Raoul Mvita tiene una hija de cinco años que no existe. Rebeca se mueve, se levanta para ir al baño, va a la guardería todos los días, le gusta la leche con chocolate, le dan miedo las ovejas y los mecheros y, sin embargo, oficialmente la niña no existe. Nació en una maternidad de Rabat pero no tiene acta de nacimiento y su tarjeta de residencia marroquí ha expirado, igual que la de su madre y la de su padre, un refugiado de Congo que no puede volver a su país porque su vida está amenazada. Esta es la política de integración de Marruecos financiada por Europa.
La tarjeta de residencia de Raoul caducó el pasado 20 de enero y desde entonces, sin la carte séjour, no puede hacer un contrato con una compañía telefónica o uno de alquiler. Tiene que renovar los papeles cada año, una pesadilla burocrática que nunca termina porque la Administración marroquí es la tormenta perfecta del Vuelva usted mañana, de Larra y El proceso, de Kafka. Uno nunca sabe a quién hay que acudir, a qué instancia hay que apelar y a qué funcionario hay que dirigirse. “Esto no es vida. Así no hay integración posible”, dice Raoul, que tiene 41 años y lleva ocho en Marruecos.
La música de la nueva política migratoria de Marruecos da prioridad a los refugiados, las mujeres y los niños a la hora de regularizar su situación y facilitar su integración, y para ello cuentan con 10 millones de euros de fondos de la Unión Europea. La letra, excepto el acceso a los servicios sanitarios, está sin componer. La estrategia del Ministerio de Inmigración contempla programas educativos e integración en la escuela, actividades deportivas y acceso al empleo, pero hasta este miércoles los inmigrantes regularizados, incluidos los refugiados, ni siquiera sabían qué hacer para renovar sus tarjetas expiradas.
Hasta este miércoles, el gobierno marroquí no había dado respuesta a este problema. Las autoridades acaban de anunciar que en esta ocasión las tarjetas se renovarán automáticamente un año más, sin tener que volver a entregar todos los justificantes iniciales, como un contrato de trabajo o recibos que demuestren residencia durante dos años. Está por ver qué va a pasar en la práctica después del anuncio y también en qué se concreta la política de integración prometida en un país en el que muchos inmigrantes subsaharianos sienten que no son bien recibidos. Esta semana, una refugiada de Congo fue atacada por 20 jóvenes que le lanzaron piedras en un barrio de Rabat.
Más allá de la burocracia y de la tarjeta necesaria para poder pagar el alquiler de un apartamento o comprar una tarjeta telefónica hace falta, salvo sorpresa o milagro, dinero. Para conseguirlo, lo recomendable es trabajar. Raoul estudió finanzas y comercio en el Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa, pero aquí los títulos universitarios de Congo no sirven de nada, así que probó suerte con una afición: la música.
Tocó con un grupo durante unos años en algunos restaurantes y locales con música en directo en Rabat, como el Grand Comptoir, el bar del hotel Pietri, el Yakout y estuvo incluso en el Mawazine, el festival internacional de música más importante de Marruecos, pero los patrones, para poder hacerle un contrato o evitar problemas con la policía, le pedían los papeles. Y los papeles siempre estaban en proceso de regularización. Raoul se ríe cuando se le formula la siguiente pregunta.
–¿Y qué hay de los cursos de formación que va a ofrecer ahora el gobierno marroquí dentro de la nueva política de integración?
–¿Cursos de formación? Sí, he hecho uno de tratamiento de textos, otro de alta tecnología en redes de seguridad informática y hasta un curso de enfermería. Todos financiados por ACNUR. Llegué a ser becario en el Ministerio de Finanzas, pero me dijeron que no me podían contratar, porque había marroquíes con el mismo nivel de estudios que optaban al puesto. De los 18 refugiados que hicimos el curso de seguridad de redes, ninguno encontró trabajo. ¿Para qué sirve, entonces, todo ese dinero?
La Unión Europea firmó en diciembre la ayuda de 10 millones de euros para el año 2015 para apoyar la política migratoria y de asilo en Marruecos, en concreto para garantizar a los niños hijos de inmigrantes el acceso a la escuela y a servicios básicos y poner en marcha cursos de formación profesional para los adultos.
Doce horas después de que el gobierno marroquí hiciera balance de la nueva política migratoria, en la que se ha aceptado la regularización de casi 18.000 extranjeros, las fuerzas auxiliares quemaron los campamentos del Gurugú. Más de 1.200 inmigrantes subsaharianos, según las ONG marroquíes, fueron alejados de la frontera y trasladados a 18 centros de detención distribuidos por el sur del país.
