¿La solidaridad puede tener apellido? En el caso de la Unión Europea, sí. Y, en relación con la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Pacto de Migración y Asilo, esa solidaridad es flexible, o a la carta, o a medida de los gobiernos que no quieren acoger migrantes ni refugiados y que vetan cualquier tipo de pacto en una política que requiere unanimidad. Es decir, básicamente Austria y los cuatro de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia). Pero, ¿en qué consiste? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha dejado claro: “No se trata de si un país debe mostrar solidaridad, sino de cómo debe mostrarla”.
¿Solidaridad a la carta? “No, nuestra propuesta no fija cuota de reparto obligatorio”. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha sido elocuente este miércoles: la solidaridad entendida como una corresponsalidad de los 27 con un problema que sobre todo sufren los países de la frontera Sur de Europa (España, Italia, Grecia y Malta) no existe en esta propuesta de pacto. Sí estaba en la de la Comisión de Jean-Claude Juncker para abordar la crisis de los refugiados de 2015. Pero nunca prosperó, precisamente por la oposición de Austria, Visegrado y la Italia de Matteo Salvini –hombre fuerte en Roma en 2018 y 2019–.
“Habrá cuotas y puedes elegir si contribuirás a tu cuota a través de la reubicación o el patrocinio de retorno o una combinación de ambos. No hay ningún mecanismo que diga que tienes que hacer, especialmente la reubicación. Si lo deseas, siempre puedes elegir un patrocinio de devolución. Y eso se debe a que necesitamos tanto la reubicación como el regreso”, ha dicho Johansson.
¿Y en qué consiste la solidaridad flexible? Consiste en que quien no quiera acoger refugiados puede dedicarse a contribuir en los retornos, o con logística o con apoyo financiero en los puntos de llegada. Es decir, que el canciller austriaco, Sebastian Kurz, no tendrá que acoger a ninguna persona rescatada en el Mediterráneo que huye de las guerras y el hambre. Podrá elegir entre financiar su repatriación o instalaciones para agilizar los controles en las fronteras.
¿Patrocinio de retorno? Es la expresión que ha elegido Bruselas –return sponsorship– para definir la contribución de aquellos países que no quieren acoger migrantes ni refugiados. “El nuevo mecanismo de solidaridad se centrará principalmente en la colaboración en la reubicación o el retorno”, dice Bruselas. De esta manera, “en el marco del retorno, los Estados miembros proporcionarían todo el apoyo necesario al Estado miembro bajo presión para devolver rápidamente a quienes no tienen derecho a permanecer, asumiendo el Estado miembro de apoyo toda la responsabilidad si el retorno no se lleva a cabo dentro de un período establecido. Los Estados miembros pueden centrarse en las nacionalidades en las que vean más posibilidades de tener éxito. Si bien cada Estado miembro tendrá que contribuir con la reubicación y/o retorno, y se aplicaría una clave de distribución, los Estados miembros tendrán la flexibilidad de decidir si compartir su esfuerzo y en qué medida entre las personas que serán reubicadas y aquellas a las que se aplicaría el apoyo para la devolución”.
En el marco del patrocinio de retorno, “un Estado miembro se compromete a devolver a los migrantes irregulares sin derecho a permanecer en nombre de otro Estado miembro, haciéndolo directamente desde el territorio del Estado miembro beneficiario de la ayuda”, dice la Comisión Europea: “El Estado miembro patrocinador proporcionaría, por ejemplo, asesoramiento sobre el retorno a los migrantes irregulares con fines de retorno voluntario, ofrecería apoyo económico y práctico para ayudar en su retorno voluntario y reintegración o lideraría el diálogo sobre políticas con países no pertenecientes a la UE en nombre de otro Estado miembro para facilitar la identificación y readmisión. Esto se haría mientras el migrante irregular todavía se encuentra en el territorio del Estado miembro beneficiario que se beneficia de dicha ayuda”.
“En sus planes de respuesta solidaria, los Estados miembros podrán elegir qué nacionalidades desean patrocinar el regreso”, explica Bruselas. “Si estas personas no han regresado en un plazo de ocho meses (o cuatro meses en una situación de crisis), serán trasladadas al territorio del Estado miembro patrocinador para finalizar el procedimiento de retorno desde allí”.
¿Hay otras formas de solidaridad a medida? “Las contribuciones solidarias pueden consistir en medidas destinadas a fortalecer la capacidad de un Estado miembro específico en el ámbito del asilo”, responde Bruselas, “la recepción o el retorno. Ejemplos de dicho apoyo incluyen la asistencia para poner en marcha una capacidad de recepción mejorada (por ejemplo, infraestructura), asistencia financiera o de otro tipo para la infraestructura y las instalaciones necesarias para hacer cumplir mejor las devoluciones, así como material o medios de transporte para las operaciones de retorno”.
Las contribuciones también pueden incluir medidas destinadas a apoyar a un Estado miembro específico en aspectos externos de la gestión de la migración, por ejemplo, mediante el compromiso con países de origen o tránsito de fuera de la UE o la financiación dirigida a gestionar la situación de asilo y migración en un país de fuera de la UE desde donde se están produciendo llegadas.
