El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la legalización de las devoluciones en las fronteras de Ceuta y Melilla, en contra de la toda de la oposición, a través de una enmienda incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Con la reforma, el Gobierno pretende amparar las expulsiones en caliente que llevan efectuándose de forma ilegal en las ciudades autónomas desde hace más de una década, aunque este objetivo se verá dificultado por las exigencias de los convenios internacionales de los que España forma parte: la presión social obligó hace semanas al Gobierno a añadir una frase en el texto que requiere el cumplimiento de la legislación internacional, que a su vez prohíbe las devoluciones que se están efectuando hasta ahora.
“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Esta es la primera parte de la enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada este jueves, que pretende legalizar las actuaciones realizadas por las fuerzas de seguridad fronterizas hasta el momento: las devoluciones en caliente, irregulares también según la legislación internacional.
El rechazo en frontera, añade la Ley tras una modificación de última hora, “en todo caso se realizará respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte”. Este cambio, incluido en el Senado por el Partido Popular debido a las fuertes presiones recibidas por parte de organismos internacionales (como Acnur y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa), del tercer sector y de otros sectores de la sociedad provoca que las devoluciones inmediatas, tal y como se están realizando hasta el momento, no queden amparadas por la nueva norma, dado que los convenios de derechos humanos las prohíben.
Sin embargo, por el momento no existe ningún protocolo que determine cómo los guardias civiles podrían expulsar a personas en la frontera sin incumplir la legislación internacionales de derechos humanos. El Partido Popular incluyó en un principio en la enmienda una referencia a la instrucción que debería redactar el Gobierno para que las fuerzas de seguridad aplicasen en la frontera y, de este modo, conociesen qué prácticas pueden llevar a cabo y cuáles no. Sin embargo, esta mención fue retirada del texto definitivo aprobado en el Senado por “cuestiones técnicas”, según el PP.
En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, exigió al Ejecutivo español la realización de este documento para asegurar que, tras la aprobación de la enmienda, el Gobierno cumple sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos.
Mientras Acnur confía en que, tras la aprobación de la reforma, el Gobierno desarrollará el protocolo para garantizar el cumplimiento de la legislación internacional sobre derechos humanos en la aplicación del “rechazo en frontera”, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y expertos jurídicos sostienen que la propia figura es de por sí inconstitucional pues vulnera artículos como la igualdad ante la Ley y, por tanto, tampoco cumplirá la normativa internacional a la que hace referencia.
El ministro del Interior afirmó en el debate en el Congreso, en respuesta a las críticas de la oposión sobre la norma, que los grupos estaban votando en contra “de que el rechazo en frontera se haga con respeto a los derechos humanos”. Jorge Fernández Díaz volvió a amparar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las vallas fronterizas en las expulsiones sumarias, que “se llevan haciendo así desde el año 2005, lo único es que no se les había dado la cobertura que ahora le damos nosotros”.
Las devoluciones que, como dice el ministro, se han realizado en Ceuta y Melilla desde hace años vulneran la normativa internacional mencionada en la reforma utilizada por el Gobierno para amparar las expulsiones en caliente por las que están siendo investigados varios agentes. “Tenemos 25 guardias civiles imputados en Ceuta y Melilla y es obligación del Gobierno dotarles de la adecuada seguridad jurídica”, añadió Fernández Díaz. El titular de Interior hace referencia a los miembros del Instituto Armado llamados a declarar por su supuesta relación con la muerte de 15 inmigrantes, a los que participaron en la devolución de un inmigrante después de haber sido golpeado y haber quedado aparentemente inconsciente; y al coronel que firmó una orden interna sobre expulsiones en caliente.
Por qué son ilegales
La Ley de Extranjería prohíbe la expulsión inmediata de aquellas personas que logran acceder a territorio español de forma irregular, ya que obliga a seguir un procedimiento que establece una serie de garantías para el expulsado, como la asistencia letrada. Si las devoluciones no se producen de forma individualizada, también se incumple la Ley de Asilo española, que protege el derecho a solicitar de asilo de todas las personas, independientemente del método de su método de entrada. Si un ciudadano es expulsado de forma inmediata tras saltar la valla, sin propocionarle la oportunidad de solicitar protección internacional, se le está negando esta posibilidad, recuerdan las organizaciones sociales.
