Un total de 993 personas fueron ejecutadas en 2017 tras ser condenadas a pena de muerte en el mundo, una cifra que supone un descenso del 4% respecto al año anterior (1.032 ejecuciones) y del 39% en comparación con 2015, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre esta condena publicado este jueves.
Así, la ONG documenta un nuevo descenso en la aplicación mundial de la pena de muerte a lo largo del pasado año. De acuerdos con sus datos, en 2017 se registraron menos condenas a pena capital respecto al año anterior. 2.591 personas fueron sentenciadas a muerte en 53 países, frente a la cifra récord registrada en 2016: 3.117 condenas a muerte.
La organización celebra el descenso global de muertes y condenas, pero señala que hay que “seguir trabajando” y recuerda que China continúa siendo el “lado amargo del progreso”, ya que las cifras correspondientes a las miles de ejecuciones consumadas en 2017 están clasificadas como secreto de Estado. “China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país”, sostiene el informe.
África Subsahariana, un “faro de esperanza”
Por el contrario, la ONG ha subrayado los “grandes pasos” de África Subsahariana en la lucha mundial por abolir la pena de muerte, que están detrás de la “tendencia positiva” observada en este año. En toda la región, indica, se ha producido un “considerable descenso” de condenas a muerte. Además, Guinea se ha convertido en el 20º Estado de la zona en abolir la pena capital para todos los delitos y Kenia ha eliminado esta condena en el caso de asesinato.
En Burkina Faso y Chad, también ha habido avances para su abolición en forma de nuevas leyes y proyectos de ley. Además, Gambia firmó un tratado internacional por el que se comprometió a no llevar a cabo ejecuciones y a adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte de su legislación.
En total, según la ONG, el número de países del África subsahariana que consuman ejecuciones ha disminuido de cinco en 2016 a dos en 2017: Somalia y Sudán del Sur.
“Los avances en el África subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición. El liderazgo de los países de esta región permite concebir de nuevo la esperanza de que la abolición de la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se encuentre a nuestro alcance”, sostiene Salil Shetty, secretario general de AI.
Así, a juicio de la organización, uno de los mayores logros de 2017 es que que la pena de muerte sea historia en Guinea y también en Mongolia, que la ha abolido para todos los delitos. Con estos dos Estados, el número total de países abolicionistas asciende a 106.
23 países siguen llevando a cabo ejecuciones
Excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones tuvieron lugar en Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán, mientras que el 16% restante se contabilizó en los otros 19 países en los que AI tiene constancia de la puesta en práctica de esta condena durante los últimos doce meses.
Es decir, un total de 23 países ejecutaron a personas como castigo en 2017, un número que permaneció inalterado respecto al año anterior, aunque Bahréin, Emiratos Árabes, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones tras un periodo de interrupción.
Las muertes como castigo experimentaron un descenso notable en Bielorrusia (un 50% menos que el año anterior), Pakistán (-31%), Egipto (-20%), Irán (-11%) y Arabia Saudí (-5%), según el documento. “Se han dado incluso pasos importantes para reducir el empleo de la pena de muerte en países que son firmes defensores de ella”, esgrime la ONG. Por contra, aumentaron en Somalia, de 14 a 24, en Singapur, de 4 a 8 y en Palestina, de 3 en 2016 a 6 en 2017.
Estados Unidos fue, por noveno año consecutivo, el único país del continente americano que llevó a cabo ejecuciones (23) y condenas a muerte (41). Unas cifras ligeramente superiores a las de 2016, pero que, según AI, siguen estando dentro de las “tendencias históricamente bajas de los últimos años”.
La ONG ha apuntado que, pese a los avances, “sigue siendo preocupante” que algunos países recurran a la pena de muerte para los delitos de drogas. El informe alerta de que 15 países condenaron o ejecutaron por este tipo de delitos en 2017, “contraviniendo así el derecho internacional”. Sin embargo, la ONG recalca las medidas adoptadas por Estados como Irán y Malasia para reformar la legislación antidroga. “Estas reformas se traducirán, probablemente, en un descenso en el número de condenas a muerte impuestas en ambos países en el futuro”, vaticina.
“En 2017 se dieron pasos en la buena dirección, cuyo impacto total comprobaremos a lo largo de los próximos meses y años. Sin embargo, ahora que algunos países han dado —o amenazan con dar— marcha atrás, la campaña contra la pena capital sigue siendo tan esencial como siempre”, sentencia la organización.