¿... Y qué pasa con las fronteras? Pues la Comisión Europea quiere reforzar los controles y agilizar las devoluciones. De esta manera, Bruselas quiere establecer “un procedimiento de asilo en frontera nuevo y más rápido y, en su caso, seguido de un procedimiento de retorno rápido, para acelerar la toma de decisiones y hacer que los procedimientos de asilo sean más eficientes”. El plan de la Comisión Europea es “centrarse en los solicitantes en lugar de en las solicitudes para determinar la responsabilidad de las solicitudes de asilo; impedir los movimientos no autorizados a otros Estados miembros; facilitar la reubicación y un mejor seguimiento de los repatriados; hacer un seguimiento del apoyo para la salida voluntaria y la reintegración”.
Así, Bruselas propone introducir “por primera vez controles fronterizos previos a la entrada de las personas para identificar a quienes cruzan las fronteras exteriores de la UE sin permiso, o que han sido desembarcadas después de una operación de búsqueda y salvamento”. El Ejecutivo comunitario quiere que se establezcan, además, controles “de salud y seguridad, toma de huellas dactilares y registro en la base de datos Eurodac”.
¿Eurodac? Eurodac se modifica para “incluir el recuento de solicitantes individuales en lugar de solicitudes. Esto ayudará a aplicar nuevas disposiciones sobre la transferencia de responsabilidades dentro de la UE, evitar los movimientos no autorizados a otros Estados miembros, facilitar la reubicación y garantizar un mejor seguimiento de los repatriados”, afirma Bruselas. “También hará un seguimiento del apoyo para la salida voluntaria y la reintegración. El nuevo Eurodac sería totalmente interoperable con las bases de datos de gestión de fronteras, como parte de un sistema de gestión de fronteras y migración integral e integrado”.
¿Y cómo se hacen los nuevos exámenes en las fronteras? Es un nuevo procedimiento que sería aplicable a todas las llegadas a las fronteras exteriores y también a quienes llegarían y desembarcarían tras una operación de búsqueda y salvamento. El tiempo que duraría esta revisión es de cinco días. Y durante este tiempo, a las personas que estarían llegando serían se les revisaría su identidad, su salud, y también se realizaría un control de seguridad. La evaluación también permitiría la posibilidad de canalizar a las personas hacia los procedimientos correspondientes: un procedimiento de asilo en la frontera o un procedimiento de asilo normal o de protección internacional.
En paralelo, la UE propone reforzar alianzas con países de origen para agilizar los retornos.
¿Por qué algunas ONG critican los procedimientos rápidos de asilo en frontera? Las organizaciones especializadas en asilo alertan de que los estudios exprés de peticiones de asilo tienen el riesgo de dejar de lado el respeto de todas las garantías, como la exigencia de un análisis individualizado de cada solicitud, como exige la Convención de Ginebra. Quienes solicitan protección internacional suelen haber vivido situaciones traumáticas que, en numerosos casos, dificultan describir con rapidez un relato coherente de los episodios que les han empujado a huir.
¿Y qué opinan los políticos? El Gobierno de España, que siembre ha abogado por las cuotas obligatorias de reparto, reaccionó con frialdad diez horas después de conocerse la propuesta para decir que la “estudiará con atención”.
Formaciones que participan del gobierno de coalición en España con el PSOE sí han expresado su rechazo a la propuesta. El eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun (Verdes): “Entierra la solidaridad y repite los mismos errores del pasado”. La portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego, ha afirmado: “La propuesta de la Comisión sobre migración y asilo se resume en lo siguiente: deportaciones a cambio de no acoger”. “La 'flexibilización' del reparto y el hecho de que deje de ser legalmente vinculante es una victoria para el norte y el este, frente a los países que más presión migratoria soportan, contra los valores de la UE y contra los derechos de las personas migrantes”, ha afirmado la portavoz de Podemos, Idoia Villanueva.
Por su parte, Alemania, un país que siempre se ha mostrado favorable a acoger refugiados, ha dado la bienvenida a la propuesta de la Comisión Europea, presidida por una ex ministra de Defensa de Angela Merkel; lo mismo que ha hecho el Gobierno francés de Emmanuel Macron.
En la Eurocámara, la presidenta de los socialistas, la española Iratxe García (PSOE/S&D) también ha saludado la iniciativa, al tiempo que ha pedido que incluya el sistema obligatorio de reparto.
Uno de los más destacados eurodiputados liberales, el antiguo presidente del grupo parlamentario, Guy Verhofstadt, ha criticado duramente el proyecto: “No podemos basar nuestras políticas en los extremismos de Hungría y Polonia”.
Quien sí lo ha defendido sin matices es el grupo popular del Parlamento Europeo. La maltesa Roberta Metsola portavoz del Grupo del PPE sobre Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, ha afirmado: “Nuevo paquete de migración con nuevas reglas sobre solidaridad real entre todos los Estados, reasentamiento, lucha contra los traficantes, poner fin a la regulación de Dublín, mejor gestión de fronteras, procedimientos más rápidos y retornos seguros y eficientes”.
