Mamadou Moustapha Ngom recuerda el día en que llegó su compañero de piso y le contó que le habían identificado... otra vez. Vivían en el barrio bilbaíno de San Francisco, donde asegura que este tipo de controles policiales basados en características físicas o étnicas eran frecuentes. Pero su compañero no había sido el único. “Esa mañana me habían parado también, pero es que en la noche vino otro compañero y me dijo que a él también le habían parado”, resume este trabajador social. “El impacto es un sentimiento de mucha inseguridad y desprotección, pero también a la hora de salir te afecta, piensas que lo mejor es quedarte en casa”.
El de Mamadou es uno de los casos recopilados en un nuevo informe elaborado Rights International Spain (RIS) junto con la fundación Open Society. A través de historias y experiencias personales de quienes sufren paradas policiales por su apariencia en su vida diaria, el documento trata de describir el impacto humano que tienen estas prácticas policiales, “habituales” en todo el territorio español.
A pesar de que no existen estadísticas nacionales sobre estas identificaciones que incluyan información sobre la etnia, los autores sostienen que los datos aportados por algunos servicios de policía municipal y la investigación académica “demuestran sistemáticamente que la policía para y registra de manera desproporcionada a los grupos minoritarios”.
Según una encuesta publicada por la Universidad de Valencia en 2013, las personas blancas que habían vivido un control policial durante los dos años anteriores representaban un 6% frente al 22% de latinoamericanas, el 39% de las personas negras, al 45% de las árabes y el 65% de las gitanas. Resultados similares halló, en un estudio de 2008, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA).
El informe se centra en las consecuencias que tiene el uso de lo que se denomina 'perfiles étnicos' en quienes encajan con esos perfiles. La principal: verse inmerso en este tipo de controles tiene “un impacto profundo en el sentido de pertenencia” de los individuos. “Los controles crean la sensación de que 'da igual lo que hagas, nunca formarás parte de la sociedad”, sostiene el estudio. “Lanza el mensaje inequívoco de que no forman parte de la norma, son peligrosas y se les debe controlar”.
En esta línea se expresa, por ejemplo, Alfonso Amaya, integrador social de Badalona. “Hubo un momento en el que a mí esto no me afectaba debido a la normalización, pues solo veía un prisma, que era el de 'es normal, soy gitano y por eso me paran”.
Los autores hacen énfasis en cómo estas prácticas contribuyen a disminuir la confianza en la Policía –lo que provoca que sea “menos probable que la llame si tiene problemas y menos probable que coopere con la policía, ya sea como víctima, ya sea como testigo de un delito”–, así como en el impacto emocional que tienen en quienes las sufren: la vergüenza, la humillación, la impotencia o la inseguridad.
En España, la Policía suele parar a estas personas en el espacio público, delante de otros transeúntes. Con frecuencia lo hacen en grandes estaciones de metro o autobús, a horas en las que hay mucho ajetreo, con muchos pasajeros yendo de aquí a allá. “La gente que mira suele dar por hecho que hay algún motivo para el control policial, que la persona a la que se ha parado ha hecho algo malo o es un delincuente”, recuerdan. A menudo, estos controles no consisten solo en la identificación, sino que continúan con un cacheo. “La policía suele pedir a las personas que vacíen los bolsillos o les cachean, todo ello a la vista de todos. Es una práctica profundamente embarazosa y humillante”, recalcan.
A Malick Gueye lo han identificado varias veces, pero la que más le marcó fue el día en el que lo pararon cuando iba a trabajar a las 7:00 horas de la mañana. “Subí en la estación de metro de Tribunal, con todo el mundo subiendo por las escaleras, corrieron cuatro policías secretas a por mí y me agarraron. Me dijeron que estaban buscando un chico negro. Me tuvieron más de 30 minutos porque estaban buscando un chico negro”, relata. “Esto al final te acaba afectando, cambian tu forma de ver el mundo, en una estación de metro en la mañana todo el mundo yendo a trabajar, cientos de personas, y te paran solo a ti, te paran porque eres negro”.
Lo mismo asegura Esther Mamadou, experta en derechos humanos y migración forzada de Valencia, quien subraya los sentimientos de “indefensión” que crean este tipo de situaciones, además de la frecuente falta de apoyo de quienes lo presencian. “El resto de la gente se para a mirar, y te sientes totalmente sola. Tienes la certeza de que nadie intervendrá si pasa algo. Sientes inseguridad e impunidad. Mucho miedo: al mismo tiempo que te defiendes y ejerces tu derecho a preguntar y pides al agente que se identifique, eres consciente de cómo podría acabar la parada”.
Desde Rights International Spain y la fundación Open Society apuntan a los efectos más prácticos, por ejemplo en el comportamiento, ya que la gente vive “en un estado de alerta constante” cada vez que sale de casa. “Muchas personas relatan cambios habituales de su conducta y de su vestimenta para evitar que les paren: dejar de frecuentar determinadas zonas o cambiar el modo de vestir, con la esperanza de que si no llevan capucha o chándal no atraerán la atención de la Policía”, indican.
