El Partido Popular y Vox comparten un mismo enfoque acerca del objetivo de las medidas sobre inmigración de un futuro Gobierno andaluz: promover “la cultura occidental” y vincularlas al “mercado laboral”. Con esa justificación, ambas formaciones han acordado que la próxima Junta de Andalucía envíe a la Policía datos de los inmigrantes en situación irregular que acudan al médico con la finalidad de expulsarlos, como exigió el partido de extrema derecha este martes.
Según el texto del pacto PP-Vox, ambos partidos se han comprometido a “apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”. No menciona los derechos humanos ni políticas enfocadas a su acogida. Tampoco detalla cómo se tratará de potenciar esa inmigración “legal” basada en un enfoque exclusivamente económico.
El listado de exigencias de Vox para apoyar la investidura de Juanma Moreno incluía una serie de medidas relacionadas con la inmigración. Entre ellas, el partido de extrema derecha pedía que la Junta de Andalucía denunciase a los inmigrantes que, según los registros autonómicos, se encuentren en situación irregular. Con este objetivo, solicitó la colaboración de la administración regional “en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”.
Según el documento de propuestas de Vox, el Gobierno andaluz “posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes 'ilegales”. Vox no ha aclarado el origen de esta cifra ni ha respondido a las preguntas de eldiario.es al respecto, sin embargo, el dato coincide con el número de extranjeros que cuentan con una tarjeta sanitaria o el documento de Reconocimiento Temporal sanitario en Andalucía, según un comunicado del sindicato policial Unión Federal de la Policía.
No solo coincide la cifra. La propuesta del partido de extrema derecha está calcada de la nota de prensa enviada por la UFP a finales del pasado diciembre. “La Policía Nacional no puede expulsar a miles de extranjeros irregulares de Andalucía porque no podemos acreditar su verdadera identidad, cuando 52.000 copias de los pasaportes de los extranjeros irregulares están bajo llave en los archivos del Servicio Andaluz de Salud”, solicitaban desde el sindicato policial.
Un día después, El Partido Popular ha comprado la propuesta, a pesar de que choca con lo establecido en las Ley de Protección de datos, así como la normativa que regula los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
El envío masivo de datos sanitarios contradice la Ley
Ambas leyes impiden la cesión de información incluida en historiales médicos entre administraciones públicas sin orden judicial o si la finalidad no es médica, estadística o histórica. Solo sería posible si una legislación específica lo contemplase pero, de momento, no existe.
A estas limitaciones se añade el enfoque de la propuesta original de Vox. Los de extrema derecha piden el intercambio de documentación para “expulsar a 52.000 inmigrantes”, es decir, buscan una cesión de datos masiva. Según varios expertos consultados por eldiario.es, en el caso de la creación de una ley que permitiese el envío de los datos registrados por el Sistema Andaluz de Salud, nunca podría aprobarse de forma “indiscriminada y masiva”.
“Pedir todos los datos recabados de los inmigrantes en situación irregular, sin señalar casos particulares, para expulsarlos, no es un uso válido. No hay motivo, no hay razón”, valora José Luis Piñar, ex director de la Agencia Española de Protección de Datos . “Es una barbaridad”, añade el también catedrático de la Universidad San Pablo CEU. Según explica, la propuesta rompe con dos principios básicos de la protección de datos: el de proporcionalidad y el de finalidad.
“Si se crease una ley con la finalidad de lograr este objetivo, la tumbaría el Constitucional”, apunta Piñar, quien considera que el envío masivo de datos a la Policía con fines de expulsión contravendría el Artículo 18 de la Carta Magna, que ordena poner límites al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
En esta línea se posicionó en 2013 una sentencia del Constitucional acerca del acceso de la Dirección General de la Policía a los datos recogidos por el padrón municipal. Aunque el Alto Tribunal validó la disposición de la Ley de Extranjería que contemplaba compartir datos con la Policía Nacional, aclaró sus límites. La cesión de esta información debía estar “sometida a control” para, reza el fallo, “evitar un uso torticero de dicha facultad como accesos indiscriminados o masivos”.
Es decir, el acceso de la Policía al empadronamiento podría efectuarse pero siempre que se desarrolle de “forma puntual habilitado para ello” y en relación a “datos concretos cuya necesidad ha de ser también justificada de forma expresa”, concluyó el Constitucional.
La iniciativa de Vox aceptada por el PP, además de contradecir la actual legislación, se enfrentaría a peligros para la salud de las personas afectadas, denuncian organizaciones especializadas en salud. La ONG Médicos del Mundo ya ha alertado del peligro ligado a este tipo de propuestas, dado que, aunque nunca lleguen a aplicarse, “generan un efecto disuasorio”.
“Estas informaciones generan miedo entre la población migrante en situación irregular, incluso cuando tienen derecho a ello. Si se convirtiese en Ley, eso tendría una efecto muy grave en la salud del colectivo pues quienes se viesen afectados no irían al médico. Va en contra de un sistema sanitario moderno y contra el principio de prevención”, lamenta Pablo Iglesias Riando, técnico de incidencia política de la ONG. A su vez, el efecto disuasorio en un sector de la población, añade, también puede provocar “problemas de salud pública”.
Más allá de la colaboración “documental” de la Junta con la Policía, el pacto PP-Vox también se compromete a “cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un ”efecto llamada“ y ”combatir a las mafias que trafican con personas“. Organismos internacionales como el Alto Comisionado para las Naciones Unidas llevan tiempo insistiendo en la inexistencia de tal ”efecto llamada“, sino que las causas particulares de persecución y miseria empujan a la mayoría de las migrantes a abandonar sus hogares, independientemente de las políticas aplicadas.
El acuerdo PP-Vox no cita de forma explícita la propuesta lanzada también este martes por la formación de extrema derecha que solicitaba a la Junta de Andalucía la “promoción en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal”. La iniciativa ahondaba en la criminalización que determinados Estados europeos están sometiendo a las ONG que salvan vidas de personas migrantes en el Mediterráneo.