“Queremos una reparación justa e integral”: esta es la frase que más repite Zenón Gallegos, pescador de 58 años de Chancay (Perú), uno de los departamentos afectados por el vertido de más de diez mil barriles de crudo al océano Pacífico en una operación de carga y descarga de un buque en la refinería La Pampilla, propiedad de Repsol, que responsabilizó al tsunami de Tonga del derrame –la filtración comenzó tras la erupción del volcán de Tonga–.
La tragedia ocurrió hace más de un año, el 15 de enero de 2022, y está en los tribunales peruanos. Aquel día, un buque que descargaba petróleo en la zona multiboyas de la refinería de Repsol se movió 50 metros, se rompieron las amarras y arrancó de cuajo toda la instalación submarina, a raíz de lo cual se produjo un derrame, en circunstancias de grandes corrientes después de la erupción del volcán en Tonga.
Catorce meses después, el Gobierno aún no ha emitido informe oficial alguno en el que se dirima la afectación total y, por tanto, las responsabilidades, ya sean de las autoridades públicas, la empresa o el armador italiano del buque Mare Doricum, cuyo capitán, Giacomo Pisani, ya no está en el país.
La multinacional española ha asegurado a elDiario.es, sin embargo, que implementó el plan de contingencia y se hizo responsable de las actividades de limpieza. Repsol también afirma que ha destinado 300 millones en limpieza y compensaciones, y recuerda que hay varios procesos judiciales aún abiertos, en los que también pueden dirimirse responsabilidades del armador y de las autoridades, que tampoco avisaron del, según Repsol, “súbito y extraordinario” oleaje que se avecinaba.
Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay son los puertos que más han sufrido el impacto del combustible en sus aguas. Los cuatro quedan cerca de la capital del país, Lima. El más lejano está a tan solo 74 kilómetros, pero el Gobierno parece seguir atascado en una maraña de sanciones administrativas que no se evalúan ni fiscalizan.
La batalla legal no ha concluido y, mientras, el nuevo Gobierno surgido tras el autogolpe y destitución de Pedro Castillo tiene paralizada la gestión política de un desastre ecológico, medioambiental y económico que ha impactado en el día a día de 51.000 personas entre pescadores, comercio y turismo y sus familias. Muchos no han vuelto a trabajar en aquellas costas desde aquel fatídico jueves de enero del pasado año.
“Son 80 kilómetros de litoral y más de 15.000 hectáreas afectadas”, cuenta Zenón. Además de los efectos socioeconómicos, el desastre en 48 playas y dos áreas naturales ha alcanzado a más de 900 especies animales, algunas en peligro de extinción como la nutria marina o el pingüino de Humboldt.
Al lado de Zenón, Luis Antonio Díaz, pescador artesanal de Aucallama, explica cómo el ejército “solo estuvo la primera semana y se retiraron porque no había fondos”. Este graduado en Gastronomía de 24 años se indigna ante el argumento de que hay zonas inaccesibles para las tareas de limpieza. “Si no se pudiera, nosotros no bajaríamos, es ahí donde pescamos ¿Cómo es posible que una empresa con capacidad, tecnología e inversión no pueda?”.
Ambos representan a 19 asociaciones de trabajadoras y trabajadores del mar que suman unos mil afectados y concuerdan en que el Gobierno no está haciendo mucho por ellos, pero dirigen sus acusaciones principales hacia la petrolera. Por eso han venido a España, ayudados por la asociación española Entrepueblos y la entidad peruana CooperAcción, que protege y promociona los derechos humanos y medioambientales. Participan en la gira Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), que les están ayudando a mantener encuentros con varios representantes políticos del Congreso de los Diputados (ERC, EH Bildu, Unidas Podemos) y reuniones con equipos técnicos de los ministerios de Exteriores, Industria y Derechos Sociales. Desde el 14 de febrero hasta el 3 de marzo, han recorrido con una agenda repleta de encuentros y acciones Catalunya, València, Madrid, Euskadi y Galicia.
Quieren que se garanticen sus derechos fundamentales y, además, esperan que tras su visita y su ronda de reuniones, “el Estado español deje de pronunciarse a través de informes de Repsol. ¿Por qué no usan la información del Perú que dice que aún hay impacto medioambiental?”.
