En la memoria de la historia reciente de la inmigración en Italia las imágenes de los albaneses que llegaron a principio de marzo de 1991 en barcazas y buques mercantiles a las costas de Apulia siguen siendo un hito. En pocas horas, el 7 de marzo de aquel año miles de personas desembarcaron en el puerto de Brindisi, cogiendo a la ciudad y al país entero por sorpresa. Más de treinta años después, el primer ministro de Albania, Edi Rama, se refirió el lunes a aquel éxodo masivo para justificar el acuerdo que acababa de firmar con la primera ministra italiana Giorgia Meloni para la construcción en territorio albanés de dos centros de identificación y expulsión de migrantes rescatados en el Mediterráneo por las autoridades italianas.
“No creo que durante los años que podemos prever aquí podamos pagar la deuda a Italia, al pueblo italiano, a las instituciones italianas, por lo que hicieron por nosotros desde el primer día que llegamos a las costas para refugiarnos del infierno, para poder imaginar una vida mejor. Esta deuda no se puede pagar. Si Italia llama, Albania está ahí”, dijo Rama en una comparecencia conjunta en Roma junto a Meloni.
Sin embargo, precisamente la memoria de lo que ocurrió en los noventa hace que Sara Prestianni, experta en migraciones y directora de incidencia de la organización para los derechos humanos EuroMed Rights, defina el acuerdo como “una paradoja histórica”. “En aquella época Italia les acogió, no pidió a un tercer país que subcontratara la acogida de los solicitantes de asilo. Nos encontramos ante una paradoja histórica: Albania quiere dar las gracias a Italia por lo que hizo, con todas sus limitaciones. Mientras que hoy Albania ayuda a Italia a no acoger a estas personas. Una contradicción histórica”, dice Prestianni, quien cree que el protocolo puede sentar un “precedente peligroso” en la UE.
¿En qué consiste el acuerdo?
Uno de los problemas del acuerdo anunciado el lunes (y que se fraguó en agosto cuando Meloni viajó por sorpresa a Albania, donde pasó parte de sus vacaciones) es precisamente la forma en la que se ha dado a conocer. “El anuncio de un acuerdo con Albania se hizo como de costumbre en una conferencia de prensa sin que se presentara el texto. Algo que es contrario a la Constitución italiana, que estipula que para cualquier acuerdo de carácter diplomático internacional debe publicarse su contenido”, subraya Prestianni.
En la comparecencia conjunta con Rama, la primera ministra italiana presentó el “protocolo de entendimiento” y esbozó las que serían las líneas generales del plan del que no se conocen más detalle. “El acuerdo consiste en que Albania cederá a Italia la posibilidad de utilizar algunas zonas del territorio albanés en las que Italia podrá construir, a sus expensas y bajo su jurisdicción, dos instalaciones en las que instalar centros para la gestión de inmigrantes irregulares. Estas instalaciones podrán acoger inicialmente hasta 3.000 personas, que permanecerán en estos centros el tiempo necesario para poder concluir rápidamente los procedimientos de tramitación de las solicitudes de asilo y, eventualmente, de repatriación”, dijo Meloni.
Los dos centros, que tendrían que ser operativos a partir de la próxima primavera y que costeará integralmente Italia, tendrán conjuntamente una capacidad de hasta 3.000 plazas. El Gobierno italiano calcula que podrán gestionar anualmente un flujo de unos 36.000 migrantes. Uno se abrirá en el puerto de Shengjin, 70 kilómetros al norte de Tirana, y servirá como centro de identificación y primera acogida para los solicitantes de asilo. Otro se construirá en la zona de Gjader, en el noroeste de Albania, y será un centro para las repatriaciones.
A última hora de la tarde del martes el texto íntegro del protocolo que se desconocía hasta ese momento fue publicado en albanés por el sitio Gogo.al. Sólo después la presidencia del Gobierno de Italia envió una copia a los periodistas. En el texto de nueve páginas se lee que el acuerdo se mantendrá durante cinco años mientras deja abiertas las preguntas sobre cómo se aplicará en la práctica la jurisdicción italiana. En uno de los artículo se explica que el derecho de defensa se garantiza permitiendo el acceso a las instalaciones de abogados y auxiliares, organizaciones internacionales y agencias de la UE que proporcionan asesoramiento y asistencia a los solicitantes de protección internacional, dentro de los límites de la legislación italiana, europea y albanesa.
