El juzgado de instrucción número 2 de Melilla ha dictaminado prisión provisional sin fianza y comunicada para los dos policías nacionales acusados de mantener relaciones sexuales con un menor extranjero a cambio de regalos y dinero. Los agentes, que han negado los hechos, se encuentran además imputados de manera individual por otros delitos relacionados con el acceso a pornografía infantil, según el auto al que ha tenido acceso eldiario.es.
Al primero de los policías se le acusa de delitos de abuso de menores, prostitución de menores y posesión de material pornográfico infantil. El segundo ha sido encausado por favorecimiento de prostitución de menores y elaboración de material pornográfico.
Teniendo en cuenta las pruebas obtenidas, el juez Emilio Lamo de Espinosa, titular del juzgado número 2 de Melilla, ha decretado prisión provisional ante el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas inculpatorias. No obstante, podrán recibir visitas y mantener correspondencia.
Las versiones se contradicen. Mientras los dos acusados niegan rotundamente haber mantenido relaciones sexuales con el menor, el relato de éste acusa a los policías de haberle dado alcohol y drogas, y ha subrayado en sus declaraciones que las relaciones no fueron consentidas.
Durante el juicio, además, el menor centró la atención en un episodio que le mantuvo encerrado durante una semana en la casa de uno de los agentes, al que pidió más dinero a cambio de favores sexuales, y que no accedió a dárselo. Tras siete días, el menor consiguió salir y contó los hechos en la Consejería de Bienestar Social de la ciudad de Melilla, lo que propició la investigación y la detención posterior de los dos policías.
Existen informes contradictorios sobre si la víctima, que confesó que las relaciones eran consentidas, es verdaderamente menor de 18 años. Varios escritos forenses presentados en el juicio reflejan que el joven es mayor de edad. Las pruebas médicas de determinación de la edad que se practican a los adolescentes migrantes que llegan solos a España han sido denunciadas por la Defensora del Pueblo y varias ONG por su amplio margen de error.
Sexo a cambio de regalos
Los hechos se remontan al pasado 12 de octubre, día en el que dos agentes de la Policía Local detuvieron a un menor que portaba un teléfono móvil de alta gama. Durante el interrogatorio, el menor confesó que lo había obtenido como regalo de un policía nacional que, junto a otro, regalaba dinero a cambio de mantener relaciones sexuales, lo que motivó la detención de los agentes.
Tras la detención, la Jefatura Superior de Policía puso a los agentes a disposición judicial, y quedaron apartados del servicio y puestos en libertad con cargos. Según el primer auto, el menor declaró que había mantenido relaciones con, al menos, uno de los agentes, que éste era consciente de que se trataba de un menor de edad y que ninguno de los dos policías le obligaron a mantener relaciones.
El menor pertenece al grupo de menores extranjeros no acompañado (MENA) que la Consejería de Bienestar Social y Sanidad tiene a su cargo en los centros de acogida. Son los niños que migran solos hasta España, a los que el Estado tiene la obligación de tutelar y responsabilizarse de su integración en España, al igual que a cualquier otro niño en desamparo. La Administración asume su tutela, que en España queda bajo competencia de las comunidades y ciudades autónomas, y por tanto se responsabiliza del bienestar de los menores.
Al tratarse de una ciudad fronteriza con Marruecos, Melilla acoge a cientos de menores no acompañados, la mayoría de origen marroquí, que viven en la ciudad autónoma con la esperanza de cruzar a la Península.
Sin embargo, estos menores se encuentran bloqueados en la ciudad autónoma aunque sus recursos de acogida de menores estén saturados. La Consejería de Bienestar Social de Melilla sostiene que esto se debe a que la ciudad autónoma no forma parte del espacio Schenguen y, según aseguran, “cada comunidad asume los menores de su propio territorio y sólo en casos excepcionales se pueden realizar dichos traslados”. Decenas de niños menores no acompañados acaban abocados a situaciones de marginalidad y pobreza en la ciudad autónoma.