Cuando Rigoberto* supo que era uno de los 250 hondureños seleccionados en su país para trabajar en Huelva durante la campaña de la fresa, pensó en su casa destruida por las últimas tormentas tropicales en Honduras, en sus fincas arrasadas por las plagas y en sus niñas enfermas. Celebró la noticia como “una oportunidad” para ayudar a su familia.
Después de hacer varios cálculos, decidió que valía la pena el largo viaje a España y los gastos no incluidos en la oferta, en comparación con el salario recibido. Su objetivo era, dice, arreglar su vivienda aún dañada por los efectos de los desastres climáticos que azotaron el país en 2020. Pero ahora, tras la primera nómina recibida, ni a él ni a sus compañeros les salen las cuentas.
“Cuando nos entrevistaron en Honduras nos dijeron que íbamos a cobrar alrededor de 1.400 lempiras al día (50 euros), pero aquí nos hemos encontrado que no estamos ganando eso, sino que recibimos unas 1.141 lempiras (41 euros/día)”, asegura el jornalero hondureño, contratado por la empresa Agromartín. No tiene queja con el trato recibido pero, según explica, a su llegada se ha producido un choque de expectativas. “Allá no nos explicaron que esa cantidad correspondía al sueldo sin deducciones. Nos dijeron que solo tendríamos que pagar la alimentación. Ahora nos encontramos que, además de los impuestos, nos quitan el coste de luz y gas”, protesta el trabajador por teléfono desde Huelva, mientras se escuchan de fondo quejas de otros compañeros.
Mario* trabaja en Doñana 1998, la segunda de las dos compañías que ya tienen a jornaleros hondureños trabajando en sus fincas. Su queja se centra también en la diferencia entre el salario “comprometido” y el obtenido. “Nos dijeron que cobraríamos 50 euros al día y ahora nos vienen con esto. En el contrato que firmamos no decía nada de salario, nos fiamos. Ahora nos dicen que ganaremos alrededor de 40 euros al día y que podremos estar aquí hasta el cierre de campaña, así que no sabemos ni el tiempo que vamos a poder trabajar”, dice el jornalero, procedente del departamento de Santa Bárbara, zona cafetera de Honduras.
El contrato firmado en origen, al que ha accedido este medio, cita que su trabajo será remunerado “según convenio”. “Nadie nos dio el convenio, no lo leímos, no sabíamos ni a qué se refería”, reconoce el empleado, de familia humilde.
Ambos temporeros forman parte del primer contingente de jornaleros contratados en Honduras y llegados a España en el marco del programa de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), a través de un proyecto piloto por el que 250 trabajadores hondureños (de los que han llegado 24, repartidos en dos empresas) y 250 ecuatorianos (de los que 44 ya están en Huelva) trabajarán durante la campaña de recolección de los frutos rojos. Su llegada se suma a la habitual contratación temporal de más de 12.000 temporeras procedentes de Marruecos, de las que ya han llegado 800, según las últimas cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Qué dice la orden del proyecto
El proyecto piloto obliga a los empresarios a pagar el viaje de ida a España, mientras que el empleado corre a cargo del billete de vuelta, un gasto que los jornaleros consultados sí conocían y han contemplado en sus cuentas antes de tomar la decisión de trabajar en nuestro país. La empresa debe proporcionar “alojamiento durante el trabajo” y “garantiza Salario Mínimo Interprofesional en su contrato”, según apuntan fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, responsable de la gestión del programa en materia migratoria.
A nivel laboral, el detalle de las condiciones de trabajo y de alojamiento depende de las empresas participantes, explican las mismas fuentes. La Organización Internacional de las Migraciones, a través de una subvención del Ministerio de Migraciones, tiene la misión de “verificar que todos esos alojamientos” cumplan una serie de recomendaciones incluidas en la orden que regula el programa de contratación en origen. La cartera dirigida por José Luis Escrivá niega la situación de “desconocimiento” denunciada por los jornaleros**. Según explica una portavoz, “altos cargos de la Dirección General de Migraciones, se desplazaron tanto a Ecuador como a Honduras y estuvieron presentes en las entrevistas en origen, presenciando las explicaciones de las condiciones tanto económicas, como las relacionadas con los gastos, el viaje, y demás detalles de su estancia”.
Agromartín, una de las dos empresas que ha contratado a los 24 jornaleros hondureños que ya han llegado a España, confirma una deducción de 1,9 euros al día de luz y gas a cada jornalero, es decir, 57 euros mensuales. Según defiende el gerente de la empresa, el cobro del suministro de gas y luz está amparado por el convenio colectivo del campo en la provincia de Huelva. El documento habla de la obligación del empresario a facilitar un alojamiento “gratuito” en “condiciones dignas”, pero no realiza mención alguna sobre este tipo de gasto, según ha comprobado este medio. elDiario.es ha tenido constancia de que los temporeros de esta compañía han recibido presiones al conocer que las quejas de sus empleados habían llegado a oídos de este medio. La organización Freshuelva, que representa a esta compañía y formó parte del proceso de selección, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.
