Ley de extranjería

El PP y Junts se resisten a permitir que el Congreso tramite el reparto por ley de menores migrantes

El Congreso de los Diputados decide este martes si la reforma de la Ley de Extranjería, con la que el Gobierno pretende crear un sistema obligatorio de reparto de menores migrantes, iniciará su tramitación parlamentaria o será finalmente tumbada. Después de varias semanas de contactos con los distintos grupos parlamentarios, en las que el PP ha subido el tono sobre migración, los números aún no salen y la normativa solicitada por el Ejecutivo de Canarias para aliviar la emergencia humanitaria en las islas depende de la posición del Partido Popular y Junts, que han mostrado sus reticencias al plan de traslados planteado por el Gobierno central. Con los respaldos confirmados actualmente, el Gobierno solo necesita la abstención de alguna de estas formaciones para que la modificación normativa pueda ser debatida, pero todo está en el aire.

Aunque los contactos con los grupos parlamentarios se habían impulsado desde hace semanas, desde el PSOE, Sumar y los ministerios más involucrados en la reforma normativa aceleraron durante los últimos días las conversaciones especialmente con el Partido Popular y Junts, sin apenas resultado. De hecho, este lunes, Alberto Núñez Feijóo ha endurecido de nuevo el tono en su discurso migratorio, relacionando una vez más la inmigración con la delincuencia sin datos: “Para los que llegan, porque se juegan la vida, pero también para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir con seguridad a la calle”.

El portavoz del PP, Borja Sémper, expresó el mismo lunes su malestar ante la manera en la que a su juicio se ha abordado la negociación de la reforma de la Ley de extranjería y criticó que el Gobierno “siempre esté negociando en el último minuto”. En la última semana el PP ha centrado sus reivindicaciones en tres elementos: un fondo de contingencia plurianual (compromiso de dinero), declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional (lo que permitiría a todas las comunidades autónomas acceder a esa financiación) y convocar una Conferencia de Presidentes para que se negocie directamente entre Pedro Sánchez y los jefes de gobierno autonómicos.

El Gobierno necesita, al menos, la abstención del PP o de Junts, siempre que el resto de socios parlamentarios apoyen la proposición de ley planteada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Catalunya también se opone a un reparto obligatorio si no se tienen en cuenta sus enmiendas acerca de la financiación y sobre la determinación de la edad de los jóvenes. En concreto, Junts ha solicitado que Catalunya se quede fuera del reparto de menores migrantes, algo a lo que el Gobierno central se ha negado y ha recordado que los criterios sobre los que se basaría el sistema de reparto son objetivos y podrán ser discutidos en una conferencia sectorial posterior, aunque de momento se aplicarían los aprobados anteriormente en el mecanismo voluntario, que tienen que ver con la población, la renta y el esfuerzo de acogida de niños y adolescentes migrantes.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explicaban este domingo por la tarde, en contra de lo difundido por el PP que aseguraba no haber podido negociar la normativa, que su departamento “ha seguido realizando rondas de contactos con los grupos parlamentarios”. Dentro de esa ronda, Ángel Víctor Torres mantuvo este domingo “una conversación por escrito con el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado. En esa conversación por escrito en ningún momento se le ha trasladado al PP el no a negociar del Gobierno ante sus peticiones”. También el Ministerio de Juventud e Infancia ha mantenido contactos hasta este lunes con Junts y el PP, pero sin lograr avances ni ningún cambio en su posición.

El texto de la proposición de ley registrado en el Congreso choca en algunos de sus puntos con las peticiones esgrimidas por el PP. Por ejemplo, en la insistencia de la formación de Núñez Feijóo de que las pruebas de determinación de la edad de los menores trasladados en el marco del sistema de reparto se hagan en la comunidad a la que llegan. Sobre la financiación, otro de los puntos de discordia, no está claro el detalle de las cantidades que alcanzarán los fondos, aunque el texto establece asegurar la financiación “suficientes” para recibirles. Atendiendo al dinero público estatal ligado a los anteriores acuerdos no vinculantes de traslados de menores, las demandas del PP, que pide que la atención de los chavales derivados sea cubierta el 100% hasta su mayoría de edad, parece más ambiciosa que lo planteado por el Ejecutivo central.

 “Confío en que el PP permita que comencemos a tramitar esta ley, hemos trabajado la propuesta, la hemos llevado a la conferencia sectorial. Incluso habilitamos la posibilidad de visitar un centro de menores no acompañados en Canarias, pero no vino nadie de ninguna comunidad gobernada del PP para visitar ese centro”, pedía la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este lunes. A lo largo de la jornada, sin embargo, la formación dirigida por Feijóo no ha cambiado su posición ni ha dado a entender que hubiese una puerta abierta a la abstención.

¿Qué pasa en Canarias si se tumba?

En Canarias precisamente gobierna Coalición Canaria con el PP, partidos que han evidenciado en estos últimos días sus contradicciones sobre la modificación de la Ley de Extranjería. Estas semanas, el PP regional se había ido desmarcando de su formación a nivel estatal y defendía esos cambios legales para facilitar la acogida de menores entre las comunidades autónomas. Sin embargo, este mismo lunes, su secretario general en las Islas, Poli Suárez, dijo que el proyecto que se vota este martes es del “PSOE, Sumar y Coalición Canaria” y que no se ha negociado con su partido.

