Durante los últimos años se ha ido acumulando una contundente evidencia académica acerca del impacto de las migraciones en la prosperidad de la Unión Europea. Las estimaciones varían, pero el mensaje es unívoco: en ausencia de un influjo abundante y creciente de trabajadores extranjeros que temple nuestro invierno demográfico, las sociedades europeas tendremos problemas serios para mantener el crecimiento económico y sostener los sistemas de bienestar. Da igual que hablemos de capacidades laborales esenciales, pensiones, balanza fiscal, innovación, productividad o, lo más adecuado, una combinación de todos estos factores. No existe ecuación para el futuro económico de los Estados miembros en la que no destaque la variable migratoria.
Si las advertencias sobre la necesidad de más migrantes son ciertas, llama la atención que el programa político más relevante de la UE en este ámbito, el recién aprobado Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, apunte exactamente en la dirección contraria. En su empeño por no dar argumentos, la extrema derecha, los eurodiputados populares, socialistas y liberales han bendecido un artefacto legal tan racista, temeroso y xenófobo que los nacionalpopulistas se han visto en apuros para votar en contra. Dicho de forma simple, el pacto está programado para detener, sea como sea, los flujos migratorios de África y otras regiones pobres hacia Europa. En materia de refugio y asilo, un alambicado –y, posiblemente, inoperante– sistema de multas pretende sortear el obstruccionismo de algunos Estados a un reparto justo de las responsabilidades de protección internacional.
Y si lo que dice el texto aprobado es preocupante, lo que omite es alarmante. En su gran esfuerzo común por gobernar los flujos de movilidad humana hacia la UE, los Estados miembros se olvidan casi por completo del 80% de quienes llegan a nuestro territorio cada año: los trabajadores, las trabajadoras y sus familias. Este no es un Pacto de Migraciones, sino de Control Migratorio.
Para ser claros, nada de lo que estamos viendo ahora empezó ayer. Ni siquiera durante la crisis de acogida de 2014-2016, donde la máxima política de casi todos los Estados miembros fue “sálvese quien pueda”. El nuevo pacto es la consolidación de un proceso que comenzó en 1985, con la aprobación del Acuerdo de Schengen, y que no ha dejado de dar pasos desde entonces, siempre en la misma dirección. De acuerdo con un análisis que realizábamos desde la Fundación porCausa, no menos de 27 iniciativas legislativas y políticas, y cerca de 10.000 millones de euros, han apuntalado en los últimos 20 años un modelo de fronteras verticales basado en la externalización del control migratorio a los países de origen y tránsito.
El resultado de este modelo es el caos. Mientras los intentos de acceso irregular a territorio comunitario batían récords en 2023 y las rutas marítimas y terrestres hacia la UE se han convertido en monumentales cementerios anónimos, el intento de impermeabilizar la región europea pasa factura en otras prioridades e intereses de la UE en la región africana. Europa se ha puesto en manos de regímenes autocráticos e iliberales que exigen fortunas, fuerzan la reconsideración acrítica de posiciones históricas, utilizan la ayuda para aplastar a la oposición o, sencillamente, cambian de bando por la vía de un golpe de Estado. Políticas enteras, como la de cooperación, han quedado sujetas a un juego de incentivos perversos que ofende los propósitos del desarrollo y niega a la ciudadanía africana uno de los recursos más eficaces para escapar de la pobreza: la posibilidad de desplazarse a un lugar más próspero.
Ninguno de estos factores, sin embargo, ha llevado a reconsiderar el rumbo. ¿Cómo se explica que la respuesta a este sistema inmoral y fallido sea cavar cada vez más hondo en el mismo agujero? La razón tiene una triple naturaleza: narrativa, política y económica. Por un lado, cuatro décadas de discurso público en el que las migraciones eran reducidas a un juego binario de amenaza o tragedia han conseguido un poderoso efecto en el imaginario público, en constante alarma por la “emergencia” fronteriza. Sea por nuestro bien o por el suyo, la clave es evitar el viaje y la llegada a Europa. Por otro lado, la política migratoria ha estado siempre en manos de expertos en seguridad, no en desarrollo, mercado laboral o pensiones. Los ministerios del Interior tienen la costumbre de actuar como lo que son: gendarmes. Y lo hacen con una envidiable consistencia que ignora las alternancias partidistas. ¿O alguien cree que un ministro de Vox iba a ser capaz de ir mucho más lejos de lo que ha ido Fernando Grande-Marlaska en su política de fronteras?
Pero la explicación económica es tal vez la más poderosa. La lógica obsesiva del control migratorio ha sido causa y efecto de una industria legal que alimenta la lógica de la seguridad y gana verdaderas fortunas con la militarización de las fronteras. Se ha hablado demasiado de las mafias ilegales de trata –cuyo papel es real pero mucho menos relevante del que se les atribuye– y muy poco de la colección de empresas, instituciones públicas y ONG que hacen su agosto con esta política.
No tenemos razones para pensar que estos tres factores vayan a perder intensidad en el ciclo electoral de estos próximos años, empezando por las inminentes elecciones europarlamentarias. Más bien todo lo contrario. El debate sobre el ascenso de los partidos nacionalpopulistas esconde una trampa fundamental: socialistas y populares ya han comprado el argumento principal de las migraciones como amenaza o como problema. Si esto no cambia, lo que veremos en el futuro próximo son variaciones sobre la misma melodía.
Políticas innovadoras pero discretas
El desafío de las alternativas es que no sabemos con certeza a qué se parecen, entre otras cosas porque las necesidades varían y porque carecemos de un país o grupo de países que actúen como modelos de una política migratoria más flexible, ordenada y realista. Pero eso no significa que actuemos a ciegas. En numerosos lugares del mundo –Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, Uganda o Colombia, por mencionar algunos– se está haciendo un ejercicio discreto de innovación de políticas que busca ajustar los flujos migratorios a las necesidades de los países de destino, optimizar el impacto en el desarrollo de las comunidades de origen, establecer los incentivos que garanticen la circularidad y la construcción de confianza mutua, o facilitar la integración social y laboral de quienes vienen de fuera. Un grupo pequeño, pero ambicioso y activo, de actores públicos y privados se ha empeñado en el ejercicio de prueba y error que constituye cualquier transformación seria del statu quo.
En este ejercicio, la exploración de nuevos formatos narrativos supone casi una condición de partida, ya que reduce los recelos de la sociedad y garantiza a los responsables políticos espacios mínimos de seguridad electoral. Las nuevas narrativas migratorias no responden al marco de debate que plantea la extrema derecha, sino que construyen alianzas sobre una combinación de elementos éticos y prácticos. El éxito de la coalición que ha llevado al Congreso la iniciativa legislativa popular por la regularización de migrantes constituye un ejemplo reciente y paradigmático de esta combinación de factores.
No hay nada escrito en el futuro de Europa y su relación con las migraciones. Nos guste más o menos, estamos condenados a vivir en sociedades diferentes de las que hemos conocido en el pasado. De nosotros depende convertir este proceso en una agonía melancólica o en una monumental oportunidad colectiva.
Texto publicado en el número 44 de la revista de elDiario.es, 'Qué ha hecho Europa por nosotros'.
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En porCausa.org se puede consultar el informe “Externalización: caos, corrupción y control migratorio bajo la apariencia de cooperación europea” en el que se basan las afirmaciones de este artículo.