Tres trabajadores hondureños de Agromartín niegan haber sido informados de su deber de pagar la luz y el gas antes de su llegada a España. “No sé si es legal o no, pero no nos avisaron en Honduras. Nos lo dijeron cuando llegamos. Nos parece un gasto excesivo. Solo usamos un 'foquito' para iluminar el cuarto y muchos días el agua caliente no funciona, ya hemos tenido que avisar varias veces para que nos lo arreglasen”, sostiene Rigoberto. En la vivienda proporcionada por la empresa viven 16 jornaleros, por lo que en total les quitarían 912 euros al mes para financiar los gastos derivados de luz y gas.
Tres temporeros contratados por Agromartín también aseguran que la compañía les ha cobrado alrededor de 10 euros por persona por un test de antígenos realizado a su llegada a Huelva. Según la orden que regula el programa, “las realizaciones de aquellas medidas dirigidas a dar cumplimiento a los requisitos de control sanitario para el SARS-COV-2 exigidos en el control fronterizo, o en los desplazamientos intermedios, que establezca la autoridad sanitaria competente, asumiendo el coste que derive de las mismas”. La empresa lo niega.
“Casi gano lo mismo que en Honduras”
José Antonio* se plantea regresar a su país sin finalizar el contrato. “Vinimos aquí con muchas metas, dejamos hasta deudas para hacer el papeleo necesario para venir, algunos dejaron sus finquitas ahí botadas (abandonadas) por venir y estamos lejos de nuestras familias”, explica el hondureño, que se dedicaba al transporte de mercancías en la capital de su país. “Si la cosa sigue así, algunos nos planteamos volver. Haciendo las cuentas, gano casi lo mismo al día que en mi país”, añade el trabajador temporal de Agromartín.
Los empleados también se han mostrado descontentos con las habitaciones del alojamiento proporcionado por la empresa. “Dormimos cuatro personas en unos cuartitos chicos. A veces tienes que esperar y no tienes suficiente espacio para moverte en el cuarto. Tampoco sabemos dónde poner las cosas de comida. No nos caben ni las maletas”, indica Rigoberto. Según ha podido comprobar este medio, los jornaleros duermen en habitaciones pequeñas con dos literas dobles, separadas por un estrecho pasillo. “El agua sale a veces bien, pero a veces fría. Aunque esté con el bombona, a veces falla”, se queja. Las recomendaciones de la Organización Internacional de las Migraciones incluidas en la orden que regula el programa apuntan a que el alojamiento debe garantizar agua caliente suficiente para todos los habitantes.
Los jornaleros hondureños y ecuatorianos, a diferencia de las marroquíes, asumen mayores riesgos de su decisión de viajar a España para trabajar en el campo temporalmente. La distancia y el coste del billete de vuelta es uno de los obstáculos a los que deben enfrentarse. “En Honduras trabajaba en el campo, en el transporte de equipo pesados. Decidí viajar para acá, para ver qué solucionamos... Porque allá a veces trabajamos duro y no sale apenas nada”, dice Mario, quien dejó en Honduras cinco hijos, a su esposa, su padre y su madre. “Tenía un gran debate por alejarme de mi familia, pero tenía mucha necesidad y pensaba que valía la pena. Hace cuatro días, cuando ya estaba en España, le pegó un derrame a mi papá... Y ahora me veo aquí, ganando menos de lo esperado... Es una decepción muy dolorosa”. El temporero de Doñana 1998, que en su caso no tiene queja con el alojamiento, asegura que trabaja 8 horas al día, con media hora de descanso. “No da tiempo casi ni de beber agua”, apunta el hondureño.
“Teníamos tantas ilusiones... No es lo que esperábamos. Estamos decepcionados”, añade Rigoberto, quien aspiraba a arreglar la casa de adobe donde vive en una zona rural del país centroamericano. “Yo, ya que estoy aquí, voy seguir trabajando, porque quiero terminar el contrato y mandarles un poco de dinero a Honduras. El problema es que hay compañeros que dicen que prefieren no seguir… El dinero que ganamos, con el coste de vida de Honduras, es poquito dinero, a lo que hay que sumar que tenemos que pagar el boleto del vuelo de regreso... Casi cobramos lo mismo aquí que en Honduras”, se lamenta también Rigoberto.
Ahora, con las nuevas cuentas, el hondureño ha asumido que las obras que requiere su vivienda tendrán que esperar: “Yo ahorita, con el sueldito que tengo, no creo que me llegue para arreglar la casita, ni comprar un poco de tierra o mi carrito... no lo creo”.
*Los nombres de los jornaleros son ficticios para proteger su anonimato, debido al miedo expresado por estos ante las posibles consecuencias tomadas por sus empresa por hablar con la prensa.
**Este artículo ha sido modificado este lunes para reflejar la posición actualizada del Ministerio de Inclusión, que ha enviado una respuesta más detallada a la aportada a elDiario.es antes de su publicación.