El Juez de Control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche ha pedido al director del centro que traslade a todos los agentes de Policía que “el respeto a la dignidad e integridad moral de las personas internadas es una obligación constitucional básica que incumbe a todos los agentes de Policía”.
Así lo reclama en un auto del Juzgado de Control número 6, al que ha tenido acceso a Europa Press, en respuesta al requerimento a través de una carta firmada por 60 internos, en la que critican “los abusos de autoridad y los tratos vejatorios constantes, con burlas y con tratos xenófobos por parte de los agentes de Policía”.
Desde la ONG SOS Racismo afirman a través de un comunicado que estos tratos son especialmente incisivos con las personas no hispanohablantes, hacia quienes, según relatan, aumentan las burlas y abusos de autoridad. También señalan que muchas de las personas firmantes han sido trasladadas al CIE desde la frontera, inmediatamente tras su llegada al Estado español.
“Estas personas han enfrentado un duro y peligroso viaje, tal y como obliga el sistema actual de fronteras por el cual 2.654 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo en el año 2017. Muertes cuya responsabilidad apunta directamente a las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español”, lamentan.
Tras esta experiencia “potencialmente traumática”, sostienen que muchas personas se sienten tratadas “como animales” y perciben que la falta de conocimiento del idioma es castigada “con desprecios”, lo que “convierte su llegada a territorio europeo en un verdadero infierno”.
Las personas firmantes recalcan que se trata de unos hechos “que no deberían suceder pero suceden continuamente”. No obstante, añaden que no se trata de hechos en que estén implicados todos los agentes de policía que se encuentran en el CIE.
“Las denuncias son reflejo del racismo institucional”
Desde SOS Racismo Madrid ponen en valor “la valentía de quienes denuncian este trato aun permaneciendo privadas de libertad, bajo control policial y enfrentando un proceso de deportación”.
“Queremos, asimismo, apoyar su petición de un trato digno y respetuoso, lo cual consideramos incompatible con la propia existencia de los CIE. No hay que olvidar que en estos lugares se encierra a personas por estar en situación administrativa irregular, es decir, por una falta administrativa”, se quejan.
En estos centros son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.
En los últimos meses, recuerdan que han recibido diversos testimonios de malos tratos en el CIE de Aluche que han sido denunciados ante los Juzgados correspondientes.
Por otro lado, señalan que esta misma semana Tanquem Els CIE y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia presentaban una denuncia por malos tratos y vejaciones racistas en el CIE de Zona Franca, en Barcelona.
Para la ONG, “todas estas denuncias son el reflejo de la realidad estructural de racismo institucional en la que se inscriben los CIE y las deportaciones, mostrando de forma clara que la política migratoria de España y de la Unión Europea se basa en la violencia y en la exclusión”.
“Los CIE son espacios de opacidad e impunidad en los que se suceden situaciones como las que denuncian las personas afectadas. Estos centros, tanto por su mera existencia como por lo que sucede en su interior, se caracterizan por el racismo y la intimidación. Todo ello evidencia una vez más la necesidad apremiante de cerrar los CIE y de acabar con las deportaciones”, concluyen.