Redadas y exclusión sanitaria de personas sin papeles: la extrema derecha marca el paso del Gobierno de Portugal

Hay una gran diferencia entre las cifras oficiales y la percepción que la extrema derecha intenta transmitir en Portugal. Uno de los países más seguros del mundo es, en sus palabras, “cada vez más inseguro”. Si bien los datos no lo demuestran, esta idea de inseguridad, motivada por una supuesta “inmigración descontrolada”, ha contaminado en los últimos meses el discurso político y las medidas de la derecha democrática que gobierna el país. Como resultado, recientemente se han producido actuaciones policiales cuestionadas y se han aprobado restricciones en el acceso de las personas extranjeras a la sanidad pública.

En el tradicional mensaje de Navidad que el primer ministro dirige al país en la noche del 25 de diciembre, Luís Montenegro dio gran protagonismo a la cuestión de la seguridad. “Somos uno de los países más seguros del mundo, pero tenemos que salvaguardar este activo para no perderlo”, dijo el político conservador, que afirma que solo quiere “promover una inmigración regulada para acoger a quienes eligen vivir y trabajar con dignidad y humanidad”.

Montenegro rebajó el tono después de semanas en las que el Gobierno ha ordenado a la policía que se hiciera más visible y llevara a cabo operaciones en los barrios con mayor presencia de población inmigrante. Se trata de una petición reiterada hace meses por el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas (del mismo color político que Montenegro), que denuncia una “percepción de mayor inseguridad” en la ciudad por la supuesta falta de policías.

Una mayor percepción de inseguridad está motivada por “predisposiciones personales y un mayor acceso a la información”, explica en un artículo científico Isabel Rocha Pinto, directora del Laboratorio de Psicología Social de la Universidad de Oporto. “Validamos como verdadera la información que responde a nuestras intuiciones y predisposiciones, considerando falsa o cuestionable la que no valida nuestra posición”, como es el caso de que las cifras de criminalidad no hayan aumentado en Portugal. 

Es la tormenta perfecta: la extrema derecha utiliza las redes sociales para difundir vídeos falsos o descontextualizados que incitan al odio contra las personas inmigrantes o las minorías, en un momento en que la presencia de esta población es más visible, dada la gran necesidad de trabajadores extranjeros para puestos de trabajo en la agricultura, el comercio, los servicios y la industria. La percepción también se ve acentuada por la existencia de un popular canal de televisión, CMTV, cuya programación se centra en debates en directo sobre crímenes y fútbol.

Operaciones policiales polémicas

La operación policial más polémica tuvo lugar el 19 de diciembre en el barrio lisboeta de Martim Moniz, en la que los agentes pusieron a varias decenas de personas –en su mayoría de origen nepalí, paquistaní, indio y bangladesí– contra la pared para registrarlas, sin sospecha alguna. Se trata de un barrio donde la mayoría de los comercios –tiendas de ultramarinos, de recuerdos para turistas y pequeños talleres de reparación de teléfonos móviles– son propiedad de personas procedentes del sur de Asia. La operación se saldó con dos detenidos: un hombre de 27 años que frecuentaba uno de los comercios registrados y que portaba una gran dosis de cannabis, y otro sobre el que pesaba una orden de detención por robo.

Las imágenes de la actuación policial supuestamente desproporcionada fueron defendidas por los partidos de derechas que apoyan al Ejecutivo, que gobierna en minoría, y muy criticadas por la izquierda. Fueron suficientes para movilizar a los partidos progresistas que, unidos, acudieron a la zona de Martim Moniz para hablar con los vecinos y repartir claveles, símbolo de la revolución democrática de hace medio siglo, en una inusual acción conjunta. Por otro lado, personalidades vinculadas a partidos de izquierda y a la sociedad civil, como la escritora y periodista Pilar del Río, presentarán una denuncia contra la policía.

Quienes vivieron de cerca la acción policial no tienen palabras para condenar lo que experimentaron. Citado por el diario Expresso, el líder de la comunidad bangladesí en Portugal, Rana Taslim Uddin, afirma que “era la primera vez” que veía “una operación así”. Asegura que los vecinos de origen migrante “estaban muy asustados”. “Ponernos contra la pared fue indecente, (...) la mayoría de la gente que vive allí está [en situación] legal”, argumenta el líder de una comunidad que ya cuenta con 70.000 personas, muchas de ellas “haciendo trabajos duros que los europeos no quieren hacer”. El rostro de la comunidad bangladesí sí señala que los problemas con el tráfico de drogas “han crecido en el barrio desde la pandemia”, una situación que afecta a más barrios y que no se debe específicamente a la llegada de inmigrantes del Indostán.  

