“Le comunico que tendrá que abandonar este centro en el plazo de un mes”. Es el inicio de la carta recibida por cerca de 50 demandantes de asilo acogidos en el Centro de Asilo y Refugio (CAR) -dependiente del Ministerio de Empleo- mientras tratan de alcanzar su automía en España. Han huido de sus países de origen y, tras finalizar los seis meses en los que el Gobierno está obligado a garantizar su asistencia, la mayoría sigue sin tener nada en el exterior. Es el inicio de una carta que les ha hecho estallar: desde el pasado jueves, los internos del centro han iniciado una sentada pacífica para exigir una solución. Cerca de 20, según afirman, comenzaron el pasado jueves una huelga de hambre.
Los internos, a través de un comunicado enviado a la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, visibilizan la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan muchos demandantes de asilo en España una vez finalizadas sus ayudas. Denuncian que, la asistencia prestada por el Gobierno “está limitada a seis meses” y, posteriormente, son remitidos a organizaciones como Cruz Roja, Accem o CEAR que, según explican, se declaran incapaces de auxiliarles debido a “su situación económica”. Hemos contactado con CEAR y no ha querido hacer declaraciones oficiales al respecto.
Desde el Centro de Asilo y Refugio de Mislata se niegan a responder las preguntas de eldiario.es, remitiéndonos al Ministerio de Empleo. La portavocía de esta institución asegura que la carta de expulsión solo se ha enviado a una familia y la protesta se debe a “un error de comunicación que será solucionado”. Aunque insistimos en que este periódico ha tenido acceso a más de una notificación de salida, el Ejecutivo mantiene esta versión. “La familia pensaba que se le expulsaba definitivamente, pero en realidad el documento era un aviso de finalización de la primera fase de la asistencia, cuando tendrá que abandonar el centro y será trasladada a un piso de acogida”. El documento enviado a los internos deja claro que, a partir de la fecha indicada, no les “corresponderá percibir ningún tipo de ayuda económica”.
Nazer, sus padres y su hermana de 13 años también han recibido la circular que ha despertado la protesta en el CAR de Mislata. Hace un año que huyeron de la guerra de Siria; ahora temen quedarse en la calle y acabar en la mendicidad. “Dicen que nos expulsan y desde el centro no nos dan más opciones. Solo nos derivan a otras ONG. Hemos ido a informarnos a Cruz Roja y dicen que no tienen dinero para ayudarnos. Se acerca la fecha y no sabemos qué hacer...”, explica al otro lado del teléfono.
Niega la versión oficial, asegura que no son los únicos que han recibido la notificación. “Sinceramente, creo que en nuestro caso encontrarán una solución: somos una famillia, mi hermana pequeña es menor... no creo que nos dejen en la calle”, confía. Pero teme el futuro de las amistades forjadas durante estos meses. “Los que están solos lo tienen más difícil. Si no pueden quedarse aquí, ¿qué van a hacer?”.
Un problema de fondo
No son una excepción. “Los recortes que han sufrido estos servicios, unido a la falta de acceso laboral y al último repunte de las solicitudes en nuestro país hacen que estos centros estén desbordados”, explican fuentes ligadas al proceso de acogida de refugiados en España. “Cada vez nos encontramos con más casos de demantes de asilo que deben salir antes de haber alcanzado su autonomía”.
En estos casos, los encargados del centro suelen -o, al menos, solían- intentar que los solicitantes sean atendidos por otras vías pero, según fuentes consultadas procedentes de diferentes organizaciones centradas en asilo y migración, cada vez es más difícil encontrar una solución y son más los casos que se quedan en la calle o, incluso, retornan a su país de origen a pesar del riesgo que supone para la vida de muchos.
El objetivo de su estancia en los centros de acogida es alcanzar su autonomía e integración. Su independencia económica lleva consigo el empleo, pero en este punto los demandantes de protección internacional se encuentran otro obstáculo. Aunque estas personas no obtienen permiso para trabajar hasta el sexto mes de la tramitación de su solicitud, el Gobierno solo garantiza la cobertura de sus necesidades básicas durante, también, seis meses. Posteriormente, los centros tienen la posibilidad de pedir prórrogas en las ayudas -sin que pueda superar el año-, estudiando caso por caso. Sin embargo, según la Comisión de Ayuda al Refugiado, los recortes en integración unidos al aumento de las demandas de asilo en España y la saturación de estos centros derivan en que “cada vez se esté concediendo menos” la moratoria.
Retrasos en la resolución
Si en España ya es difícil conseguir trabajo, estas circunstancias lo tornan prácticamente imposible. Los obstáculos continúan: en su camino por construir una nueva vida en el país de acogida, los demandantes de asilo se tropiezan con enormes retrasos en la tramitación de sus solicitudes. Aunque la Ley de Asilo otorga al Gobierno un máximo de seis meses para decidir la concesión del estatuto de refugiado, la media se acerca a los dos o tres años, según Acnur. “Aquí no hay trabajo, pero no puedo ir a buscarlo a otro país de Europa hasta que no resuelvan mi caso y ya llevo esperando más de 9 meses”, dice Nazer al otro lado del teléfono.
Él y su familia, conscientes de la crisis existente en España, nunca pensaron en pedir asilo en España. De hecho, en un primer momento no lo hicieron. Partieron de la destruida ciudad de Damasco con la idea de tramitar la primera solicitud en Holanda, adonde viajaron tras una breve escala en Madrid. Después de permanecer durante nueve meses en un centro de acogida holandés, sus abogados les anunciaron que debían volver a empezar: tenían que pedir asilo en España. ¿Por qué? La respuesta corresponde a un acuerdo europeo odiado por muchos de los afectados: el Convenio Dublín, normativa que obliga a los solicitantes de protección internacional a ser acogidos por el primer país que pisan de la Unión Europea, el primero en el que su huella queda registrada. Esta es otra de las reclamaciones expresadas por los internos de Mislata en su comunicado.
“Si el Gobierno, debido a los recortes a las ayudas sociales, se declara incapaz de poder hacer frente a sus compromisos de atención al refugiado, que lo declare y pida que otros países de la Unión Europea con mejores condiciones económicas y sociales puedan recibir a la población refugiada”, exigen con contundencia.