Los centros serán cerrados, es decir que los migrantes no podrán salir libremente de las estructuras a la espera de la resolución de la petición de asilo. En caso de salida no autorizada, serán las autoridades albaneses las que se encargarán de devolverlos a los centros.
¿A quién se aplicará?
El acuerdo no se aplicará, según dijo Meloni, a los menores, a las mujeres embarazadas y “otros casos vulnerables”. Tampoco se aplicará a todos los migrantes que desembarcan en las costas sino solo a los que son rescatados por las autoridades italianas (Marina y Guardia di Finanza, la policía aduanera), por lo que quedan fuera también los migrantes rescatados por las ONG.
Una de las incógnitas es cómo se realizará lo que en la práctica acaba siendo un “desembarco selectivo”, algo que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ya planteó en en el pasado ante el repunte de las llegadas a las costas italianas. A las personas que serán deportadas a Albania se aplicaría el procedimiento acelerado previsto en un reciente decreto interministerial aprobado por el Gobierno italiano, que fija en 28 días la duración máxima de la detención de un solicitante de asilo en los centros encargados, los llamados “Centros de Procedimientos Acelerados en Frontera”.
¿Qué problemas jurídicos supone?
“Italia subcontrata el procedimiento de asilo. Y surgen varias preguntas. ¿Qué pasa con los que obtienen el estatuto de refugiado o la protección internacional? ¿Qué ocurre con aquellos que ven su petición de asilo rechazada, ya que sabemos que muchos en la actualidad no son deportados porque no hay acuerdos de readmisión con los países de origen. Una primera observación general apunta a que se trata de un acuerdo con muchas ambigüedades, que abre escenarios de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales. Es evidente que se viola el principio de asilo porque se externaliza de facto el asilo a un tercer país”, asegura Prestianni. “Se ha roto un tabú y el riesgo es que siente un precedente de un modelo peligroso”, añade.
Para Médicos sin Fronteras, el acuerdo “supone un nuevo ataque contra el derecho de asilo” y “va un paso más allá de los acuerdos de externalización de fronteras que el Gobierno italiano o las instituciones europeas han firmado en los últimos años con Turquía, Libia y Túnez”.
“El objetivo ya no es sólo desalentar las salidas, sino impedir activamente que las personas que huyen y las rescatadas en el mar accedan de forma segura y rápida a territorio europeo, eludiendo así las obligaciones de protección y salvamento consagradas en el derecho internacional y en los convenios europeos —se lee en un comunicado difundido el martes por la ONG—. La denegación de acceso a suelo italiano, la tramitación extraterritorial de las solicitudes de asilo, la aplicación de procedimientos fronterizos acelerados y la detención de personas en un tercer país representan un nuevo ataque al derecho de asilo”.
La organización Sos Mediterranée también se ha sumado a las críticas y denunció este martes que Meloni está “emulando el modelo de Reino Unido en Ruanda” y que el protocolo busca “evadir las responsabilidades” de Italia en materia de asilo. Desde que al acuerdo fue anunciado el lunes, muchas han sido las referencias a Reino Unido, que aprobó el año pasado el envío de solicitantes de asilo a Ruanda. El plan sigue parado por la justicia.
La Comisión Europea ha pedido información “detallada” a Italia sobre el acuerdo, del que Roma informó a Bruselas antes del anuncio. “Estamos en contacto con las autoridades italianas porque necesitamos ver los detalles y solicitamos recibir información detallada sobre este tipo de arreglo”, dijo este martes la portavoz de Interior de la Comisión Europea, Anitta Hipper, en la rueda de prensa diaria en Bruselas. Hipper insistió en la necesidad de “comprender el caso italiano antes” de pronunciarse. El diario italiano La Stampa hablaba este martes de “irritación” en Bruselas por un acuerdo del que la Comisión fue informada a última hora.
¿En qué se diferencia este acuerdo del que la UE ha aprobado con Túnez?
Según Prestianni, la diferencia con el memorándum firmado en julio es que “con Túnez se externaliza el control de fronteras. A pesar de la violencia a la que se enfrentan a diario los migrantes subsaharianos, que son expulsados a la frontera con Libia y Argelia, se externaliza el control fronterizo, se refuerza la capacidad de Túnez mediante la aportación de fondos y medios de patrullaje y se refuerza la capacidad de expulsión, en este caso, de ciudadanos tunecinos a Túnez. En el caso del acuerdo con Albania, se trata de la externalización del asilo. Es decir, Italia externaliza geográficamente a un tercer territorio el procedimiento de asilo que debería hacer en suelo italiano”.