El coste humano de la “guerra contra las pandillas” de El Salvador ha quedado al descubierto a través de un nuevo informe. Decenas de presos fueron torturados y asesinados en prisión después de ser capturados durante el primer año de la ofensiva lanzada por el presidente Nayib Bukele contra las bandas salvadoreñas, según la organización de derechos humanos Cristosal.
La investigación, de más de cien páginas, documenta que al menos 153 personas han muerto bajo custodia después de ser arrestadas durante la operación. La ONG ha confirmado que 29 de esas muertes fueron violentas, mientras que ha calificado otras 46 de sospechosas. Según documenta Cristosal, los cuerpos de la mayoría de estas 75 víctimas presentaban signos de tortura, pero las causas de sus muertes fueron clasificadas como “indeterminadas” o “naturales”, por lo que el verdadero número de fallecimientos violentos podría ser mayor.
El grupo de derechos humanos asegura haber obtenido fotografías e informes forenses que muestran cuerpos con signos de “asfixia, fracturas (de hueso), hematomas significativos, cortes, perforaciones”. Algunos parecían haber muerto por malnutrición. Casi la mitad de las víctimas eran hombres de entre 18 y 38 años. La ONG dice que algunos prisioneros fueron torturados con descargas eléctricas, denuncia la ONG.
Noah Bullock, director de Cristosal, ha defendido que los resultados del informe evidencian que las violaciones de derechos humanos bajo el actual Gobierno de El Salvador son “una práctica sistemática más que una excepción”. El grupo basa su informe en las entrevistas realizadas a decenas de familiares de los fallecidos y de expresos, así como en los informes forenses oficiales y en el trabajo de campo realizado.
El Gobierno de El Salvador ha rechazado las críticas recibidas sobre su campaña contra las pandillas, que se han traducido en más de 67.000 personas arrestadas desde el inicio del estado de excepción en marzo de 2022. El Ejecutivo acusa a las ONG críticas y los medios de comunicación de defensores de las pandillas y “terroristas”.
Los entusiastas de las criptomonedas en Norte América han defendido al líder autoritario amante de las Bitcoin y su represión contra las pandillas. También han apoyado a Bukele partidos de extrema derecha procedentes de otros países latinoamericanos que tienen problemas con el crimen y la violencia.
Incluso los críticos con el Gobierno admiten que la represión —que parece garantizar la continuidad de Bukele en las elecciones presidenciales del próximo año— ha supuesto un cambio radical para las comunidades salvadoreñas pobres que han vivido durante años bajo el brutal control de las pandillas.
Miles de familias rotas
“El desmantelamiento de las pandillas tiene un potencial de cambio de vida enorme para el país”, informó el medio El Faro a principios de este año en una investigación de 5.000 palabras sobre la aparente disolución de estos grupos. “Han arruinado a las pandillas tal y como las conocías”, dijo el jefe de una pandilla a El Faro.
Sin embargo, estos avances han supuesto un gran coste para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles de El Salvador, así como para las miles de familias rotas con algunos de sus miembros capturados en la ofensiva del Gobierno.
Vilma Mancía se ha visto obligada a criar a sus seis nietos después de que sus dos hijos, de 22 y 29 años, fueran detenidos durante la represión. “Nadie me ayuda, ni si quiera a encontrar comida... No sé qué hacer”, dice Mancía, de 65 años y originaria de Apopa, recientemente diagnosticada con cáncer de estómago.
El año pasado The Guardian documentó el caso de un joven salvadoreño que murió en misteriosas circunstancias después de ser arrestado en Salcoatitán, una ciudad turística en el corazón cafetero de El Salvador.
Juan José Ibáñez García —trabajador de 21 años en un restaurante cuyos amigos afirmaron que no tenía relación con el crimen organizado— murió el pasado mayo, 15 días después de ser arrestado. “Teníamos tantos sueños... de ser padres; de construir un negocio juntos; de estudiar juntos... y ahora todo se ha ido”, cuenta su novia, Sandra García. La joven, de 23 años, admitió haber votado a Bukele en 2019: “Muchos salvadoreños pusimos nuestra confianza en Bukele y fuimos engañados”.
La publicación del informe coincide con la sentencia de la Justicia salvadoreña contra uno de los antecesores de Bukele en la presidencia, Mauricio Funes, por haber negociado una presunta tregua con las pandillas durante su mandato (2009-2014). El expresidente, condenado a 14 años de prisión, vive en el exilio en Nicaragua desde 2019, lo que significa que no puede ser detenido.
La administración de Bukele, a pesar de su represión contra las pandillas, también ha sido acusado de negociar con ellas. En 2021 Estados Unidos aseguró que el líder salvadoreño selló una tregua secreta con los líderes de los grupos Barrio-18 y MS-13. El mandatario centroamericano lo ha negado.