Horas más tarde, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello (CC) contradecía esas palabras y defendía que el PP siempre “ha trabajado de forma activa” para modificar la Ley de Extranjería y que así se pronunció también en el Parlamento de Canarias. El portavoz insistió en que no baraja otro escenario posible distinto a que este martes se dé luz verde a ese trámite parlamentario, en cuyo camino cree que se podrán tener en consideración las propuestas de los populares. En cualquier caso, defiende que el texto se apruebe el 30 de julio en el Consejo de Ministros como decreto ley para darle más agilidad a las medidas.

Sobre el supuesto de que el PP vote en contra de reformar la ley y las posibles consecuencias para el pacto en Canarias, Cabello ha insistido en que son “optimistas” y ha esquivado valorar ese escenario. Otras fuentes de CC consultadas tampoco creen que se vaya a producir una ruptura de la coalición. El secretario de Organización del partido, David Toledo, ha señalado a elDiario.es que “el Gobierno de Canarias tiene un programa de gobierno aprobado, hay un Gobierno que el otro día hacía un balance de gestión donde las cosas han funcionado muy bien”, ha remarcado. Sí cree que en esta cuestión deben ponerse de acuerdo los dos “grandes partidos de Estado” al igual que ocurrió con la reforma del Consejo General del Poder Judicial y pide a los socialistas que sean “flexibles” con las propuestas del PP.

El PP también se muestra confiado en que no se va a producir una ruptura en el Ejecutivo. “Nosotros, en el Gobierno de Canarias, tenemos un pacto sólido, de mucho diálogo, de mucha conversación, de mucho entendimiento”, dijo el secretario general de los populares en las Islas este lunes. No obstante, no es la primera vez que rondan los rumores de ruptura o tensiones en el Ejecutivo regional. También se barajó sobre esa posibilidad cuando Coalición Canaria decidió apoyar la investidura de Pedro Sánchez, mientras el PP canario se sumaba a las movilizaciones contra la amnistía y los asistentes le llegaban a gritar “rompe el pacto”.

La reforma

La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería abre la posibilidad de que, cuando la red de acogida de menores de una autonomía alcance el 150% de su capacidad, su gobierno pueda solicitar la declaración de “contingencia migratoria extraordinaria”. Si un ejecutivo autonómico se acoge al mecanismo de reparto obligatorio, será trasladado el número de niños necesario hasta la ocupación de sus plazas retornen a niveles inferiores del límite del 150%.

Los menores migrantes que alcancen dicho territorio después de la declaración de “contingencia migratoria” deberán ser identificados y filiados en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados como menor de edad -incluso aunque haya dudas con su minoría de edad-, posteriormente, serán trasladados a las comunidades autónomas de destino en un plazo máximo de 15 días. Por otro lado, los niños y adolescentes a los que le correspondería también ser llevados a otras regiones, pero que hubiesen llegado antes de la declaración de emergencia, tendrán que ser derivados durante el plazo máximo de un año.

¿Cómo se decide a qué comunidad va cada menor? La propuesta de ley plantea que la decisión se hará en base a unos criterios que tendrán que ser debatidos y consensuados por las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia, por lo tanto, aún están por decidir. No obstante, el borrador de la reforma establece que, hasta que no se llegue a un acuerdo sobre dichas pautas, si se activa la contingencia migratoria en alguna comunidad, se aplicarán de momento los criterios pactados en 2022 por los gobiernos autonómicos para los pactos de reparto voluntario que se han ido aprobando desde entonces.

Otro de los puntos en los que la propuesta de reforma del Gobierno choca con el planteamiento del PP es en lo relativo a qué autonomía tendría que hacer las pruebas de la determinación de la edad de los menores en el caso de que la minoría de edad de los niños y niñas no esté confirmada. El texto registrado este lunes en el Congreso es claro: en el caso de los menores llegados tras la declaración de emergencia, la comunidad autónoma de destino será la responsable de abrir el procedimiento de determinación de la edad, del que se encarga la Fiscalía de Menores. 

Pero el PP solo quiere asumir traslados de casos “indubitados en su edad”. Es decir, menores que, antes de salir desde Canarias para la península, la Fiscalía ya haya acreditado que tienen menos de 18 años. Un proceso poco ágil, sobre todo cuando la capacidad de los servicios habilitados está en máximos de ocupación, precisamente en los momentos para los que está pensado el protocolo.

Sobre la posibilidad de que todas las comunidades autónomas puedan acogerse a la posibilidad de declararse en “contingencia migratoria” y pedir el traslado de sus menores migrantes, la propuesta del Gobierno sí contempla esta opción. “La proposición de ley centra la emergencia donde ahora hay emergencia pero con disposiciones adicionales se podría ampliar a otros territorios cuando éstos lo requieran”, apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial. Eso sí, deberán cumplir una serie de criterios y unas plazas de acogida mínimas.

Canarias tutela a 5.600 niños y adolescentes en 80 centros repartidos por todas las islas. Las condiciones en las que los jóvenes son atendidos en las islas ha sido cuestionada, después de que saliera a la luz una denuncia registrada en la Fiscalía contra un centro de Lanzarote. El caso señala supuestas agresiones a menores, la insalubridad y mal estado de las instalaciones, la falta formación del personal contratado para atender a los chavales, etc.