Puñetazos, patadas en la tripa y mordeduras: denuncian 50 agresiones físicas y psicológicas en centros de menores tutelados de Madrid

M. I., una adolescente española de 16 años, llegó al Centro de Primera Acogida de Hortaleza embarazada de tres meses. La Policía la encontró en las calles de Madrid, donde había dormido durante seis meses, tras sufrir la muerte de su madre y un episodio de abusos en la casa de los familiares donde vivía. Según su relato, la menor observó a un educador “golpeando en la cabeza” a uno de sus compañeros. Ella empezó a gritarle para defenderle y, cuando intentó salir al patio, el trabajador del centro le “propinó una patada en el abdomen” que hizo caer al suelo a la niña. Un rato después, ya en su habitación, la adolescente comenzó a sangrar. Tuvo un aborto.

La niña huérfana contó su caso, ocurrido en 2017, a Fundación Raíces y, ahora, ya mayor de edad, ha decidido dar el paso de denunciarlo ante los tribunales, según sostiene la organización, quien ya prepara la querella. Es uno de los 50 episodios de violencia física y psicológica documentados por la ONG en los últimos cuatro años y revelados este miércoles en el informe 'Violencia institucional en el sistema de protección de la infancia'. Durante este tiempo, 55 menores tutelados por el Gobierno regional han relatado a la organización especializada en infancia haber sufrido “agresiones a manos de vigilantes de seguridad, educadores o miembros de los Cuerpos y Fuerzas Fuerzas de Seguridad del Estado, en el contexto de su estancia en recursos del sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid.

Quienes están detrás de las denuncias -algunas han llegado a los tribunales y otras solo han sido documentadas por la organización- son niños y niñas de entre 12 y 17 años, la mayoría adolescentes varones que han llegado solos a España nacionales de Marruecos y en un porcentaje inferior proceden de Guinea, Argelia, Gambia, República Dominicana y Camerún, explica la ONG. Los casos de niñas conforman un 5% del total y varias son españolas. La mayoría residían en los centros públicos de primera acogida de Hortaleza e Isabel Clara Eugenia en Madrid, mientras que cuatro casos tuvieron lugar en pisos en los que residen menores tutelados, gestionados por entidades privadas

“La reiteración a lo largo del tiempo, con denunciados distintos, grupos de niños y niñas distintos y en centros distintos hace posible aventurarse a concluir que no se trata de episodios puntuales de violencia, sino de una problemática estructural en la que fallan los sistemas de prevención y supervisión y los mecanismos de denuncia y reparación”, lamenta desde la Fundación Raíces.

Desde enero de 2016 hasta junio de 2020, la ONG ha acompañado a menores tutelados que relatan distintos tipos de agresiones: “Golpes por todo el cuerpo, puñetazos, patadas en el estómago y en la cabeza, pisotones en la cabeza, empujones, golpes con porras y defensas individuales, engrilletamientos innecesarios y prolongados e incluso mordeduras”, enumera el documento. En algunos casos han ido acompañadas de insultos, vejaciones y mensajes de odio relacionados con su país de origen, raza, religión, etc.

En cuanto a las lesiones físicas detectadas durante estos años “como consecuencia directa de esa violencia”, Raíces destaca “hematomas, erosiones, contracturas, traumatismos, contusiones, dolores, escoriaciones, heridas, vómitos de sangre, sangrados, fracturas de brazos, brechas, perforación de tímpano y hasta en el caso de una niña española que estaba embarazada, sangrado vaginal y posterior aborto completo”.

En este último caso, el de M. I., la adolescente apoya su queja en un parte de lesiones. La niña acudió a las urgencias de un hospital público de Madrid. “Cuando la niña narró lo sucedido a la médico que le atendió, la educadora desacreditó su versión y le impidió seguir relatando”, sostiene el informe. “Esto evitó que la doctora reflejara la agresión en su informe y que, en consecuencia, el Hospital diese parte al Juzgado, tal y como estaba obligado. La niña le dijo a la educadora que quería copia del parte y que quería denunciar, y ésta le dijo que era muy tarde y que se iban al centro”, según el testimonio de la joven.

Tras el aborto, continúa el testimonio de la joven, “se sintió destrozada y pasó varios días en la calle”. “Cuando acudía al centro, era constantemente intimidada por el personal, pues le advertían de que como denunciara 'todo se volvería en su contra”, señala el informe.

“Obstáculos” para denunciar

Encontrar obstáculos por parte del personal de los recursos de acogida ante los intentos de denunciar los hechos por parte de los menores es habitual, según el informe, por lo que la ONG asegura haber tenido que acompañar a los menores “a centros de salud y hospitales a fin de valorar adecuadamente las lesiones sufridas, descartar complicaciones de las mismas o contar con un medio de prueba para sustentar la posterior denuncia”. La ONG tiene 37 partes médicos de lesiones físicas recogidas en el documento. En algunos casos, apuntan, los facultativos han detectado la existencia de casos similares y han trasladado sus sospechas de maltrato a las autoridades competentes “sin que, sin embargo, se adoptaran medidas de protección o investigación específicas”. 

En aquellos casos en los que los niños y niñas han querido acudir a los tribunales con la asistencia de Fundación Raíces, la organización denuncia que “es frecuente” ver a los educadores o al equipo directivo del centro “cómo desacreditan la versión del niño, criminalizándole y poniendo dificultades para que pueda interponer la denuncia y realizar su relato de los hechos con libertad”.

A nivel de salud física y psicológica, las secuelas más relevantes detectadas en los menores que denuncian este tipo de agresiones en el seno del sistema de protección de la infancia son “el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, los sentimientos profundos de baja autoestima y la normalización de la violencia”.

Según consta en el informe de la psiquiatra de M.I., a la que ha acudido años después con la asistencia de la Fundación -para evaluar el daño psíquico sufrido y la credibilidad de su testimonio con el objetivo de interponer una querella por estos hechos- “la paciente refiere que en los días que siguieron a la pérdida se sintió muy triste y enfadada”. La adolescente fue trasladada a un piso tutelado del que finalmente se escapó: volvió a consumir de alcohol y comenzó a participar en peleas y pequeños hurtos. “Solo quería beber y drogarme. Quería hacerme daño. Me sentía destrozada”, reconoce la joven. Se fue de España y comenzó un periplo por varios países europeos, hasta regresar y decidir denunciar su caso ante los tribunales.

“La impunidad y el carácter habitual de estos episodios de violencia institucional han obligado a muchos niños y niñas a huir de los centros en busca de un lugar más seguro, abocados a vivir en la calle, en situación de pobreza y exclusión social. El abandono insitucional y desamparo que sufren da lugar a la aparición en ellos de conductas autolesivas y tendentes al suicidio como respuesta ante tanto dolor y sumisión. Como contrapunto, en otros casos, la respuesta es violenta y reactiva, directamente proporcional a la amenaza que sienten”, sostienen desde la ONG, en un momento en el que los menores extranjeros no acompañadas se encuentran de nuevo en el foco de la extrema derecha en Madrid.

La Fundación Raíces solicita incluir una serie de medidas en la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra toda forma de Violencia, que se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, para “garantizar que los sistemas de protección a la infancia de las Comunidades y Ciudades Autónomas de España sean entornos seguros para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que allí residen”.