Los Gobiernos del PP y del PSOE han llevado a cabo devoluciones en caliente desde hace más de una década, aunque el modo de realizarlas cambió en marzo de 2014. Hasta entonces, se llevaban a cabo de forma clandestina y, cuando alguna prueba las evidenciaba, el ejecutivo solía negarlas. Tras la tragedia de Ceuta y la atención mediática despertada, el Gobierno actual asumió la devolución inmediata de 23 personas, como habían demostrado previamente las imágeens difundidas. Entonces, surgió una nueva justificación que, según el Ministerio del Interior, se llevaba aplicando desde 2005: “España empieza cuando se supera la totalidad del dispositivo antiintrusión”, que según su interpretación incluía a los agentes fronterizos.
A partir de aquí, la teoría se acopló a las diferentes particularidades de cada frontera y la Guardia Civil comenzó a expulsar inmigrantes de forma inmediata a plena luz del día y sin contemplaciones. El ejecutivo asumía que no “aplicaba” la normativa nacional en Ceuta y Melilla —que prohibía estas expulsiones porque los inmigrantes— porque, según su tesis, si eran interceptados por los agentes fronterizos tras saltar la alambrada que separa Marruecos de España, estas personas no habrían llegado a territorio español.
Expulsiones legalizadas mientras son investigadas
La “normalización” de las devoluciones en caliente tuvo otras consecuencia: se realizaban ante los objetivos de cada vez más periodistas y activistas. Las imágenes de inmigrantes siendo acompañados o arrastrados por guardias civiles hasta la puerta de la alambrada que comunica ambos países además de colarse en los informativos, llegaron a las manos de un juez que decidió investigarlas.
Los autos de Emilio Lamo de Espinosa, titular del juzgado número 2 de Melilla, espetaron los primeros palos judiciales contra la teoría empleada por el Gobierno para justificar las devoluciones en caliente. De forma provisional, concluía que el territorio existente entre las dos vallas fronterizas pertenecían a España y, de esta forma, la orden interna que permitía expulsar de forma inmediata a inmigrantes“ no se sostenía a nivel legal, según su criterio provisional.
Bajo este argumento, mantiene imputado por un posible delito de prevaricación al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma por dos razones: firmar una instrucción supuestamente ilegal y permitir el incumplimiento de su propia orden, ya que las expulsiones se realizaban desde la zona de 'entre vallas' -como permitía la directriz-, pero también una vez superado la totalidad del entramado fronterizo.
Este mismo jueves han declarado como imputados otros ocho guardias civiles por un posible delito de trato degradante debido a las agresiones y posterior devolución de Dani, un ciudadano subsahariano que se quedó aparentemente inconsciente tras caer desde la valla melillense tras recibir los golpes de los agentes que le rodeaban.
El rechazo de la oposición
La oposición Emilio Olabarría Muñoz, diputado de PNV, criticó al ministro por “legalizar las denominadas devoluciones en caliente”, apuntó, contraviniendo la legislación internacional. Desde UpyD, Carlos Martínez Gorriagán se unió a los argumentos de Olabarría en su denuncia de la vulneración internacional de las devoluciones sumarias en frontera. “No es una ley democrática, no es solo que haya cuestiones concretas que no compartamos”, resumió el portavoz del grupo.
En Izquierda Plural, Ricardo Sixto, reiteró su compromiso con el resto de la oposición de derogar esta ley en cuanto tengan ocasión. Sixto dejó para el final su crítica a la “enmienda estrella”, la referida a las expulsiones en las ciudades autónomas: “Nada de lo que usted pretende solucionar, se soluciona con esta nueva ley”. “La ley introduce más confusión. Lo deja en la conciencia de la Guardia Civil, que tiene que cumplir con la legislación internacional y con sus órdenes como Gobierno”, añadió el representante de Izquierda Plural.
Desde el PSOE, José Ignacio Sánchez Amor defendió la oposición de su grupo a la norma. Ustedes crean un mecanismo, el rechazo en frontera, “que no cabe en el derecho internacional”. “Dejamos a las fuerzas de seguridad a los pies de los caballos con esta redacción”, añadió.