Tercero de una serie de artículos del proyecto FAM, sobre el hambre, en colaboración con eldiario.es
Babou Khan, un hombre de mediana edad de la región senegalesa de Saint-Louis, ha expresado su miedo por el masivo acaparamiento de tierras en los pueblos de esta parte del país. Babou es taxista en Saint-Louis pero en su familia han sido pastores durante generaciones. Ahora su negocio se ve amenazado por decenas de inversores que compran grandes extensiones de terrenos comunitarios, impidiendo que los pastores accedan a los cultivos, cursos fluviales y bosques.
Situado en la desembocadura del río Senegal, Saint-Louis está a unos 320 kilómetros al norte de la capital (Dakar), cerca del borde con Mauritania. La región tiene todos los elementos del paisaje único del Sahel pues se sitúa en una banda desértica transicional que separa “las dunas del Sahara de los baobabs de la sabana”, cuyas cuencas de los ríos se llenan durante la época de lluvias e inundan los campos (marismas) y la vegetación de la “lengua de la Barbería”, con árboles filao que impiden la erosión de la tierra en suelos arenosos.
En los últimos diez años, estas tierras han atraído en masa a empresas, agricultores comerciales y agroempresas, disfrazados de inversores que han comprado grandes terrenos donde durante cientos de años las comunidades autóctonas han cultivado y criado ganado, entre otras actividades, para mantenerse.
“Aceptar estos tratos y ofertas de compra masiva de tierras significaría la muerte de nuestra gente, el valor de nuestras tierras es para toda la vida. No venderíamos nuestras tierras por nada”, dijo Madike Sow, un agricultor de cereal del pueblo Ndiungu Mberes, a unos 12 kilómetros de Saint-Louis.
Su pueblo es uno de los muchos que están siendo afectados por las nuevas leyes de suelo que permiten a inversores comprar tierras al Estado sin el permiso de los habitantes. Tradicionalmente, las tierras comunitarias se podían comprar con la supervisión de los jefes del pueblo, consejeros, ancianos de la comunidad, notarios públicos y representantes del gobierno. Esto ya no existe en esta región, puesto que ahora los inversores reivindican las tierras y compiten por ellas“ se lamenta el jefe del pueblo Ndiungu Mberes.
“Estoy preocupado por el futuro de nuestra ganadería caprina… Durante los últimos diez años, ‘los blancos’ han ido comprando tierras”, afirma Khan, taxista de profesión. Su familia posee cientos de cabras que sobreviven gracias a los pastos comunitarios y a los bosques ahora dedicados al uso comercial.
Las vallas impiden al ganado pastar libremente y han despejado grandes áreas de sabana con tractores y excavadoras destruyendo vías fluviales que daban de beber al ganado y regaban los cultivos en las épocas de sequía. Han bloqueado los caminos habituales para el ganado, y cualquier animal que traspase sus tierras puede ser incautado. “Es una amenaza”, afirmó Moustapha Diop, jefe del pueblo Ndiungu Beres.
Empresas que están esculpiendo África
En noviembre de 2015, The Lusaka Times citó un informe “Esculpiendo un continente: El Reino Unido está facilitando a grandes empresas la adquisición del sistema alimentario de África”. Este informe explica como la iniciativa G8, Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, está utilizando dinero dedicado a combatir la pobreza para facilitar el acceso a zonas africanas clave a grandes empresas mundiales que ya controlan la mayor parte del mercado global alimentario.
Los acuerdos de la Nueva Alianza ya han sido firmados por diez países clave en África: Benín, Burkina Faso, Etiopia, Gana, Costa de Marfil, Malawi, Mozambique, Nigeria, Senegal y Tanzania, aunque son condicionales y muchos de estos acuerdos requieren que los países en cuestión aporten su propia legislación. Con este nuevo modelo, las multinacionales ganan acceso a tierras fértiles y a corredores agrícolas bajo el pretexto de luchar contra la pobreza y ayudar a los necesitados en África. Según el informe, esconden los motivos reales.
