El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) se han reunido este miércoles con diputados del Partido Popular y Vox con el objetivo de recabar los apoyos necesarios para sacar adelante una reforma de la Ley de Extranjería que permita la creación de un sistema obligatorio para reubicar a menores extranjeros no acompañados desde aquellos territorios cuya capacidad de acogida se vea sobrepasada en momentos de crisis migratoria, como es el caso del Archipiélago que aloja a más de 5.000 niños migrantes solos. Mientras el partido de Santiago Abascal ha rechazado su respaldo a la medida, el PP deja la puerta abierta, aunque se resiste a apoyarla hasta que el borrador de la modificación legislativa no incluya las aportaciones de las comunidades autónomas, según han confirmado Torres y Clavijo tras los encuentros celebrados en el Congreso de los Diputados.
La reunión con el Partido Popular, que a pesar de formar parte del Gobierno de Canarias se resiste todavía a dar luz verde a la medida que permitiría descongestionar los centro de acogida de menores de las islas, ha concluido con el compromiso del Gobierno central de convocar una Conferencia Sectorial de Infancia las “próximas semanas” en Canarias para discutir con los distintos gobiernos regionales el contenido de la propuesta de reforma legislativa.
Los siguientes pasos pasan por estudiar “determinadas aportaciones” obtenidas de la ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para, “lo antes posibles”, concluir un nuevo borrador de la reforma, texto que será presentado ante las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. El objetivo del Gobierno central y del canario es llevar la modificación normativa al Congreso “antes de que acabe julio”, ya sea como decreto ley o proposición de ley.
“No hay fumata blanca con el PP porque todavía no hay un texto definitivo, pero que podemos decir es que el único que ha dicho un ”no“ rotundo es Vox”, ha afirmado el presidente canario.
“Estamos más cerca que nunca” ha declarado el ministro de Política Territorial, expresidente de Canarias, que lidera el proceso de reforma normativa. “Si queremos que se dé respuesta al interés general del menor necesitamos la colaboración de las comunidades autónomas. Se trata de una propuesta legislativa que puede ser no cumplida o llevada al constitucional, sin acuerdo, va a obstaculizar la consecución de objetivos”, ha declarado el líder del Gobierno canario para explicar la convocatoria de la conferencia sectorial. “Necesitamos el apoyo de las comunidades autónomas si no fuera así, sería imposible q sea exitosos”, ha añadido Torres.
A finales de abril, el Gobierno central y el canario acordaron impulsar una reforma urgente de la Ley de Extranjería, en concreto del artículo 35, para distribuir a los menores migrantes no acompañados llegados al país entre todas las autonomías con el objetivo de aliviar a aquellos territorios en situación de “emergencia”.
Esta modificación permitiría al Gobierno de España intervenir cuando las comunidades no ofrezcan su solidaridad para acoger a los jóvenes rescatados en la frontera sur, como ha sucedido hasta ahora. El enfoque acordado, según adelantó el ministro torres en abril, propone que los traslados se realicen en aquellas comunidades donde los menores acogidas superen el 150% de la capacidad de plazas asignadas. En Canarias, este límite si situaría en los 3.000 menores.
La actual normativa responsabiliza a las comunidades autónomas de la guarda y tutela de los menores, lo que en el caso de los niños y adolescentes que migran solos a España se traduce en la concentración de estos chavales en aquellos territorios a donde suelen llegar por su localización fronteriza, como Canarias, Ceuta y Melilla. El Archipiélago lleva años solicitando sin éxito un reparto solidario de estos chavales por la península. Cada uno de los pactos alcanzados en el pasado para distribuir a un número limitado de menores migrantes de manera voluntaria ha tenido siempre un enfoque no vinculante, y cada intento ha acarreado numerosos trámites, plazos prolongados y reticencias entre algunas comunidades autónomas. En cada crisis, el número de plazas ofrecidas por los gobiernos regionales no ha sido suficiente.
Actualmente, Canarias acoge a 5.500 menores y sus servicios de atención a la infancia se encuentran saturados, especialmente tras cada uno de los picos migratorios registrados en las islas. También se trata de una demanda histórica de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que por su ubicación son los responsables de acoger a cientos de menores extranjeros no acompañados a pesar de sus limitados recursos.
La reforma busca desbloquear la distribución de los niños y adolescentes extranjeros para agilizar los trámites y crear un mecanismo vinculante para las comunidades autónomas, una modificación normativa a la que se comprometió el PSOE con Coalición Canaria en un acuerdo para investir a Pedro Sánchez.
El resto de grupos
Tras las reuniones mantenidas esta semana con el resto de formaciones, Podemos se ha mostrado partidario de apoyar la propuesta de reformar la ley de Extranjería que proponen Canarias y el Estado. El diputado de Podemos Javier Sánchez ha subrayado que España tiene que acoger a los menores extranjeros “en las mejores garantías” y que debe cumplir los derechos humanos. “Se tienen que implicar todas las comunidades autónomas. No es solamente una cosa ni de Canarias, ni de Andalucía, ni de las comunidades del sur. Tiene que ser todo el país el que rinda cuentas de la crisis migratoria”, añadió.
Íñigo Errejón, diputado de Sumar, ha insistido en trasladar la responsabilidad al PP, después de que sus líderes hayan mostrado su rechazo al acuerdo en las comunidades en las que gobierna junto a Vox. Asimismo, considera que debe ofrecerse a las autonomías financiación suficiente para que puedan acoger a los jóvenes. En esta línea, Compromís ha acusado al presidente valenciano, Carlos Mazón (PP), de hacer demagogia con la inmigración.
El diputado de los comunes Gerardo Pisarello ha defendido que la acogida no es un favor que se esté haciendo a los migrantes, sino que hay “una gran necesidad de mano de obra”. “Cuando las personas están en un lugar, trabajan en un lugar, pagan impuestos en un lugar, viven en un lugar, deben ser consideradas de ese lugar”, apostilló.