“En los últimos meses el Gobierno ha intensificado la persecución y el acoso a los inmigrantes en todo el país”, dice en declaraciones a elDiario.es la organización SOS Racismo, que denuncia que se está consagrando una “visión xenófoba y racista de los flujos migratorios”. La asociación también acusa al Gobierno de “instrumentalizar a la policía a través de megaoperaciones con gran repercusión mediática”. A sus ojos, esta operación solo ha servido para “humillar e intimidar” a la población migrante. En respuesta, el 11 de enero se ha convocado una protesta contra la xenofobia y el racismo.

La actuación policial provocó también el reproche del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se congratuló de la apertura de una investigación interna para esclarecer la postura de la policía, pero se limitó a decir que “la seguridad debe ejercerse respetando las normas constitucionales y legales”, en lo que puede considerarse una crítica directa a la forma en que se llevó a cabo la operación. En las últimas semanas se ha hecho público el desencuentro entre el presidente de la República y el líder del Gobierno –a pesar de proceder ambos del mismo partido de centroderecha–. “Éramos felices y no lo sabíamos”, dijo el jefe de Estado en un discurso reciente en referencia a los tiempos en que trataba con el Gobierno del socialista António Costa.

El líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, no ha tardado en intentar sacar rédito de la redada. El lunes, se paseó con sus seguidores por Martim Moniz y saludó a algunos vecinos. Un pequeño grupo de personas exclamó a su paso “¡25 de abril siempre, fascismo nunca más!”, en referencia a la Revolución de los Claveles que puso fin a la dictadura de Salazar en el país hace 50 años.

El cerco se estrecha en la sanidad

La polémica no ha acabado con las operaciones policiales. Como respuesta a los problemas que azotan a la sanidad pública portuguesa, como la incapacidad para responder a todas las llamadas telefónica de urgencias y la falta de personal, el Gobierno de Montenegro ha optado por centrarse en el supuesto abuso del sistema por parte de extranjeros no residentes que, según argumenta el Ejecutivo, realizan una especie de ‘turismo sanitario’ en Portugal para recibir tratamiento gratuito.

Aunque no hay cifras concretas para identificar la magnitud del fenómeno, los casos expuestos en los últimos meses por la prensa y amplificados por el creciente discurso antiinmigración han desembocado en medidas restrictivas al acceso a los servicios sanitarios para los no residentes o procedentes de la Unión Europea o de un tercer país con acuerdo en este ámbito. A excepción de las urgencias, el acceso a la sanidad dejará de ser gratuito para todas las personas sin papeles que acudan a la sanidad pública portuguesa. Las propuestas, presentadas por los dos aliados del Gobierno de derecha, fueron aprobadas en el Parlamento luso con el apoyo de la extrema derecha.

La medida ha sido criticada por la izquierda por su “falta de humanidad”. Casi un millar de profesionales sanitarios han firmado una carta criticando este cambio en la ley, amenazando con desobedecerlo y seguir atendiendo a los extranjeros como siempre.

También, en los últimos meses, el Gobierno ha dificultado los trámites de acceso al país con el fin de la “manifestación de interés”, una declaración que permitía a un extranjero de un país no perteneciente a la UE solicitar un permiso de residencia en Portugal. Ahora, para acceder al país, es necesario presentar previamente un contrato de trabajo o un documento que formalice la promesa de empleo. Estas normas son más permisivas para los ciudadanos de países de lengua portuguesa, ya que el Gobierno considera que representan una inmigración con un “mayor potencial de integración en el país”.

El Gobierno también ha prometido crear dos centros de detención temporal para personas sin papeles, con el objetivo de que regresen a su país de origen, aunque el primer ministro evitó hacer comparaciones con los centros de detención que Italia ha levantado en territorio albanés. Aún no se sabe cuándo se llevará a cabo la construcción de estos centros.

En Portugal –que históricamente ha sido un país de emigración, sobre todo a Francia, Luxemburgo, Brasil, Estados Unidos y Alemania– vive un millón de inmigrantes, la gran mayoría (35%) procedentes de Brasil. En la actualidad, representan uno de cada diez residentes. Por el contrario, España fue el año pasado el principal destino de la emigración portuguesa. Más de 70.000 portugueses eligieron el país vecino para vivir.