Incentivar que los inmigrantes y solicitantes de asilo abandonen Suecia para volver a sus países de origen se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno del primer ministro Ulf Kristersson. Desde que llegó al poder en el año 2022, el Ejecutivo apoyado por el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia ha prometido reducir el número de extranjeros que viven en el país nórdico, a través de varias medidas polémicas.
La semana pasada, el recién nombrado ministro de Migración, Johan Forssell, acompañado por los representantes del resto de la coalición conservadora junto con un portavoz de los ultraderechistas, presentó un plan para incrementar los pagos que se realizan a los inmigrantes para impulsarlos a que dejen el país.
El Gobierno propuso que aquellas personas extranjeras que renuncien de forma voluntaria a su permiso de residencia en Suecia optaran a recibir un pago de hasta 350.000 coronas suecas (30.000 euros). La propuesta ha sido una de las principales demandas del partido Demócratas de Suecia para dar su apoyo a Kristersson y ya quedó recogida en los acuerdos por los que se creó la coalición hace dos años.
Forssell explicó que la medida iba dirigida a aquellas personas inmigrantes “que perciban que la vida en Suecia no haya salido como querían, que estén atascados y alienados o que sean más mayores y quieran regresar al país del que vinieron originalmente”. El titular de Migración no quiso dar detalles del número concreto de personas que el Gobierno estima que podrían abandonar Suecia gracias a este incentivo, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Lo que si detalló son las condiciones que se deberán cumplir para solicitar esta ayuda: la persona deberá encontrarse en Suecia de forma legal y con un permiso de residencia válido, concedido como permiso de trabajo, de reunificación familiar o mediante el estatus de protección internacional (refugiado).
Las autoridades del país nórdico dijeron que destinarán en los presupuestos 1.400 millones de coronas suecas para el plan (122 millones de euros), lo que significa que hasta 4.000 personas podrían recibir la cantidad máxima estipulada. En la actualidad ya existe una subvención de 10.000 coronas suecas (870 euros) que otorga la Agencia de Migraciones a aquellas personas que quieran volver a sus países de origen con la intención de empezar una vida nueva. Sin embargo, hasta ahora los esfuerzos del Ejecutivo sueco con campañas informativas para impulsar el retorno de los migrantes han fracasado estrepitosamente.
Según informaba la cadena pública SVT, el año pasado se otorgó la ayuda a sólo una persona, mientras que el programa recibió un total de 70 solicitudes. La mayoría fueron denegadas porque los solicitantes no cumplían con los criterios, como no tener ingresos, no tener deudas en Suecia y tener un pasaporte válido del país de origen. En los últimos 10 años, solamente 46 personas han recibido la ayuda para retornar de forma voluntaria a sus lugares de procedencia.
En contra del criterio de los expertos
La propuesta para impulsar el retorno de inmigrantes ha levantado rápidamente la polémica. En octubre de 2023, el actual Gobierno pidió a expertos en migración desarrollar una investigación para encontrar nuevas maneras de aumentar el número de personas que se marchen del país nórdico. Los resultados se presentaron el pasado mes de agosto y la conclusión de los expertos contradice la medida ahora presentada.
El informe fue encargado al investigador de la Universidad de Gotemburgo Joakim Ruist, quien anteriormente y de forma muy controvertida había cuantificado que los refugiados llegados a Suecia representaban una pérdida neta para la economía del país de 74.000 coronas por persona al año (6.500 euros). Pero el pasado mes de agosto, Ruist llegó a la conclusión de que aumentar las ayudas para favorecer el retorno de los migrantes era una medida del todo desaconsejable.
El informe argumentaba que haría falta un gran aumento en el presupuesto estatal para que esta iniciativa tuviera efectos tangibles. Al mismo tiempo, el documento que debería orientar al Ejecutivo para elaborar la legislación, alertaba de que los riesgos de la medida eran mucho más significativos porque iban en contra de la integración de los inmigrantes: “Una subvención a la emigración justificada con el objetivo de beneficiar las finanzas públicas envía una señal al grupo destinatario de la subvención (los inmigrantes) de que no son bienvenidos en Suecia, incluso hasta el punto de que Suecia está dispuesta a pagar grandes cantidades para deshacerse de algunos de ellos”, se lee en las conclusiones del informe. De la misma forma, los grupos políticos de la oposición también se han manifestado rotundamente en contra.
Desde el partido Centro, su portavoz de migración, Jonny Cato, manifestó estar “increíblemente sorprendido de que el Gobierno quisiera seguir adelante con una propuesta que los propios expertos del Ejecutivo consideran que es mala para la integración y que corre el riesgo de propagar el racismo en la sociedad”.
Inspirados en Dinamarca
Para defender la medida, Ulf Kristersson afirma que ayudaría a ahorrar 200 millones de coronas suecas al año (17 millones de euros) y, además, que se trata de un modelo inspirado en las políticas migratorias que llevan años funcionando en Dinamarca.
En el país vecino, una persona mayor de 18 años puede recibir hasta 220.000 coronas (19.000 euros) para regresar a su país de origen, más un apoyo financiero extra de 50.000 coronas (4.400 euros) para llevarse sus muebles y bienes del hogar. Según el periódico sueco Dagens Nyheter, en Dinamarca entre 300 y 500 personas se marchan cada año con esta ayuda.
En una entrevista con elDiario.es, el asesor jurídico de la organización Civil Rights Defenders, Martin Nyman, predice la poca efectividad que la medida tendrá en Suecia: “En los casos en los que los países de origen no son seguros, aumentar el dinero para la repatriación no es un incentivo”. “Preferiríamos ver medidas dirigidas a mejorar la integración, en vez de seguir con propuestas que los expertos han calificado de perjudiciales”, añade.
En opinión de Nyman, esa propuesta “junto con las políticas del Gobierno para restringir la reunificación familiar y la protección internacional de los refugiados, solamente envían una señal, que es que hay personas que no son bienvenidas en Suecia y eso hace que sea más difícil para ellos reconstruir sus vidas y convertirse en parte de la sociedad”.