Sin embargo, tanto a la extrema derecha de Vox como al gobierno autoritario de Hungría la propuesta les parece insuficiente en comparación con el blindaje de las fronteras que defienden, y excesivo en cuanto a que establece una solidaridad obligatoria, aunque sea a medida.
¿Qué ha pasado en otros países con los centros donde esperan los solicitantes de asilo, los llamados 'hotspot'? Las condiciones de los actuales 'hotspot', defendidos por Bruselas para realizar el triaje en función de las necesidades de los solicitantes, son muy criticadas por las ONG, que ponen como ejemplo la situación de las islas griegas donde decenas de miles de potenciales refugiados esperan durante años una respuesta a sus peticiones de protección.
“El trágico incendio que destruyó por completo el campo de personas refugiadas de Moria en Grecia ha puesto de manifiesto el fracaso de Europa a la hora de mantener un sistema humanitario de migración y asilo. El enfoque de hotspots establecido en 2015 ha fracasado rotundamente y debería eliminarse, no ampliarse ni reformarse. En lugar de ofrecer un proceso de asilo justo y oportuno, los procedimientos acelerados dieron como resultado un sufrimiento masivo en campos de personas refugiadas míseros y superpoblados. Grecia ha infringido la legislación de la UE y Europa ha hecho la vista gorda”, han advertido desde Oxfam Intermón. “En los hotspots de la UE en Grecia, donde familias enteras han sido detenidas, de facto o realmente, y las personas que buscan asilo tienen un acceso limitado o nulo a la atención médica y otros servicios básicos”, denuncian desde la ONG.
Bruselas insiste en apostar por los acuerdos de “cooperación” con los países de tránsito como vía para reducir las llegadas irregulares de inmigrantes a la UE. ¿A qué se refiere? En los últimos años, desde la Cumbre de la Valeta celebrada en 2015, los principales países de entrada irregular a la UE (Italia, España y Grecia), apoyados por Bruselas, han aumentado sus esfuerzos para estrechar los lazos de colaboración por aquellos terceros países por donde pasan las personas migrantes en su camino a la Unión Europea. Buscan que las autoridades de países como Libia, Turquía y Marruecos sean quienes frenen su entrada a suelo comunitario, lejos de nuestras fronteras, a cambio de fondos europeos.
¿Cómo afectan estos acuerdos a las personas migrantes en el terreno? Bajo este tipo de acuerdos, Italia ha encargado a Libia la coordinación de rescates de migrantes, con el objetivo de que estos sean interceptados y devueltos a suelo libio. Allí suelen ser encerrados en centros donde, según la ONU, sufren torturas y “horrendos abusos”. Muchas veces se les pierde el rastro por la venta a mafias, que también se dedican a la explotación sexual. Este jueves, Amnistía Internacional publica un informe con nuevas pruebas sobre los abusos sufridos por las personas subsaharianas en el país norteafricano.
Otro ejemplo es Marruecos, socio clave del Gobierno español. El Ejecutivo marroquí ha aumentado su control fronterizo en el norte del país desde el compromiso de la Unión Europea de enviar 140 millones de euros para frenar el pico migratorio registrado en España en 2018. Las llegadas se han reducido a más de la mitad desde entonces. Mientras, migrantes y las ONG que los apoyan denuncian redadas indiscriminadas y vulneraciones de derechos humanos. En este especial, elDiario.es contó en profundidad las consecuencias de la cesión del control fronterizo europeo a terceros países.
¿Cuántas personas han llegado a la Unión Europea en 2020? Aunque ha provocado un descenso de las cifras, la pandemia no ha frenado la migración hacia la Unión Europea. En lo que llevamos de año, 55.160 personas han arriesgado su vida para llegar a suelo comunitario de manera irregular. Italia se ha colocado de nuevo como principal país de entrada, tras haber recibido 22.437 migrantes por vía clandestina en 2020. Le sigue España, con 17.204 llegadas; y Grecia, con 12.577, según los datos de Acnur.
Las muertes tampoco cesan. En 2020, 604 personas han fallecido en su intento de llegar a la Unión Europea, la mayoría en inestables embarcaciones. De ellas, 379 personas han muerto en su camino hacía Italia, la ruta más mortífera. Por su parte, 132 migrantes han perdido la vida en la ruta hacia España en lo que va de año, después de la reactivación del flujo hacia las Islas Canarias, más peligroso.
¿Y ahora qué? Corresponde ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE (los gobiernos) examinar, debatir y aprobar la legislación necesaria para hacer realidad una política común de asilo y migración de la UE. “Dada la urgencia de las situaciones locales en varios Estados miembros”, dice la Comisión Europea, “se invita a los colegisladores a alcanzar un acuerdo político sobre los principios fundamentales del reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y a adoptar el Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la UE y el Reglamento sobre Eurodac antes de finales de año”.