El Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni sigue adelante con su ofensiva contra los migrantes que cruzan el Mediterráneo desde el norte de África para alcanzar las costas italianas, una ruta en la que han muerto y desaparecido más de 800 personas en lo que va de año, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Mientras busca reducir la protección ofrecida a quienes alcanzan Italia de forma irregular, Meloni no logra su objetivo de frenar las llegadas, que continúan en aumento.
Esta semana, la Cámara de Diputados ha dado luz verde a la polémica ley de migración redactada por el Gobierno tras el naufragio frente a las costas de Cutro, en el que fallecieron 94 migrantes, incluidos unos 40 menores de edad, según los cuerpos que fueron llevados por las olas hasta una playa que se convirtió en el símbolo de la tragedia de la inmigración irregular el pasado mes de febrero. Meloni celebró poco después un Consejo de Ministros en esa localidad y aprobó el llamado “decreto Cutro”, que se ha convertido en ley tras su paso por ambas cámaras.
La nueva norma introduce penas de cárcel para quienes trafiquen con personas, pero también restringe la “protección especial”, un permiso que el ordenamiento jurídico de Italia ofrece a quienes no tengan derecho al asilo. Además, simplifica el proceso de expulsión. También introduce normas para mejorar los centros de permanencia de migrantes hasta su repatriación y la transparencia en la gestión de los centros de acogida.
Aunque la ley fue aprobada esta semana en el Parlamento italiano, uno de sus puntos podría ser inconstitucional, según advierte la oposición, por lo que podría ser necesaria la introducción de enmiendas próximamente. El Senado ya había introducido varias modificaciones en el decreto, pero el texto final sigue levantando dudas respecto al acceso al derecho al asilo, así como a la eficacia de las medidas contra los traficantes.
Críticas de la oposición
La oposición ha arremetido contra la ley desde las bancadas del Parlamento. El Partido Democrático (PD) ya se había manifestado el 18 de abril, junto a decenas de ONG y asociaciones civiles en Roma, incluidas aquellas que ofrecen socorro a los migrantes en el mar, cuya labor se ha visto limitada por una ley anterior del Gobierno Meloni.
La ley Cutro escribe “una nueva página fea de este Gobierno”, según la diputada del principal partido opositor, Laura Boldrini, que ha afirmado que el texto “solo empeora la situación, crea más inmigración irregular y socava el derecho de asilo del artículo 10 de la Constitución” italiana.
También los propios afectados se han manifestado antes de la votación definitiva en la Cámara baja, denunciando que el decreto Cutro “desmantela el sistema de acogida”, porque limita la denominada “protección especial”, a la que se podían acoger los migrantes que no obtuvieran el estatus de refugiados, abriendo la posibilidad a más expulsiones de los extranjeros que no tengan permiso de trabajo y residencia en Italia.
Según el Gobierno de Meloni, tras la tragedia de Cutro era necesaria una ley que evitara otros naufragios y que “luchara contra las mafias y los traficantes de personas”. El texto introduce penas de hasta 30 años de cárcel para “la muerte y lesiones por el tráfico de inmigrantes” de forma clandestina, pero no queda claro cómo logrará evitar los naufragios. El jueves, la primera ministra recibió en Roma al general Jalifa Hafter, que controla la parte oriental de Libia, de donde sale una de las rutas más peligrosas y transitadas. Según datos del Ministerio del Interior citados por el periódico italiano Avvenire, alrededor de 10.000 personas han llegado desde la región en manos de Hafter en los primeros cuatro meses de 2023, el doble de los que zarparon desde la zona controlada en el oeste por el Gobierno de Trípoli.
Reubicación de los migrantes
Los migrantes que han sido rescatados esta semana por el barco de Médicos Sin Fronteras (MSF), Geo Barents, habían zarpado del este de Libia. Los supervivientes han atracado este viernes al puerto de La Spezia, en el norte de Italia, después de cuatro días de navegación, explica a elDiario.es Juan Matías Gil, responsable de las operaciones de búsqueda y rescate de MSF. Sin embargo, desde las aguas de competencia maltesa, donde fueron rescatados, los puertos más cercanos se encontraban en Malta y Sicilia.