También señalan el miedo a “la violencia o amenazas” por parte de los agentes. “Si los individuos se quejan a la policía del trato que están recibiendo o se niegan a cooperar, se arriesgan a tener represalias”. El informe recalca, asimismo, la posibilidad de que se generen “daños colaterales en la salud, como tensión arterial más alta, niveles más elevados de estrés y problemas de salud mental”.
Para Delia Servin, trabajadora del hogar en Madrid, ser identificada significó empezar a evitar determinados espacios, como el metro o el bus, ya que si volvían a pararla, podían expulsarla de España. “Te afecta a la hora de transitar el espacio público, cuando uno está con ese miedo, te cohíbe de salir a caminar. Y además me afectó en mi regularización, porque me dejó penales y hasta cuatro años después no pude solicitar regularizarme”. Ngoy Ngoma, estudiante y técnico de ayuda humanitaria de Valencia, habla de 'shock'. “Al salir a la calle, pienso si voy a volver igual que como he salido, entero emocionalmente, sin shocks por haber vivido identificaciones. También el hecho de evitar pasar por ciertos espacios: aquí, en Valencia, la parada de autobús grande ya no la transito, prefiero pasar por la zona del río, aunque eso suponga mancharme las zapatillas”.
“Es una realidad incuestionable, hay una forma de proceder por parte de los cuerpos policiales del Estado que se basa en la identificación injustificada y desproporcionada de la población no blanca y, en consecuencia, todo un procedimiento de actuación que contribuye a la criminalización racial, la estigmatización y en definitiva, el control de la otra parte de la población que ha demostrando siempre su inocencia”, asegura Youssef M. Ouled, técnico de RIS encargado de las entrevistas del informe. “Esto no solo repercute en la salud física y mental, sino también en la cotidianeidad, algo tan básico como ir a comprar el pan se convierte en un riesgo que puede tener un desenlace desagradable”, zanja.
Un agente: “Nos instruyeron en tener cuidado con ellas”
Las entidades cuestionan estas paradas policiales no solo por considerarlas discriminatorias y por sus consecuencias, también por la eficacia a la hora de detectar posibles infractores. Ponen como ejemplo los datos recabados por la policía en Fuenlabrada en 2007, que incluían la nacionalidad y el número de controles que acabaron en detención o multa. “Descubrieron que las personas de origen marroquí tenían 6,3 más posibilidades de sufrir un control que un español blanco, pero la tasa de acierto en el caso de los españoles era del 17%, mientras que en el caso de los marroquíes era solo del 7%”.
En este sentido, denuncian la persistencia de los estereotipos entre los policías y cómo es frecuente que muchos no cuenten con programas ni con formación sobre prácticas no discriminatorias. El informe recoge la visión de David Garfella Gil, inspector de Policía en Valencia. “Soy agente de policía desde hace 25 años, a mí nunca se me ha instruido en que todas las personas son iguales, sino que hay determinados tipos de personas que cometen determinados hechos delictivos y que teníamos que tener cuidado con esas personas, centrarnos mucho en determinadas personas, bien por su cultura, etnia, raza, origen”, sostiene.
“En ocasiones se dan identificaciones donde ni van a ocurrir ni ocurren delitos para que la población mayoritaria se sienta segura, para que se vea que determinadas personas que ellos mismos han estereotipado, se les para, se les controla, se les pide la documentación y de esta forma parece que la policía está trabajando”, prosigue Garfella, quien incide en cómo la imagen de la Policía se ve deteriorada entre las comunidades racializadas. “Es muy complicado defender sus derechos y libertades, no somos su policía sino la de una población mayoritaria”.
Entre las recomendaciones, piden “prohibir explícitamente por ley el uso de perfiles étnicos”, estableciendo “límites claros a los poderes policiales de parar y registrar a las personas, incluyendo particularmente criterios claros y estrictos de sospecha razonable y brindando a los agentes directrices prácticas y formación sobre cómo
aplicar todo ello en su trabajo cotidiano“.
En España, el caso de Rosalind Williams, que sufrió un control racista en 1992 tras bajar de un tren en Zaragoza fue un hito para quienes luchan contra estas prácticas. En 2001, el Tribunal Constitucional sostuvo que era razonable parar
a una persona en virtud de determinadas características físicas o étnicas a la hora de hacer un control de Extranjería porque este hecho era “razonablemente indiciario del origen no nacional”. Tras denunciar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2009, este dio la razón a Williams: estas prácticas eran discriminatorias.
Otro caso simbólico es el de Zeshan Muhammad, el joven pakistaní lleva seis años luchando en los tribunales por una sentencia que empuje al Gobierno de España a acabar con las identificaciones racistas, y ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (TEDH).
Por otro lado, Rights International Spain y Open Society concluyen que una forma de avanzar a la hora de supervisar y atajar estas prácticas es apoyarse en datos “empíricos objetivos”, por ejemplo, introduciendo formularios de identificación -que incluyan tanto los datos étnicos como la nacionalidad- para documentar los posibles sesgos en las fuerzas policiales, y la publicación de estadísticas desagregadas. En este sentido, destacan algunas buenas prácticas en los servicios de policía municipales, como el de Fuenlabrada, que consiguió “reducir la desproporcionalidad en dos tercios” con este tipo de formularios o un proyecto piloto iniciado en 2018 por el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Ciudad Lineal.