Las comunidades autónomas gobernadas por el PP desbloquearán este miércoles un reparto voluntario de “400 menores” migrantes acogidos en Canarias. Los ejecutivos votarán a favor en la conferencia sectorial de Juventud e Infancia que se celebrará esta tarde en Tenerife, según ha confirmado Alberto Núñez Feijóo. Se trata de un acogimiento que el Gobierno central ya había planteado en meses anteriores, y que las regiones habían impedido. Es un reparto similar a los pactados para 2022 y 2023, y que ha sido incumplido por los gobiernos autonómicos.
El líder del PP sigue así sin concretar la posición de su partido ante la propuesta del Gobierno de convertir este tipo de traslados entre regiones en obligatorios por ley, para evitar los engorrosos trámites y la falta de cumplimiento que suele caracterizar el actual sistema no vinculante. Los presidentes del PP piden más dinero para asumir el traslado de menores migrantes desde Canarias, y no han desvelado si votarán a favor de reformar la ley de extranjería, tal y como pide el Gobierno canario, del que forma parte el propio PP.
“Todos los presidentes del PP van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado. Vamos a ser solidarios y coherentes”, ha afirmado Feijóo este miércoles en Ermua (Bizkaia). Esta propuesta de pacto voluntario, que en realidad plantea el traslado de 347 chavales entre todas las comunidades autónomas, será sometida a votación en la conferencia sectorial de Tenerife, había sido bloqueada por las comunidades autónomas en reuniones anteriores.
El destino de esos menores es uno de los dos temas a tratar incluidos en el orden del día del encuentro con los consejeros autonómicos, pero no el único.
El segundo punto de la agenda abordará la reforma de la ley de extranjería con la que el Gobierno central y el de Canarias (una coalición de CC y PP) quieren convertir en obligatorio este tipo de traslados de menores en épocas de emergencia humanitaria. Hoy, Canarias estima que debería trasladar a otros puntos del país a más de 2.000 chavales para aliviar la situación de sus centros y atenderlos en condiciones.
El objetivo de la sectorial convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia es informar sobre los detalles de la propuesta de modificación normativa y recibir las aportaciones de los gobiernos autonómicos. El objetivo es conseguir el mayor número posible de respaldo a una medida que deberá ser luego aprobada por las Cortes.
A pesar de haber sido preguntado en varias ocasiones por los periodistas sobre la posición de sus comunidades sobre ello, Feijóo ha esquivado responder si apoyarán la reforma legal. De hecho, ha ignorado las cuestiones al respecto.
Falta de garantías
El apoyo de las comunidades autónomas a un nuevo pacto de reparto voluntario de menores avanzado por Feijóo, no es garantía de que las reubicaciones comprometidas vayan a producirse. Los últimos datos publicados por elDiario.es evidencian que doce autonomías no recibieron a ninguno de los chavales a los que se comprometieron a acoger en 2023 a pesar de los fondos estatales concedidos para ese fin.
Tampoco cumplieron con sus compromisos en el caso del acuerdo no vinculante alcanzado en 2022. El incumplimiento de los acuerdos puede deberse no solo a una posible falta de voluntad por parte de algunas comunidades autónomas, sino también a los engorrosos trámites que conllevan estos traslados, una de las razones esgrimidas por el Ejecutivo central y el canario para defender un cambio normativo que permita automatizar estos procesos, evitando también las negociaciones previas.
El PP insiste en defender la “solidaridad” de sus comunidades autónomas, a pesar de que de los traslados acordados en 2022 y 2023 solo se han llevado a cabo una mínima parte. “Vamos a ocupar toda la capacidad instalada en los centros de menores de las comunidades autónomas. Incluso algunas de ellas la van a rebasar”, ha dicho el líder del PP. Y ha añadido: “Una vez que las comunidades autónomas han demostrado su solidaridad, una vez que las comunidades autónomas están al límite de sus capacidades, le pido al Gobierno central que asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades autónomas, que todos los recursos del Gobierno central se pongan a disposición también de la gestión de los menores”.
De las 373 traslados comprometidos en 2023, solo se han producido 67, a pesar de tener asignados fondos económicos estatales para ello, según fuentes del Gobierno. En 2022, todos los gobiernos autonómicos pactaron otro reparto de menores desde Canarias y Ceuta. Aunque en este caso se cumplieron más traslados que el año pasado, el total tampoco alcanzó la cifra acordada: de las 378 derivaciones comprometidas solo se llevaron a cabo 228. Por tanto, 150 chavales de aquella tanda nunca fueron recibidos por las correspondientes comunidades autónomas.
“Nos estamos encontrando con muchísimas resistencias. Planteamos la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería porque los mecanismos voluntarios no están siendo cumplidos”, afirmó Sira Rego, titular de Juventud e Infancia, en una reciente entrevista con elDiario.es. “El Partido Popular deberá aclarar por qué frente a un mecanismo voluntario acordado y ratificado en conferencia sectorial, nos encontramos con que prácticamente el 85% de las plazas no se ha cubierto, no se ha cumplido con ese acuerdo voluntario de 2022 y 2023, sí se ha transferido la financiación del Estado para la acogida de estos niños y niñas y, sin embargo, no se ha cumplido con el acuerdo”, cuestionaba la ministra encargada de convocar la conferencia sectorial de este miércoles.