El Congreso continuará la tramitación parlamentaria de la reforma del sistema de determinación de la edad de menores migrantes pese al intento de PP y Vox de frenarla apelando a un posible “efecto llamada”. El Pleno ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas proyecto de ley, impulsado por el Gobierno con el objetivo de adecuar la normativa a las recomendaciones emitidas por parte de organismos internacionales y nacionales, desde la ONU al Defensor del Pueblo, que han señalado a España en varias ocasiones por vulnerar los derechos de la infancia en este procedimiento.
Las enmiendas, presentadas por los grupos VOX y Popular, han sido rechazadas por 170 votos a favor y 176 en contra, por lo que el texto continuará su tramitación parlamentaria.
La iniciativa del Gobierno, pendiente desde la aprobación de la Ley de la protección integral a la infancia, busca atribuir la competencia del proceso de determinación de la edad, al que se enfrentan los menores migrantes cuya edad no sea acreditada a través de su documentación, a los juzgados de primera instancia especializados en familia. La reforma pretende, aunque de forma insuficiente para las ONG especializadas, blindar por ley que el sistema garantice, entre otras cosas, la presunción de la minoría de edad, el derecho a ser oído y ser parte del procedimiento, la especialización de los profesionales que formen parte del protocolo y la prohibición de pruebas invasivas como los desnudos integrales.
“Pasamos de un procedimiento administrativo, por tanto, a otro judicial centrado en los derechos del menor y abandonando, y esto también es importante, métodos de prueba intrusivos o de dudosa fiabilidad científica”, ha defendido este jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “El Gobierno es plenamente consciente de que esta nueva regulación garantista para los derechos de los menores puede generar inquietud en algunos territorios con especial presión migratoria y que podría temerse una mayor demora en los tiempos de gestión como consecuencia de la aprobación de estas normas. Sin embargo, nosotros nos comprometemos en unos procedimientos judiciales que sean ágiles”, ha recalacado.
Según el texto, un joven extranjero solo podrá pasar por las pruebas de determinación de la edad cuando no cuente con documentación que demuestre sus años, como marca la doctrina del Tribunal Supremo. No obstante, la propuesta añade que también deberán pasar por el proceso las personas con documentación considerada “inválida” por las autoridades pese a que no sea falsa, un supuesto que a juicio de las ONG puede ser aplicado de forma arbitraria y excluir, como ocurre en la actualidad, partidas de nacimiento emitidas oficialmente por determinados países, como Gambia. Por ello, una decena de ONG ha pedido la inclusión de mayores garantías.
“Estamos hablando, señorías, no lo olviden, normalmente de adolescentes que tienen 14, 15, 16 años, que abandonan su hogar, muchas veces forzados por la necesidad, por el hambre, por la guerra y que tantas veces llegan a nuestro país solos, sin sus padres tras un viaje traumático y un viaje difícil. Por eso querría preguntarme que qué preocupa a los grupos parlamentarios que han presentado una enmienda a la totalidad a estas dos normas no puede preocuparles a ninguno de los grupos parlamentarios aquí representados”, ha añadido el titular de Justicia en su defensa de la propuesta ante las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.
El Partido Popular rechaza la medida pues considera que el aumento de garantías en este procedimiento puede generar un aumento de los flujos migratorios a España. “Nos encontramos en un momento especialmente complicado con respecto al control de los flujos migratorios irregulares, y particularmente con los menores extranjeros no acompañados, que ha provocado un choque entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas”, apuntan los de Alberto Núñez Feijóo en su texto de justificación de las enmiendas. “Aparte del efecto llamada, esta reforma podría incentivar que cada vez más inmigrantes llegados de manera irregular a España se declaren menores de edad para evitar el inicio de su expediente de devolución, complicando aún más la gestión migratoria”, añade.
La diputada del PP, Sofía Acedo Reyes, ha defendido que la propuesta “va a acabar provocando un efecto incentivador para que el inmigrante se declare menor de edad y así evitar hasta en tanto se determina esta su devolución o retorno”. Según la parlamentaria, el nuevo procedimiento de determinación de la edad que plantea la medida carece de “plazos ciertos y reales plazos ciertos” y de “financiación para sustanciarlo” por lo que, a su juicio, la reforma “no garantizará ni los derechos ni la protección de los menores”.
Por su parte, Vox también ha señalado que la reforma “incentiva” la inmigración irregular porque el nuevo procedimiento aporta mayores “garantías y derechos” a los menores, como el acceso a intérprete o la justicia gratuita.
Las ONG quieren la reforma, pero con cambios
Las ONG especializadas en infancia pedían que siguiese adelante la tramitación de la medida, aunque consideran “imprescindible” la incorporación de una serie de cambios, como eliminar la posibilidad de que las autoridades consideren “inválida” la documentación de determinados países pese a contar con la autentificación de las embajadas correspondientes o las trabas a la reapertura de un expediente en caso de que la persona afectada pueda presentar más pruebas (por ejemplo, cuando las familias envían su documentación a los menores).
“Se valora positivamente que el Gobierno haya decidido regular el procedimiento de determinación de la edad y que se hayan incorporado algunas garantías esenciales, como la configuración del mismo como un procedimiento judicial, la previsión de la asistencia jurídica gratuita y preceptiva o la consideración de la primacía del interés superior del menor y la presunción de minoría de edad como principios rectores del procedimiento”, sostiene la Fundación Raíces.
“Sin embargo, consideramos que el procedimiento previsto en el proyecto de ley en tramitación parlamentaria no cumple plenamente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño, las recomendaciones del Defensor del Pueblo”, añade la organización. “Preocupa enormemente las posibles consecuencias de tramitar procedimientos de determinación de la edad respecto de personas documentadas con pasaporte, sin darles credibilidad a estos documentos pero al tiempo sin invalidarlos formalmente”, apunta el documento presentado en el Congreso junto a una decena de entidades más.
Las Naciones Unidas ha dictado al menos 14 dictámenes a favor de 14 menores de edad, en los que el Comité de Derechos del Niño considera que el procedimiento de determinación de la edad en España no cuenta con las garantías necesarias para proteger los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Convención. Fundación Raíces recuerda que dichas resoluciones concluyen que España “no toma como cuestión primordial el interés superior del niño durante el procedimiento, ante la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del niño emitidos por un país soberano, al someterlos a pruebas médicas estando documentados o al declararlos mayores de edad tan solo por su negativa de someterse a pruebas radiológicas y no habiendo sido asistidos por ningún tutor ni representante, tal y como el niño había designado para defender sus intereses”.