Esta obsesión por alejar de Melilla a los inmigrantes y el importante papel que juega Marruecos como guardián de la frontera europea, empuja a las ONG y a algunos eurodiputados a poner los ojos en Europa. En una respuesta parlamentaria el 11 de febrero, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, aseguró que la UE no financia actualmente equipos para el Ministerio del Interior o proyectos de gestión en las fronteras.
La regulación de Agencia de Protección de Fronteras de la Unión Europea (Frontex) número 1168/2011 contempla la “asistencia efectiva a países fuera de la UE concerniente a aspectos operativos de gestión de fronteras”, incluida la ayuda financiera. Sin embargo, la oficina de Información y Transparencia de Frontex confirma a eldiario.es que no hay ningún acuerdo o proyecto con Marruecos en estos momentos.
Fuentes diplomáticas aseguran a este diario que “en el control de fronteras a Marruecos nunca le falta financiación, que llega de la Unión Europea”. Marruecos y varios países europeos, entre ellos España, también aportan dinero destinado a los vuelos de retorno voluntario a los países de origen.
Además de la ayuda económica, el pasado 6 de febrero, el embajador europeo en Marruecos, Rupert Joy, admitió en una entrevista con el portal yabiladi.com que la UE había ofrecido a Marruecos facilitar la concesión de visados Schengen -muy solicitados por los marroquíes- con la condición de que Marruecos aplique el acuerdo de readmisión, que obligaría a Marruecos a aceptar a miles de inmigrantes.
Marruecos no ha querido firmar porque, de hecho, ya está impidiendo la entrada a Europa de los subsaharianos que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla. Legalizar la admisión de miles de personas quizá requiera algún incentivo más, aparte de los visados.
Detención y amenazas de deportación
Los inmigrantes arrestados en el monte Gurugú próximo a Melilla siguen retenidos en centros esparcidos por el país, alejados de la frontera. El colectivo Caminando Fronteras informa de que representantes de las embajadas de Guinea, Costa de Marfil, Camerún, Senegal y Malí se han desplazado a algunos centros para preguntar a los inmigrantes si quieren volver a su país.
La policía marroquí, aseguran algunos de los ciudadanos retenidos, intenta convencerles de que no vayan a Europa. “Nos dicen que tendremos trabajo y alojamiento en Marruecos”, explica a eldiario.es Abdulai, un inmigrante marfileño, desde uno de los centros, en Youssufia. “Advierten de que si nos portamos mal, nos deportarán”. Entre los inmigrantes detenidos, ACNUR ha identificado a 14 solicitantes de asilo. La organización Gadem ha constatado que entre los detenidos hay personas que habían solicitado la regularización.
La nueva política migratoria que Marruecos ha mostrado como una experiencia pionera en África “es la historia de una probable success story que se está transformando en una catástrofe anunciada”, se lamentaba Hicham Rachidi, de la ong Gadem, en un artículo publicado en el Huffington Post Maghreb. Por un lado, las autoridades políticas abren la mano en el proceso de regularización y por otro, las autoridades policiales detienen a más de un millar de personas, incluidos menores, para quienes, según el gobierno marroquí, la regularización es inmediata y sin condiciones.
“Contrariamente a lo que ha declarado el Ministerio del Interior, la integración y la represión son dos políticas públicas antagónicas”, escribía Gadem esta semana en un comunicado. La organización también pide coherencia a la Unión Europea: se pueden llevar a efecto los acuerdos comerciales o de seguridad con Marruecos sin dejar de lado la vigilancia del respeto a los derechos humanos.
A punta de fusil
Los inmigrantes continúan privados de libertad desde el 10 de febrero y denuncian amenazas y coacciones. Según testimonios recogidos por Gadem, algunos fueron obligados a subir a los autobuses “a punta de fusil”. La explicación que han dado las autoridades marroquíes a los representantes europeos que se han interesado por ellos es que los han sacado del monte porque vivían en condiciones infrahumanas y ahora les ofrecen cobijo. Aseguran que esta vez no les expulsarán al desierto, como ocurrió en 2005 y 2006.
La historia todavía no ha terminado. En el mejor de los casos, los pocos que alcancen el estatus de refugiado tendrán una vida como la de Raoul -uno de los 546 refugiados registrados en Marruecos-, enredado permanentemente en trámites burocráticos y buscando pequeños trabajos sin contrato para pagar los 1.100 dirhams (unos 110 euros) de alquiler y dar de comer a su familia.
El problema sigue siendo la imposibilidad de trabajar y ACNUR sólo ayuda a las familias más vulnerables. “¿Qué tengo que hacer? –se pregunta–. ¿Caer enfermo para que ACNUR me dé 80 euros al mes?. Llevo aquí ocho años y me he convertido en un mendigo”.