“Preséntese a migración”, dice un cartel oxidado y cubierto por frondosas enredaderas que cuelga de la verja situada frente a la oficina de migración y aduanas de Nicaragua. Pero en lugar de cruzar la puerta, un flujo constante de migrantes gira a la izquierda, por un atajo hacia Honduras.
Allí, una flota de mototaxis entra y sale de un descampado, llevando a los recién llegados al centro de Trojes, donde las calles, antes tranquilas, bullen ahora con tantos inmigrantes que la escena es comparable con las habituales en las ciudades fronterizas de México.
Centroamérica ha sido durante mucho tiempo fuente de migrantes. Pero desde 2021, las redes de tráfico han intensificado gradualmente sus operaciones a través de la otrora casi infranqueable selva del Tapón del Darién, a lo largo de la frontera sur de Panamá con Colombia, abriendo un camino hacia el norte que, aunque todavía es traicionero, ha cambiado el cálculo de riesgos para muchas personas que están desesperadas por huir de la pobreza, la persecución y la violencia.
Esto, junto con la eliminación en 2021 de la exigencia de visado a los cubanos para entrar en Nicaragua, ha provocado que una cifra récord de migrantes de Venezuela, Cuba, Ecuador, Haití y otros lugares lejanos emprendan el viaje hacia Estados Unidos. Y a medida que viajan por Centroamérica, van cambiando las dinámicas políticas y económicas de los lugares de tránsito.
En pocos lugares es más evidente este fenómeno que en Trojes, una pequeña comunidad agrícola de Honduras, donde convergen los cubanos que llegan en autobuses directamente desde el aeropuerto de Managua con los migrantes de todo el mundo que han llegado a través del Tapón del Darién.
“Casi todo el mundo se beneficia”
En octubre, las autoridades migratorias registraron más de 30.000 entradas irregulares en Honduras, casi superando el récord anual anterior alcanzado en 2019. Hasta el 16 de noviembre, se habían registrado más de 154.000, y la gran mayoría de esos migrantes pasaron por Trojes.
Sin embargo, esas cifras solo cuentan una parte de la historia. En el año fiscal 2022, la patrulla fronteriza estadounidense registró casi medio millón de “encuentros” [como denomina EEUU a las personas que cruzan la frontera sin papeles y son puestas bajo custodia mientras se resuelve su situación migratoria] con migrantes de Cuba, Venezuela, Ecuador y Haití en la frontera con México, la mayoría de los cuales viajaron a través de parte de Centroamérica.
Para Trojes, ha representado una bonanza económica. Las carteras de los conductores de mototaxis están repletas de billetes verdes, hay carteles pegados en las casas de toda la comunidad que anuncian el alquiler de habitaciones y cuartos de baño o el cambio de divisas, y los vendedores de todo tipo ven prosperar sus negocios.
“Casi todo el mundo se beneficia, es una bendición”, dice Osman Salinas, de 45 años, vendedor ambulante desde los 13, quien, con una amplia sonrisa que se extiende por sus mejillas quemadas por el sol, comenta que este ha sido el mejor año de su vida.
Con tanto dinero al alcance de la mano, no han faltado oportunistas que también han intentado sacar provecho. “En cada pueblo o lugar hay gente buscando cómo duplicar el precio de lo que necesitan los migrantes, porque son migrantes que no volveremos a ver y no tienen cómo denunciar la injusticia que están viviendo”, dice Ana Ramírez, coordinadora de un albergue para migrantes en Esquipulas, Guatemala.
Cerca del parque central de Trojes hay una fila de varios autobuses que cobran a los migrantes nueve dólares por persona –casi el triple de lo que cuestan a los lugareños– para transportarlos a su próxima parada en la cercana Danlí. Una vez allí, los migrantes se dividen en distintos autobuses: para llegar a la capital, Tegucigalpa, había una fila separada para extranjeros con un precio anunciado que duplicaba el cobrado en la cola para hondureños. Sin embargo, los que tienen recursos suficientes optan por un autobús que les lleva hasta la frontera con Guatemala, un servicio que no existía hace solo unos meses pero que ahora pone en circulación hasta nueve autobuses al día con 50 o más pasajeros cada uno.
