- El número de plazas disponibles se ha reducido desde que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social retiró en diciembre la subvención a la asociación Dianova, envuelta en un escándalo
Mamadou vive midiendo el tiempo que ha pasado desde que dejó su país. “Un año hasta que logré llegar a la costa española, 72 horas en la Comisaría de Málaga y 49 días en el CIE de Aluche (Madrid)”. Se cumplía su séptima semana de encierro cuando le comunicaron que saldría en libertad aquella misma tarde, un 1 de febrero en el que las temperaturas de madrugada no superaron los 4 grados.
“Cuando nos liberaron nos dijeron que todos los centros de acogida estaban llenos y que no nos podíamos quedar en ninguno. Pasamos el día caminando, con mucho frío y hambre”, recuerda el joven.
Según SOS Racismo, otros 22 inmigrantes como Mamadou se han quedado en la calle tras ser liberados del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche porque no han tenido plaza en los programas de acogida humanitaria que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social financia para las personas en su situación.
“Estaban totalmente desorientados, muchos recién llegados a Madrid, sin saber a dónde ir, sin un solo euro en el bolsillo y humillados por el trato recibido”, denuncia la ONG, que ha presentado una queja ante la Defensora del Pueblo junto con las organizaciones Karibu y Pueblos Unidos.
La campaña contra el frío del Samur social evitó que muchos de ellos pasaran las primeras noches al raso en pleno invierno, pero el servicio únicamente ofrece alojamiento para dormir entre las nueve de la noche y las nueve de la mañana, momento en el que deben abandonar el albergue y vuelven a verse en la calle.
“Evidentemente esto es insuficiente”, asegura Clara García, portavoz de SOS Racismo Madrid. Recuerda que la situación de vulnerabilidad de estas personas –a quienes liberan tras haber estado privadas de libertad en el CIE hasta un máximo de 60 días por haber cometido una falta administrativa– requiere de una atención especializada que sí proporcionan las plazas del programa de atención humanitaria a inmigrantes.
La Secretaría General de Inmigración y Emigración financia este último a través de subvenciones a entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, que proporcionan a los inmigrantes más vulnerables tanto servicios básicos –alojamiento temporal y comida– como apoyo en el proceso de integración, con clases de español, o asistencia legal, entre otras.
Aunque quienes salieron del CIE de Aluche los días 17 de diciembre y 1 de febrero debieron haber recibido esta ayuda, no se les concedió por falta de plazas, según denuncian las ONG. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, responsable directo de la gestión y asignación de las mismas, no ha respondido a las preguntas de eldiario.es.
Menos plazas tras el cierre de Dianova
Las ONG apuntan que la falta de plazas tiene origen en el reciente cierre del programa de atención humanitaria a inmigrantes en uno de los centros de acogida de la capital, gestionado por la asociación Dianova, a quien el Ministerio ha retirado la subvención después de que la Cadena SER publicara que mantenían a refugiados y toxicómanos en el mismo centro, y que utilizaron a los inmigrantes acogidos como mano de obra ilegal para reparar las deficiencias del centro.
El escándalo salió a la luz gracias a la publicación de un informe que varios extrabajadores del centro entregaron al Ministerio de Empleo en verano, en el que alertaban de las irregularidades y vulneraciones de los derechos de los inmigrantes acogidos. Como consecuencia, el Ministerio no renovó la subvención para el programa de Dianova, que permanece cerrado desde el 31 de diciembre.
Desde la asociación desmienten todas las acusaciones e insisten en que la mayoría de los usuarios “están satisfechos con el trato recibido” y dicen desconocer que ésta sea la razón del cese del programa. No obstante, el Ministerio confirmó que la causa de la no renovación de la subvención a Dianova fueron las quejas recibidas, según la Cadena SER.
A finales de año, los últimos inmigrantes a los que se les había concedido plaza en las instalaciones de Dianova –unos 70 en total, según la propia ONG–, tuvieron que ser reubicados en otras organizaciones, por lo que el número total de plazas disponibles se redujo. Ahora, SOS Racismo exige al Ministerio que compense esta falta y garantice la asistencia a todos los inmigrantes que la requieran.
“Es un programa que tiene muchísima movilidad y suelen quedar plazas vacías rápidamente, pero es cierto que en los últimos meses está habiendo una ocupación muy alta. Nosotros acabamos de presentar un proyecto en el que planteamos que el Ministerio amplíe el número de plazas que gestionamos, dentro de nuestra capacidad”, aseguran desde CEAR, una de las organizaciones que ofrece el servicio.
En 2015 España no deportó al 59% de las 6.390 personas encerradas en los CIE, según cifras del último informe de la Defensora del Pueblo. En años anteriores los datos han sido similares, dejando entrever una tendencia que prueba que más de la mitad de las personas a las que se priva de libertad con el objetivo de expulsarlas a sus países de origen son encerradas en balde.
Casi todas ellas, al salir del CIE, requieren la ayuda del sistema de atención humanitaria a inmigrantes. “Necesitan esas plazas. Pensar que estas personas puedan quedar en la calle sin ningún apoyo después de haber estado privadas de libertad, muchas veces sin que nadie haya considerado las vivencias que han tenido en la trayectoria de huida, o si tienen arraigo, no es humano”, asegura Clara García.
Más vulnerables al salir del CIE
García explica por qué el paso por el CIE agrava la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes, motivo por el que las ONG defienden que deban ser especialmente protegidas.
“En primer lugar, están quienes llevan años en España y tienen un arraigo fuerte. Tienen la ventaja de que suelen contar con el apoyo de familiares al salir del CIE, pero en el tiempo que han pasado encerrados han podido perder su trabajo o sus casas”, relata la experta.
Entre estos últimos, describe, se encuentran también muchos inmigrantes afincados en el norte de España, a quienes se suele trasladar al CIE de Aluche, a cientos de kilómetros de sus casas. “Cuando les liberan por la noche no tienen cómo volver”, añade.
La situación de los que acaban de llegar es incluso más compleja. “No conocen nada ni a nadie, no saben dónde ir y están totalmente perdidos”, dice García. Como Mamadou, a quien el frío madrileño se le hizo insoportable mientras caminaba sin rumbo. “Aquí somos nuevos. Nunca había conocido una sensación de frío como esta y tuve que pasar muchas horas en la calle”, recuerda el senegalés al que no le dieron plaza en un centro de acogida tras salir de Aluche.
Hoy, Mamadou vive con su prima gracias a la ayuda que le ha prestado una ONG, a cuya sede llegó caminando después de dar tumbos durante dos días y medio. “Quiero contar esto que me ha pasado porque la ley en España es muy dura. Nos encarcelan aunque no hemos cometido ningún crimen”, dice aún frustrado.
Sigue contando el tiempo que ha vivido desde diciembre de 2015, cuando abandonó su país con otros jóvenes “para ayudar a nuestros padres y madres”. Y sigue sin entender. Cuenta que pasó casi dos meses encerrado en el CIE ansiando una libertad que, cuando se le concedió, le dejó en la calle, solo y sin ayudas. “¿Por qué nos hacen esto si no hemos hecho nada malo? A mí nunca me habían tratado así. ¿De verdad España reconoce los derechos humanos?”, se pregunta.