El informe también advierte que “si la Nueva Alianza continúa sin supervisión, es probable que los problemas causados caigan en el olvido, y familias agrícolas tengan que abandonar sus tierras para dejar espacio a las producciones industriales a gran escala”.
Según este informe, las empresas involucradas con la Nueva Alianza son enormes: Monsanto, Unilever, Syngenta, DuPont, Cargill, Diaego, SABMiller, Coca Cola, Yara (la productora de fertilizante más grande del mercado). Aún no se han podido demostrar sus relaciones con los inversores empresariales en Senegal dado que las compañías involucradas son empresas fantasma. Estas tienen colaboradores y socios senegaleses en el país y en Occidente que se registran con otros nombres.
Afectando a casi 10.000 habitantes
Senhuile SA, una empresa agrícola extranjera situada en Ndiae, cerca de Saint-Louis, firmó un alquiler de 50 años por una zona de 20.000 hectáreas de tierra para una plantación de batata. Dichas tierras se encuentran en una reserva forestal, que quedó parcialmente descalificada para el uso de agroempresas.
El trato con Senhuile SA amenazó a 9.000 granjeros que, según los informes, dependían de esas tierras para su sustento. Pastan a 100.000 animales (cabras, ovejas, vacas y caballos) en estas tierras que a su vez son fuente de leña, frutos, medicinas, entre otros. En total, 37 pueblos han sido afectados por el uso inapropiado de estas tierras.
Ardo Sow, el portavoz del colectivo de pueblos Ndiaël que están en contra del proyecto Senhuile, dijo al Instituto Oakland que “el menosprecio por las comunidades locales es demasiado obvio”. Se llevó a término una evaluación del impacto social y medioambiental unos meses después del inicio del proyecto, pero nunca se hizo público.
Además, el mapa producido por los técnicos del Estado antes del comienzo del proyecto identificaba solo a 6 de los 40 pueblos y aldeas cuyas tierras fueron alquiladas a Senhuile.
Resistiendo al acaparamiento de tierras
Moustapha Diop, el octogenario jefe de una aldea, estaba sentado en una esterilla en el centro de su cabaña de hojas de palmera al lado de la carretera rodeado por su familia: su mujer Amina, sus dos hijos treintañeros y otros niños dispersos en la cabaña y en el porche de bloques de barro. Estaban sirviendo la cena y el anciano prometió que: “Nunca voy a permitir que su dinero acabe con el sustento de mi familia y el futuro de mi pueblo”.
Su pueblo tiene 461 hogares y unos 1.500 habitantes. Dependen de los cultivos de cereales y legumbres, su fuente principal de ingresos durante generaciones. Han vivido en harmonía con la naturaleza, adaptándose al medioambiente que los rodea y dependiendo de las cosechas para alimentar a sus familias, enviar a los niños a la escuela y vender el excedente para satisfacer otras necesidades, asegura Diop.
A día de hoy, este pueblo es uno de los pocos donde las tierras aún no han sido precintadas con alambre de púas, altas vallas o paredes de cemento. Diop dice que ha resistido las tentaciones del dinero de los inversores. “Cuando vinieron, querían 20.000 hectáreas de las tierras de nuestra comunidad. El contrato proponía la apropiación de las tierras durante 100 años. No podíamos aceptarlo” dice Diop.
Les ofrecimos cuatro hectáreas bajo las mismas condiciones, y pedimos que se construyera un canal desde el río al interior que nos proporcionara agua durante los meses más secos. De este modo, podríamos mantener nuestras cosechas y aumentar nuestra producción. Pero esto no interesa a los inversores, dijo Sow. Así que no hubo acuerdo entre la comunidad y los inversores.
Mientras tanto, Khan, el taxista, acusó a los inversores de “acaparamiento de tierras” aunque acudieran disfrazados de inversores extranjeros. “Tienen planes elaborados para apropiarse de grandes áreas de tierras rurales para sus empresas agrícolas. El resultado son comunidades empobrecidas y más desfavorecidas que antes que llegaran”. Y añadió: “Esto es una amenaza”.
Traducción: Ester Juberías.