a 20 años de cárcel acusado de provocar un incendio en una residencia de agentes de seguridad y de cortar la carretera pública. Esta persona fue arrestada tras los hechos sucedidos el pasado 26 de marzo, cuando un grupo de manifestantes volvía de una protesta y al pasar por la residencia de policía de Imzuren, a unos 18 kilómetros al oeste de Alhucemas, la apedrearon y la incendiaron, según relata Efe.
Mientras, cuatro de los encausados han sido condenados a tres años de cárcel, otros tres fueron condenados a dos años y otro recibió un año de prisión. Estos últimos fueron acusados de participar en una manifestación no autorizada, de desobediencia, concentración armada, ultraje a agentes de la seguridad y provocar daños a bienes públicos.
El tribunal ha retrasado el examen del caso de otros 23 activistas para el mes de septiembre. Las protestas de la región del Rif estallaron en octubre de 2016 tras la muerte de un vendedor de pescado aplastado dentro de un camión de basura, lo que llevó desde entonces a la detención de casi 200 activistas.
La Coalición Marroquí de Asociaciones de Derechos Humanos, que incluye a 22 formaciones, denunció el pasado junio una serie de violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía marroquí en el Rif, según recogió la agencia Efe. En un informe, la coalición (que agrupa a organizaciones izquierdistas, islamistas y bereberes) explicó que las fuerzas de seguridad marroquí han empleado una violencia “excesiva” contra las protestas pacíficas y a veces de forma indiscriminada contra simples peatones en las calles de la ciudad.
Asimismo, las ONG denunciaron que la policía ha practicado detenciones “abusivas e indiscriminadas” contra jóvenes que supuestamente habían participado en protestas, fotografiado intervenciones policiales o concedido declaraciones a la prensa sobre las manifestaciones. Varios de los detenidos, según el documento, han sido golpeados y maltratados por la policía tras su detención, y algunos de ellos todavía presentaban huellas de las heridas cuando comparecieron en los tribunales.
Los activistas rifeños exigen, además de la liberación de los detenidos, la construcción de una universidad y un hospital oncológico en la provincia marroquí de Alhucemas, así como puestos de trabajo y la “desmilitarización” de la zona.