El Gobierno peruano, a través de su ministra de Medio Ambiente, Albina Ruiz, avisó de que “solo el Estado es el único que puede anunciar, a través de estudios, que todas las playas afectadas por el derrame de petróleo están libres de hidrocarburos”, y anunció nuevas monitorizaciones en 97 puntos tras encontrar en diez zonas inspeccionadas el pasado enero restos de petróleo. Desde España, Repsol afirma que “el mar y el fondo marino están limpios y la mayor parte de las playas en la zona están aptas para ser reabiertas y reactivar la actividad y que en ”el resto“ –los 97 puntos identificados por Perú–, ”Repsol está trabajando para ejecutar planes adicionales de rehabilitación en el menor tiempo posible“.
Fanny Maribel Tamayo navega las costas mostrando los restos de petróleo que les impide salir a pescar
Desde Chancay, a más de 11 horas de vuelo y al teléfono, la armadora y pescadora Fanny Maribel Tamayo cuenta que aún hay crudo en el agua: “Cuando mueve el agua es horrible, sale como marrón en la orilla, se ve el petróleo que todavía levanta”. Explica cómo solía trabajar: “Yo bajaba a las tres o cuatro de la madrugada, cuando volvían los pescadores. Nos repartíamos todo para vender y traer comida a la casa. Yo soy armadora, eso significa que soy la propietaria de la chalana (barca a remo o motor) con la que salen los trabajadores. Entonces sonreíamos, ahora nos miramos las caras y se nos cae la lágrima, porque no hay nada en la orilla”.
Hoy sobrevive lavando ropa que le encargan y lo que surja. “Voy a apañar fresa, ají, tomate… lo que sea”. Es viuda con dos hijos a su cargo. Cuando se le pregunta por ayudas del Gobierno, se lamenta: “El señor Castillo (en referencia al expresidente) vino acá a Chancay y dijo que nos iban a dar mil soles (unos 250 euros, siendo el sueldo medio del país unos 400 al mes), pero no nos dieron nada. Sí hemos recibido apoyo de otras identidades: arroz, aceite, pan. Dina Boluarte [quien asumió el poder en enero de este año] nos mandó solo frijoles. Sí lo recibimos para no quedar mal, pero no es suficiente”.
Durante meses las mujeres trabajadoras del mar, también las esposas de los pescadores y el resto de la comunidad, se han organizado en lo que han llamado olla común de forma reivindicativa, pero también de subsistencia ante la falta de recursos. Zahída Vanessa Salazar, compañera armadora del mismo distrito, cuenta: “Íbamos a los mercados a pedir que nos regalasen víveres y así cocinar y poder alimentarnos. Nunca pensé que llegaríamos a este extremo”.
Alejandro Chirinos, sociólogo y director de CooperAcción –entidad peruana que acompaña en la gira española a los dos representantes de los pescadores– insiste en que “son distritos con altos niveles de pobreza y estrechamente relacionados con el mar. Del 100% que pescan, el 60% lo venden; el 25% lo reservan para consumo familiar, y el 15% lo reparten en comunidad”. El sociólogo responsable de la entidad explica que estas comunidades tienen profundas raíces históricas. “Aquí está el origen de la civilización Caral, una de las más antiguas del planeta, previa a las andinas. Llevan miles de años subsistiendo a través de su relación con el mar y el pescado y Repsol les ha expulsado de su zona histórica de trabajo”.
En todo el año no ha habido planes públicos de capacitación o reconversión en las zonas, ni ayudas públicas más allá de algunos envíos de alimentación de emergencia las primeras semanas, denuncian. En la actualidad, dos organismos públicos peruanos tienen abiertas hasta 13 causas administrativas contra Repsol relacionadas con falsedad o retraso en la documentación aportada, incumplimientos en identificaciones y limpieza de zonas, e interferencias en la actuación fiscal.
La empresa está cerrando con las familias acuerdos de compensación. De momento, lleva cerrados 8.700 (un 85% del total de los afectados censados). La cuantía depende del tipo de actividad del afectado.
Los acuerdos están siendo previos al informe final, que está por llegar –y las sentencias judiciales–, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, el Osinegrim, y que se esperaba estuviera terminado hace meses. Este texto del organismo determinará responsabilidades, y calculará el coste de daños económicos, sociales y ambientales, independientemente de lo que terminen dirimiendo los tribunales peruanos. “Será la base para plantear demandas penales por daños y perjuicios”, añade el sociólogo.
Desde su domicilio, Zahída Vanesa envía un mensaje que atraviesa otro océano, el Atlántico: “Necesitamos el apoyo de ustedes, de España, para poder ser escuchados. Queremos nuestro mar limpio sin petróleo, queremos trabajar. Estamos reclamando lo que creemos justo, Repsol nos ha dañado nuestro único lugar de trabajo”.