La pesadilla de homologar títulos universitarios extranjeros: “Estamos pidiendo que se cumpla la ley”

María Theoktisto tiene 35 años y desde hace poco trabaja como auxiliar administrativa. Cuenta que acude a terapia y toma medicamentos para lidiar con la depresión y la ansiedad que padece mientras espera la homologación del título profesional que le permita ejercer como psicóloga en España. Es de Panamá y llegó a Madrid en el 2016 tras obtener una beca del Ministerio de Educación de su país para cursar un máster en la Universidad Complutense.

El trámite lo inició en marzo de 2019 y, desde ese momento, vive en la incertidumbre. Como María, miles de profesionales extranjeros están a la espera de las resoluciones que les permitan ejercer como médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeros, ingenieros, entre otros. Este viernes, decenas de ellos se concentraron frente al Ministerio de Universidades para denunciar los retrasos en la resolución de las homologaciones. Aunque el real decreto vigente establece un plazo máximo de nueve meses —seis para resolver y notificar la resolución del procedimiento desde el registro de la solicitud y tres para la emisión de un informe técnico—, la falta de personal y las deficiencias en el sistema informático impiden que los plazos se cumplan. A esto se suma que el proceso de homologación presenta diferentes trabas y exigencias en función de cada carrera universitaria.

El trabajo administrativo de María le ha devuelto “la dignidad” que sentía perdida al no encontrar un empleo en este país, cuenta, aunque tiene esperanza de volver a ejercer su profesión. “Tengo un duelo muy grande porque no estoy haciendo lo que a mí me gusta. Colaboro con una fundación aquí y hago talleres de arteterapia una vez por semana, de alguna manera no me he desconectado totalmente, aunque no tengo esa mirada que me acompaña para discutir los casos”, señala en conversación con elDiario.es.

Para Jersey Ferrera, una médica dominicana de 30 años, la situación no es diferente. Inició el proceso de homologación de su título en el 2020 con la intención de estudiar la formación del Médico Interno Residente (MIR) en España. Sin embargo, los retrasos no le han permitido realizar el examen hasta el momento.

En su caso, 22 meses después de entregar su documentación, en junio de este año, le pidieron una carta que certifique que sus documentos son originales, pese a estar legalizados. “Me pidieron de requisito la carta de veracidad, que dice que nosotros afirmamos que nuestros documentos no son falsos cuando cada uno está legalizado, apostillado y compulsado por la embajada española en República Dominicana”, cuestiona.

El estrés, el agobio y el desánimo se han vuelto parte de su día a día ante las dificultades para estudiar su especialización médica. A esto se suman las barreras para conseguir un empleo por la falta del título y la ausencia de respuestas de parte del Ministerio liderado por Joan Subirats. “El Ministerio no nos da ninguna respuesta. Tienen varios correos electrónicos que te responden con un copia y pega. 'Debe mantenerse atento', eso es lo que dicen o que no te pueden dar información”, asegura.

El despacho HT abogados, especialistas en la homologación de títulos extranjeros, considera que el sistema “nunca ha estado tan mal” como ahora, por ello, resumen los problemas en cuatro aristas: poco personal, un sistema informático en malas condiciones, mala organización y “oscurantismo” porque “no reciben” a los afectados ni se comunican con ellos.

“El sistema está hecho de tal manera que si el ciudadano tiene dudas no tiene un teléfono para llamar porque nadie le atiende. Puede enviar un email y nadie responde o te envían una especie de cuestionario farragoso que no te da información en absoluto. Hay oscurantismo. La gente se siente totalmente desamparada”, sostienen.

Las pruebas

Los profesionales de odontología no se libran de las complicaciones. Camila Rodríguez es una odontóloga argentina que presentó su expediente hace cuatro años. Tras este periodo, recibió una primera resolución en la que le exigían aprobar seis asignaturas pendientes. Se presentó al examen de homologación en octubre de 2021. “Acepté esta resolución porque no soy la persona que soy hoy y no estaba tan informada”, dice.

La evaluación, que fue igual para toda España, tuvo una duración de 35 minutos y no contó con bibliografía, según destaca. “Este examen obtuvo un 95% de suspensos. No se nos dio derecho a corrección. Teníamos 15 días para reclamar si una pregunta estaba mal formulada, pero no teníamos cómo acordarnos de las preguntas. Si a uno no le dan el examen, no puede anular nada”.

Desde HT abogados explican que en el caso de odontología, las homologaciones están condicionadas a “una serie de exámenes”. “Las personas tienen un plazo legal de seis años para superar la prueba, pero las facultades se niegan hasta a examinarles. El argumento es claro: evitar la competencia al odontólogo español”.

“Pedimos que se cumpla la Ley”

Camila ha tenido mejor suerte y trabaja como asistente dental en Barcelona. Ya no son cuatro, son seis años desde que está a la espera de su resolución final. “Siento que hay una malicia muy grande. Nosotros no estamos pidiendo ningún milagro, estamos pidiendo que se cumpla la Ley”, enfatiza.

“Un proceso a ciegas”. Así lo considera el psicólogo argentino y representante del Movimiento de Psicólogos Migrantes José María Casas, quien resalta la necesidad de que sea “justo” y que “se cumpla la ley”, que estipula un máximo de nueve meses. Además, denuncia el trato recibido por parte de algunos funcionarios. “Te dicen que tus títulos no valen, que para qué vas a pedir la homologación si no te va a salir. La gente cuando viene nos cuenta y hay que estar ahí, poner el cuerpo, escucharla, contenerla”.

María (nombre ficticio) es española y tiene el mismo problema. La joven, que prefiere no desvelar su identidad, siente que ha sido “penalizada por haber migrado”. Lleva tres años intentando homologar su título en Psicología después de estudiar en The Open University, en Reino Unido. “La sensación es que penalizan la movilidad y algo que debería ser un valor, el vivir en diferentes países, el añadir perspectivas, todo lo que debería verse como algo enriquecedor, es como que te penalizan por haber salido de España y osar volver”, resalta. Para ella, las demoras en el proceso de homologación le hace cuestionarse sobre “qué intereses hay detrás”.

En octubre de 2021, durante la gestión de Manuel Castells, se presentó el borrador de un real decreto en el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación y equivalencias de títulos y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros. El objetivo es limitar a un plazo máximo de seis meses este proceso. Sin embargo, deja fuera los expedientes actualmente en tramitación por haberse realizado bajo otra normativa. Un año después de este anuncio, el borrador se encuentra en el Consejo de Estado para su dictamen.

Desde el Ministerio de Universidades reconocen los problemas existentes en este procedimiento. Según defienden, trabajan en varios frentes para reducir la demora en el proceso, entre ellos, en la digitalización de la recepción de expedientes y su tramitación; en un plan de choque para aumentar los efectivos asignados a la apertura y tramitación de expedientes dentro de la subdirección correspondiente y en la aprobación del real decreto que simplifica el procedimiento administrativo.

Pese al convenio que existe entre España y países de América Latina como Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú para el reconocimiento de los títulos profesionales y grados académicos, las demoras siguen perjudicando a profesionales que viven en este país. La falta de respuestas, la pérdida de documentación, el pago doble de las tasas y la inexistencia de notificaciones electrónicas son solo algunos de los problemas que resaltan los afectados, que piden acabar con las trabas burocráticas para tener la posibilidad de trabajar en la profesión para la que están formados.