“En unas 24 horas podríamos haber desembarcado, pero nos asignaron este puerto que está a más de 1.000 km. de distancia”, lamenta por teléfono, cuando la embarcación está a punto de llegar a su destino. “Si el objetivo fuese, como dice el Gobierno, distribuir a las personas por el territorio italiano, podrían desembarcar en el sur y ser llevados en autobuses que los distribuyan en cuestión de horas y no de días”, denuncia. Cree que el objetivo no es “el bienestar de los supervivientes, teniendo en cuenta todo lo que han pasado para llegar hasta aquí”, desde que emprendieron la travesía.
Esta es la segunda vez que el Geo Barents es enviado a La Spezia, donde “la respuesta local ha sido muy buena”, tanto por parte de las instituciones como de las ONG. Matías Gil recuerda que las personas “tienen que ser desembarcadas en el menor tiempo posible para atender sus necesidades”, de acuerdo con las leyes marítimas y los tratados de derechos humanos. El Gobierno italiano ha prometido un plan para reubicar a los migrantes que llegan a las costas meridionales, sobre todo a la isla de Lampedusa, donde desembarcaron a finales de abril 1.800 personas en 24 horas. Sin embargo, el responsable de MSF, asegura que algunos de los migrantes que son dirigidos a puertos más septentrionales, luego son trasladados a centros de otras regiones, incluso del sur del país. “Es muy difícil comprobar dónde terminan porque no hay transparencia en la información”, agrega.
Según Matías Gil, “son pretextos para minimizar el tiempo que nosotros (MSF y otras ONG) podemos estar operativos, haciendo rescates y siendo testigos de los que ocurre en el Mediterráneo central, que es lo que molesta: lo que hacemos, lo que vemos y lo que decimos”.
La “varita mágica” de Meloni
Los datos del Instituto para los Estudios de Política Internacional (ISPI, con sede en Milán) reflejan un aumento del 162% de las llegadas de migrantes a Italia desde que Meloni ocupó el cargo -octubre de 2022- hasta el 1 de mayo de 2023, comparado con el mismo periodo del año anterior: más de 70.000 personas han desembarcado en las cosas italianas, procedentes sobre todo de Túnez y Libia.
“Esta es la prueba de que no se pueden gobernar los flujos migratorios irregulares con una varita mágica; incluso un Gobierno de derechas que prometió hacer cosas muy diferentes en la gestión de la inmigración o incluso si endurece las penas”, explica a elDiario.es el investigador del ISPI Matteo Villa. Respecto a la ley Cutro, considera que “la legislación italiana no determina la salida (de los migrantes), ni tampoco lo hace la actividad de las ONG” en el mar, ya que los últimos datos del Instituto muestran que los desembarcos han aumentado considerablemente, frente a la disminución de los rescates en los seis meses de este Gobierno, comparado con el mismo periodo de 2021-2022.
Estas cifras evidencian que la menor presencia o actividad de los barcos de socorro, como el Geo Barents, no desalienta a los migrantes, ni las políticas más duras del Gobierno italiano. Lo que sí reflejan las estadísticas son las tendencias respecto a la protección de los migrantes, cuando el Ejecutivo de turno ha tomado medidas a favor o en contra. Villa destaca que, por ejemplo, la protección cayó en picado con el ultraderechista Matteo Salvini al frente del Ministerio del Interior, en 2018, pero señala que no podemos obviar que “las comisiones territoriales que toman en consideración las solicitudes de asilo están compuestas por hombre y mujeres, que se dejan influenciar por el clima político del momento”. El investigar prevé que la tasa de protección caerá de nuevo en los próximos meses, tras la entrada en vigor de la ley Cutro, lo cual conllevaría un aumento de los migrantes en situación irregular, si el número de llegadas se mantiene elevado como hasta ahora o más.