Hace un mes, el silencio y el llanto contenido se apoderaron de una pequeña redacción del Estado mexicano de Sinaloa. En los escasos 100 metros donde se elabora el semario Río Doce, continúa cerrado el despacho de su fundador, el periodista asesinado Javier Valdez. Su columna habitual no ha sido sustituida desde entonces: el espacio, publicado en blanco, recuerda una ausencia que, dice su equipo, no desaparece.
Ni el silencio, ni las lágrimas y ni esa ausencia los paralizaron. “Es muy duro porque el dolor sigue vivo, todavía no ha pasado, pero la gente trabaja desde el mismo día de su asesinato”, describe Ismael Bojórquez, director de Río Doce, en declaraciones a eldiario.es. A las noticias de última hora, las investigaciones y los cierres, esta redacción ha añadido otras labores diarias: imprimir carteles, pegatinas, convocar manifestaciones... Todo, bajo un lema grabado a fuego en el equipo del semanario: “Tenemos que hacer que la muerte de Javier valga y no descansar hasta que haya justicia en el caso de todos los asesinados”, relata a eldiario.es Miriam Ramírez, redactora del periódico.
Con este impulso, desde el mismo medio han convocado varias marchas en diferentes Estados de México para exigir justicia por el asesinato de Javier Valdez y del resto de periodistas asesinados. Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Máximo Ramírez y Filiberto Álvarez completan la alarmante lista de ataques mortales contra la libertad de prensa en el país norteamericano durante el 2017. Este jueves se ha puesto en marcah la campaña '#nuestravozesnuestrafuerza', a través de la que medios de todo el mundo han publicado una información en apoyo a los periodistas mexicanos.
Todas las informaciones del primer número de Río Doce tras el asesinato de su fundador se publicaron bajo una misma firma: Javier Valdez Cárdenas. A las puertas de su despacho, un cartel sigue recordando la ironía que le caracterizaba: “Unidad de Investigación (Unidad por ser uno). No molestar a no ser que quiera coger pan o traer agua o café. Jefe Valdez”. Sus fotos, dibujos de sus hijos o los típicos recuerdos que un periodista tiende a amontonar en torno a su ordenador siguen y se multiplican a modo de homenaje.
“Estaba aquí todo el día. Nos ayudaba en todos los cierres”, recuerda Bojórquez. “La ausencia es muy grande porque además del compañero, es el amigo. Somos una redacción pequeña y él era un personaje muy importante en nuestra vida diaria. Muy alegre, muy divertido y bromista...”, añade Ramírez para explicar el vacío que ha inundado el periódico durante este mes.
A nivel profesional, como periodistas, el miedo se suma al dolor. “Sentimos miedo y rabia. Se va a cumplir un mes y no sabemos por qué, no sabemos quiénes, si era un mensaje... No tenemos claro nada. Esa incertidumbre no es solo para nosostros, es una incertidumbre para todos los colegas de Sinaloa que estamos haciendo periodismo crítico”, explica Ramírez. “Mientras no se haga justicia, estamos en riesgo máximo”.
La sensación generada entre la prensa méxicana podría resumirse en una frase: “Pensábamos que a Javier, por su prestigio internacional, no le harían nada. Ahora es inevitable sentir que, si asesinaron a Javier, nos pueden asesinar a cualquiera”.
Periodistas unidos para exigir respuestas
Muchos periodistas de Sinaloa, procedentes de diferentes medios, se han unido para exigir respuestas a las autoridades. “Ha generado una gran unidad. Colegas que no nos sentábamos en una misma mesa para hablar, nos hemos sentado para canalizar qué podemos hacer para seguir haciendo periodismo, para no permitir que estos acontecimientos nos callen”, señala la redactora de Río Doce.
Las medidas de seguridad han aumentado en las redacciones de Sinaloa. En Río Doce, afirma el director, han comenzado a aplicar mayores precauciones. “Ahora tenemos vigilancia policíaca 24 horas, pero esto nunca va a ser suficiente cuando tenemos un 95% de los casos impunes. También estamos tomando medidas en el interior, compartimos directorios de llamadas de alerta, estamos en contacto permanente...”.
En los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, unas de las zonas más peligrosas de México para ser periodista, la reportera freelance Melva Frutos coordina la Red de Periodistas del Noreste. “Los compañeros de Tamaulipas reciben constantes amenazas y comenzamos a identificar una tendencia a la autocensura. Muchos dejaron de publicar informaciones sobre narcotráfico y corrupción”, describe Frutos.
Es así como sugió la iniciativa de crear una red en la que todos los periodistas de la zona pudieran apoyarse, identificar riesgos y buscar la manera de publicar sus informaciones de forma segura. “Pensamos en darles voz garantizando la protección y creamos la red. Acompañamos a los reporteros cuando nos notifican una amenaza, les conducimos a los sistemas de protección y se canaliza a las instancias concretas, como la ONG Artículo 19 o al servicio de la Fiscalía. Aunque este último no sirva de nada, lo hacemos para dejar evidencias”.
El sistema de protección no funciona
Para responder a esta lacra y tras muchas presiones, el gobierno de Vicente Fox creó en 2005 una fiscalía federal especial para investigar ataques contra la prensa y un mecanismo de protección para ayudar a los periodistas en riesgo, pero su fracaso se refleja en las cifras que se producen cada año.
A pesar de la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la impunidad se mantiene. De los 123 expedientes abiertos por el organismo -10 de ellos corresponden a homicidios- entre el 29 de febrero de 2016 y el 31 de enero de este año, solo tres han acabado en condena, según Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
Según la ONG Artículo 19, 105 profesionales de medios de comunicación han sido asesinados desde el año 2000. El año pasado fue el más violento desde que existen datos: 11 personas murieron de forma violenta y se detectaron 426 agresiones contra la prensa. Estas cifras convirtieron a México, apuntan desde Reporteros Sin Fronteras, en el tercer país con el mayor número de muertes de periodistas, superado únicamente por Siria y Afganistán.
Según el CPJ, el 86% de los asesinatos de periodistas entre 1992 y abril de 2017 ha quedado impune. El de Javier Valdez, por el momento, va por el mismo camino: un mes después, no ha sido detenida ninguna persona en relación al crimen. “No vemos claridad en la investigación”, afirma el director de Río Doce.
Las autoridades tampoco les dan respuestas. Varios medios han pedido la dimisión del gobernador del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz, tras el asesinato de Javier Valdez, después de que el índice de criminalidad haya aumentado desde su llegada al poder. “Veo a un gobernador espantado, paralizado con lo que está ocurriendo. Todos los días aparecen ejecutados y, mientras, no atina en dar respuestas”.
“¿Le están apostando al olvido?”; “¿cuánto tiempo más necesitan?”. “¿cuánto tiempo tenemos que esperar?”; “¿cuál es el compromiso de Quirino Ordaz?”; “esto ya es una mancha en su gobierno, ¿se va a quedar así?”; “tiene tres semanas diciendo lo mismo, ¿cuánto tiempo le va a aguantar el mismo discurso?”, preguntaban decenas de periodistas al gobernador el 7 de junio, cuando todos los medios del Estado publicaron un manifiesto firmado por 276 periodistas sinaloenses.
La prensa de México seguirá preguntando, gritando contra la impunidad, intentando que “el asesinato de Javier valga” y haciendo suyas las palabras de su compañero: “Si a Miroslava la mataron por lengualarga, que nos maten a todos por reportear este infierno”.