Abdelali, un hombre marroquí de 40 años, llegó a España en 1996 y, aunque tuvo tarjeta de residencia y regentó un negocio, ahora no tiene 'papeles' porque perdió su trabajo. Fue recluido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, el 4 de septiembre y desde entonces ha sufrido dos infartos cerebrales. La familia no se ha enterado de los ataques a través de la autoridad del centro sino mediante su médico de cabecera, que vio los dos accidentes cerebrales en su historial revisándolo por otro motivo. “No nos avisó nadie del CIE”, denuncia su sobrina Naima (nombre ficticio).
Los CIE están gestionados por la Policía y dependen del Ministerio del Interior. En la Jefatura Superior de Policía de Valencia confirman los dos accidentes cerebrales que sufrió Abdelali y también que no informaron a la familia, ni a su abogada de oficio. “El protocolo de comunicación es el que establece el juez. Si el juez no lo pide, no lo comunicamos, nosotros somos solo intermediarios”, apunta un portavoz del cuerpo a eldiario.es.
Naima lo repite varias veces. “Nadie, nadie”. Su tío había sufrido dos infartos cerebrales, el primero el 4 de septiembre y por el que le tuvieron que llevar al hospital, pero ningún responsable del CIE de Zapadores les llamó para contarles lo que sucedía. Con el segundo, los internos del CIE dieron la alarma al ver a su compañero en el suelo desmayado.
Sobre por qué Abdelali volvió a ser internado en el CIE después del primer infarto, el portavoz policial indica que “eso es una decisión del médico y estipuló conveniente volver a internarlo”. De nuevo indica que los agentes son “solo intermediarios”. A Abdelali le volvió a dar un nuevo episodio. Otra vez, al suelo inconsciente.
La familia se enteró de casualidad
No es la primera vez que Abdelali ha tenido un infarto cerebral. Tuvo uno, el primero y el único hasta la semana pasada, en diciembre de 2013. Su pareja se encontró al hombre en el suelo sin habla y con la parte derecha del cuerpo inmovilizada. Por eso, porque le preocupaba su salud, la mujer acudió al médico de cabecera de Abdelali para que le firmase un papel sobre los antecedentes médicos de su compañero. En la visita, el sanitario le informó de que en el historial aparecían dos infartos cerebrales más. “Así nos enteramos, gracias al médico”, lamenta su sobrina.
De hecho, en los primeros días de internamiento en el centro, la familia intentaba llamar a Abdelali pero no cogían el teléfono. “Luego nos enteramos de que había coincidido con la revuelta en el CIE y que habían incomunicado a varias personas”, cuenta Naima.
La abogada de oficio de Abdelali, Neus Carda, que lleva los recursos de su internamiento en el CIE también se llevó una sorpresa. “No sé si están obligados o no, pero a mí me han informado en otras ocasiones cuando un cliente ha tenido alguna pelea en el centro y me han pasado el parte médico”. La letrada ha pedido a la jueza que las autoridades del CIE emitan un informe sobre qué protocolo de comunicación sigue en estos casos.
“Nos preocupa más su salud que la expulsión”
Victoria Rosell, jueza de control del CIE de Las Palmas considera que “por respeto, por la humanidad con la que tratarías a cualquier persona” se tendría que haber comunicado a la familia. “No es la primera vez que ante la queja de una ONG sobre ciertas conductas, la Policía responde que no tenían orden de un juez. Los CIE los dirige el director del CIE, no todo lo que ocurre dentro de un centro lo ordena un juez, ni se cumple todo lo que ordenamos los jueces”, afirma.
El CIE de Valencia ha acumulado varias denuncias, algunas por maltrato a internos por parte de las fuerzas policiales y por el estado de sus instalaciones. Rosell recuerda que el motivo de internamiento en un CIE es una falta administrativa (no tener autorización de residencia) y que el único derecho que debería estar limitado a estas personas es la libertad de movimiento.
La familia y las organizaciones Yo Sí, Sanidad Universal y Valencia Acoge temen por la salud de Abdelali, por su vida. “Ahora nos preocupa más su salud que la expulsión de España”, reconoce su sobrina. El miedo es que un día no haya orden de expulsión que ejecutar. La familia espera que le concedan un permiso de residencia temporal por razones humanitarias, cuenta Abril, miembro de Yo Sí, Sanidad Universal.
La abogada presentará en los próximos días un recurso contencioso para intentar parar la expulsión. “Por el arraigo laboral y social, pero sobre todo, por el estado de salud, que requiere unos cuidados que no va a encontrar en Marruecos”. Ya presentó un recurso al encierro en el CIE, ya que el hombre cuenta con domicilio fijo y “no tendría por que estar en el centro”.
Su sobrina solo quiere verle salir del CIE, que se ha llevado algunos de los avances conseguidos desde el primer infarto. “Ahora habla más lento y comentó que estaba peor, cojeaba más”, lamenta Abril.
No tener 'papeles' no solo ha metido a Abdelali en un CIE, también le convirtió en víctima de la exclusión sanitaria provocada por la reforma sanitaria del Gobierno de 2012. Cuando fue a urgencias, después de que le diera el primer infarto cerebral, en el Hospital de Vinaròs obligaron a su pareja a firmar un compromiso de pago por la atención. Después no tuvo el seguimiento que requería su enfermedad, según figura en un informe médico al que ha tenido acceso eldiario.es.
“El estudio realizado al paciente se ha visto condicionado por la limitación para realizar pruebas complementarias al no disponer de cobertura sanitaria pública”, indicó el médico que le dio el alta. Después, cuentan en el colectivo Yo Sí, Sanidad Universal, han tenido que luchar a través de una trabajadora social para poder acceder al seguimiento médico y la rehabilitación con la que ha recuperado bastante movilidad en la parte derecha de su cuerpo.