Contrastes
Para facilitar el paso por Honduras, el Gobierno puso en marcha en agosto una amnistía que exime a los migrantes de tener que pagar unos 230 dólares por persona por un pase de tránsito y les permite viajar por el país durante cinco días sin temor a ser deportados.
Se trata de un claro contraste con la política adoptada por Guatemala, que tomó medidas drásticas cuando la cifra de migrantes alcanzó su punto álgido este otoño, estableciendo puestos de control y deportando a casi 10.000 personas –en su mayoría venezolanas y cubanas– de vuelta a Honduras en poco más de dos meses. Sin embargo, el endurecimiento de las medidas parece haber afectado sobre todo a los migrantes con menos recursos.
“Es un negocio que supuestamente crearon para detener a los migrantes, pero el migrante que paga a la Policía queda libre”, dice Ramírez. The Guardian ha hablado con varios migrantes que habían conseguido llegar a la capital, Ciudad de Guatemala, en el corazón del país. Todos ellos dicen que se habían visto obligados a pagar varias veces a la Policía vesar Guatemala, ya que la mayoría procedían de países vecinos cuyos ciudadanos podían entrar sin visado. Hoy, sin embargo, hay un gran número de migrantes que necesitan esa ayuda. Un migrante haitiano en Trojes, por ejemplo, dice que ya había contratado a un contrabandista para que lo llevara por Guatemala, un viaje que se puede hacer en un día, por 250 dólares.
En el paso fronterizo de Agua Caliente, entre Honduras y Guatemala, las fuerzas de seguridad, ataviadas con material antidisturbios, permanecen preparadas en el lado norte. No muy lejos, sin embargo, se puede ver a personas con walkie-talkies guiando a grupos de migrantes hacia el bosque, presumiblemente para introducirlos por el puesto de control. Los migrantes entrevistados por The Guardian dicen que pagaron hasta 50 dólares por persona por el mismo servicio en las fronteras de toda Centroamérica.
Aunque en la mayoría de los casos los migrantes intentan transitar por los países lo más rápidamente posible, muchos de los que han hablado con The Guardian dicen que buscaron trabajo temporal en Costa Rica para poder ahorrar dinero.
Para exacerbar aún más las tensiones, se da la situación del gran número de migrantes venezolanos cuyo viaje se detuvo tras el anuncio, el 12 de octubre, de que los venezolanos que llegaran a la frontera estadounidense serían devueltos a México en virtud del Título 42, una ley de salud pública invocada durante la pandemia que permite a la patrulla fronteriza estadounidense expulsar inmediatamente a los migrantes de determinados países sin posibilidad de solicitar asilo.
Esta situación ha visibilizado la migración en la región, pero también ha reducido drásticamente el número de nuevas llegadas, y el flujo de venezolanos que pasan por el Tapón del Darién se detuvo casi por completo en noviembre, reduciéndose el número total en un 72% con respecto al mes anterior.
Con el Título 42 a punto de expirar el 21 de diciembre, los venezolanos que están acampados podrían marcharse pronto. Pero podrían seguirles muchos más. Es probable que los traficantes lo utilicen como reclamo, incluso ante personas de países no afectados, una forma de desinformación habitual cada vez que se produce un cambio en la política de inmigración estadounidense.
Si los flujos migratorios a través de Centroamérica aumentan aún más en 2023, las tensiones con las autoridades locales podrían seguir el mismo camino. Sin embargo, muchos de los que se benefician de la nueva economía que ha surgido a lo largo de la ruta apuestan por que los migrantes sigan pasando.
En Trojes, un hombre cubre con cemento las paredes de un par de habitaciones en las que, una vez terminadas, no cabrá mucho más que una litera. “Son para los migrantes”, dice.
Traducción de Emma Reverter.