En un intento de recuperar votos perdidos, el primer ministro británico, Rishi Sunak, redobla sus esfuerzos para cerrar sus fronteras pese a la falta de trabajadores que sufre su país en sectores clave como la salud, el transporte y la agricultura.
A partir del año que viene será más difícil mudarse al Reino Unido para trabajar o incluso para estudiar por el endurecimiento de los trámites para individuos y empresas, según el anuncio del Gobierno conservador este lunes. Horas después, el ministro del Interior, James Cleverly, viajó a Ruanda para firmar un tratado que permita enviar a indocumentados a ese país a 7.000 kilómetros del lugar de llegada aunque no tengan ninguna relación con él. En noviembre, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan porque no considera que Ruanda cumpla con los requisitos mínimos de seguridad y respeto a los derechos humanos de los solicitantes de asilo, pero el Gobierno de Sunak intenta hacer ajustes en la ley y en su acuerdo bilateral, incluyendo el envío de abogados británicos a Ruanda.
Los nuevos requisitos
Según el nuevo plan del Gobierno británico que entrará en vigor en primavera, el salario mínimo que tiene que cobrar un trabajador para obtener un visado para un empleo cualificado será de 38.700 libras (45.135 euros) al año, es decir, un 50% más respecto al umbral actual de 26.200 libras (30.549 euros). El Gobierno dice que el objetivo es animar a las empresas “a buscar talento británico en primer lugar”. La mayoría de los trabajadores en el Reino Unido cobra por debajo de ese nuevo umbral.
El plan anti-migración incluye eliminar un listado de las profesiones con más vacantes que ahora permite contratar con un 20% menos del salario mínimo exigido y sustituirlo por otra fórmula más limitada después de una revisión. En la lista actual hay carpinteros, electricistas, arquitectos, pescadores, diseñadores y veterinarios, entre otras profesiones.
Los trabajadores del sector de la salud están excluidos del nuevo umbral de salario mínimo, pero sí se verán afectados por otro requisito que limitará sus vidas y las de sus familias: cualquier persona que viva en el Reino Unido, sea o no de nacionalidad británica, no podrá llevar al país a su pareja y otros familiares nacidos en el extranjero a menos que tenga ingresos de más de 45.000 euros. Ahora ese requisito para la reunificación familiar es de 18.600 libras (21.688 euros). Esto afectará a la mayoría de los trabajadores, especialmente los que desempeñen su labor fuera de Londres, donde los salarios son más bajos, y a las comunidades de minorías, como subraya el abogado experto en migración Colin Yeo.
Además, el Gobierno ya ha anunciado que endurece a partir de enero los requisitos para estudiantes, que no podrán llevar al Reino Unido a sus familiares a no ser que sean investigadores post-doctorales.
Sunak, hijo de migrantes y casado con una migrante, cree que con su plan conseguirá que lleguen hasta 300.000 personas menos al año de fuera de las islas británicas porque “la inmigración es demasiado alta”.
Se estima que desde la entrada en vigor del Brexit, el Reino Unido ha perdido unos 400.000 trabajadores entre quienes se han ido y quienes no llegan por las trabas extra. Sólo en el sector de la salud y el cuidado, hay ahora unas 152.000 plazas sin cubrir, según el sindicato Unison.
En las ciudades pequeñas, las carencias se notan más mientras los centros de salud no tienen suficiente personal ni para atender el teléfono, los supermercados tardan en reponer existencias y los restaurantes tienen que reducir los turnos incluso en periodo festivo de alto consumo porque no tienen suficiente personal. Las calles de Oxford están llenas de carteles de “se busca” que siguen intactos después de meses en un país donde el desempleo está por debajo del 5% y el principal problema para la economía es la baja productividad.
Migrantes después del Brexit
La campaña a favor del Brexit en 2016 se basó sobre todo en el rechazo de la migración, pero el número de llegadas de personas de fuera de la UE ha aumentado desde entonces, en particular por las crisis en Afganistán, Ucrania, Hong Kong, Siria y Albania, y las llegadas de estudiantes y sus familiares.
En 2022, la inmigración neta, es decir, la diferencia entre las personas que se mudan al Reino Unido y las que se van, fue de 745.000 personas, un récord para el país.
El Ministerio del Interior calcula que con estas medidas llegarán al Reino Unido 140.000 personas menos a través de visados de estudiantes, 100.000 menos con visados del sector de salud y cuidado, y 50.000 menos con visados de trabajadores cualificados.
El secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, dijo este martes en Sky News que limitar la entrada de extranjeros ayudará a que más británicos trabajen y creará “un país más cohesionado socialmente y más unido”, lo que, según él, es “imposible cuando cantidades tan grandes de personas llegan al país”. También sugirió que el Gobierno puede ir más lejos y aprobar, por ejemplo, cuotas máximas de migrantes por país. Un portavoz del Gobierno dijo que eso no se está considerando “por ahora” y presumió de estar aplicando la política “más dura” para reducir la inmigración legal.
Votantes conservadores y laboristas
Pese a las carencias en puestos clave, una parte sustancial de votantes, sobre todo conservadores, está en contra de la llegada de extranjeros a su país, uno de los más multiculturales de Europa.
El 36% de los adultos en el Reino Unido dice que la inmigración ha sido “más mala que buena” para el país en los últimos diez años; el porcentaje sube al 57% cuando se pregunta sólo a los votantes conservadores y es todavía más alto si se interroga a quienes votaron a favor de salirse de la UE, según la encuestadora YouGov.
Pero incluso los laboristas dicen que “la inmigración debe bajar”, como repite ahora Yvette Cooper, la portavoz de Interior del Partido Laborista, que propone reformas del sistema aunque dice que hace falta más formación en casa antes de cortar las llegadas de migrantes. Cooper apoyó este martes tanto la subida del umbral de salario para conseguir un visado como la eliminación de la actual lista de ocupaciones donde se admita un descuento, y sólo dijo que está a favor de que la comisión especializada en inmigración “revise” la propuesta que impedirá llevar a parejas al Reino Unido.
Los tories tienen 20 puntos de desventaja en intención de voto en las encuestas frente a los laboristas en las próximas elecciones, que deben celebrarse como tarde en enero de 2025. Los conservadores esperan presentar para entonces datos que muestren que han bajado las llegadas de extranjeros a su país, sean estudiantes, solicitantes de asilo o trabajadores contratados.
Christina McAnea, la secretaria general del sindicato de servicios públicos Unison, dice que el Gobierno está “jugando a la ruleta rusa con servicios esenciales sólo para placar a la extrema derecha de su partido”. “Este plan cruel anuncia un desastre total para el Sistema Nacional de Salud y el sector del cuidado. Se ha animado a los trabajadores migrantes a venir aquí para estos dos sectores que no tienen personal. Los hospitales y las residencias simplemente no pueden funcionar sin ellos”, explica, según una nota del sindicato que representa a más de un millón de trabajadores.
El presidente de la comisión de migración que asesora al Gobierno, el economista Brian Bell, reconoció que muchos sectores que emplean a trabajadores de cualificación “media” “van a sufrir”.
Empeño en Ruanda
Las personas migrantes que llegan en embarcaciones a través del canal de la Mancha son una minoría dentro del flujo migratorio, pero el Gobierno conservador quiere expulsar a más personas que llegan por esa vía. Sus planes de enviar a solicitantes de asilo a Ruanda están paralizados desde el primer intento de vuelo en junio de 2022. El Reino Unido ya ha pagado unos 160 millones de euros al Estado ruandés por este plan que todavía no ha conseguido poner en práctica.
Tras la firma del nuevo acuerdo con Ruanda, Cleverly, el ministro del Interior británico, aseguró este martes que el texto servirá para afrontar las dudas sobre el respeto de los derechos de los solicitantes de asilo planteadas por el Supremo y que el Gobierno ruandés está ayudando al británico “de manera profesional”. El ministro de Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, dijo que los tribunales, los medios y las organizaciones internacionales habían “tratado injustamente” a su país. Cleverly dijo sentir “una enorme admiración” por Ruanda.
El nuevo texto será parte de la legislación británica, si bien no está claro que sea compatible con la protección internacional para refugiados que tiene que defender el Reino Unido.
Para intentar resucitar su plan, el Gobierno británico incluso considera salirse de la convención europea de derechos humanos de 1953, entre cuyos promotores está el Reino Unido. La convención, uno de los nexos que le quedan al país con el resto de Europa, es parte de la ley nacional e incluso del acuerdo de paz para Irlanda del Norte.
Pero el Gobierno de Sunak quiere que haya vuelos a Ruanda, aunque sea con pocas personas, antes de las elecciones. El primer ministro tiene el poder de anunciar la convocatoria en cualquier momento del próximo año.