Los inmigrantes en situación administrativa irregular no estarán incluidos en el Ingreso Mínimo Vital que planea aprobar el Ejecutivo a mediados de mayo. Su plan social en respuesta a la crisis del coronavirus tampoco incluye ayudas de emergencia para quienes no tienen papeles. Incluso cuando los gobiernos regionales tienen la intención de incluirles, muchos migrantes no acceden a las rentas mínimas debido a distintas barreras, entre ellas, los requisitos exigidos por las entidades bancarias para abrir una cuenta corriente.
Aunque varios ejecutivos autonómicos no establecen como condición tener los papeles en regla (como Euskadi o la Comunidad Valenciana, entre otras) en la tramitación de sus rentas mínimas, otras de las obligaciones impuestas sí excluyen en la práctica a los inmigrantes sin papeles de este tipo de ayudas: algunas de ellas son la exigencia de largos periodos de empadronamiento, tener una cuenta corriente, documentación difícil de conseguir en sus países de origen o estar inscritos como demandantes de empleo, entre otras barreras.
Los migrantes en situación irregular no tienen permiso para trabajar, la mayoría se encuentra dificultades para abrir una cuenta corriente y, en ocasiones, tienen problemas para empadronarse. A ello se unen los obstáculos de acceso a la información ligadas a la complejidad burocrática del proceso y a la barrera idiomática.
Ante esta acumulación de obstáculos, Baleares y Canarias han creado sistemas para que sus planes sociales destinados a los afectados por la COVID-19 lleguen también a las personas sin papeles.
Baleares les entrega la renta mínima a través de ONG
En Islas Baleares, el Govern ha ampliado de forma extraordinaria su Renta Social Garantizada a quienes residen de manera irregular en las islas, con un sistema concreto ideado para aquellas personas que no consiguen abrir una cuenta corriente, una de las principales trabas que, según la Consellería de Asuntos Sociales, enfrentan los migrantes sin papeles para acceder a estas ayudas.
La semana pasada, 2.284 personas sin residencia regular han recibido la ayuda económica, que asciende 459 euros por titular familiar ( a lo que se suma una cantidad extra en función del número de miembros), según la Consellería de Asuntos Sociales.
A principios de abril, el Consejo de Gobierno balear aprobó una serie de medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la emergencia social, entre las que se incluyó una ampliación extraordinaria del perfil de beneficiario de su Renta Social Garantizada. La modificación de los requisitos pretende dar cobertura a “todos los mayores de 18 años que viven una situación de emergencia social provocada por las consecuencias de la COVID-19”, independientemente de su situación administrativa.
No obstante, hasta el momento, los posibles beneficiarios deben tener una cuenta bancaria para percibir la ayuda, un trámite complicado para las personas en situación irregular debido a los requisitos establecidos por los bancos. El Real Decreto-ley 19/2017 de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones obliga a las entidades bancarias a ofrecer cuentas de pago básicas a aquellos potenciales clientes que quienes residan legalmente o a aquellas personas “que no tengan permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho”. Por otro lado, la Ley de prevención de blanqueo de capitales establece que, para abrir una cuenta, debe identificar a los clientes a través de documentos “fehacientes”.
En la práctica, numerosas entidades bancarias impiden la apertura de cuentas corrientes a personas en situación irregular, pues imponen de forma arbitraria distintas obligaciones como contar con el Número de Identificación de Extranjero (NIE), un contrato de trabajo o detallar la fuente de ingresos, algo de lo que carecen las personas sin papeles. Conscientes de este obstáculo que deja a mucha gente atrás, varias comunidades autónomas, como Islas Baleares o la Comunidad Valenciana llevan años solicitando al Gobierno que emita una instrucción para ordenar a los bancos que cumplan la normativa de cuentas bancarias básicas.
Como la Administración no puede transferir de manera directa la renta social mínima a quienes no tienen cuenta bancaria, Baleares ha buscado una solución “de emergencia”. El Gobierno regional ha otorgado subvenciones directas a seis entidades del tercer sector para que puedan abonar “una cuantía económica igual a la renta social a las personas que no pueden tener una cuenta corriente”. La medida está ideada para cubrir a inmigrantes en situación irregular que trabajaban en la economía sumergida -no pueden hacerlo de otra manera- y se han quedado sin ingresos durante el estado de alarma.
Tarjetas de débito prepago en Canarias
Por su parte, el Gobierno de Canarias ha explicado a eldiario.es que las personas migrantes en situación irregular podrán acogerse en al ingreso de emergencia, siempre y cuando estén empadronadas, sin establecer un periodo de tiempo mínimo de empadronamiento. En caso de no disponer de número de cuenta, aseguran, el real decreto canario establece la posibilidad de hacer llegar el ingreso “por medio de una tarjeta prepago”. Si no es posible esta opción, desde la Consejería de Derechos Sociales han detallado que prevén alcanzar convenios entidades del tercer sector para que estas puedan tramitar el pago a quienes lo soliciten. La solicitud de este ingreso mínimo ha arrancado este lunes y puede tramitarse de forma electrónica o en el teléfono 012.
“Veíamos que el Estado está protegiendo a través de los ERTE a los trabajadores de la economía formal, pero en Islas Baleares la economía sumergida supone hasta un 20% del PIB”, explica a eldiario.es Fina Santiago, la consellera de Asuntos Sociales de la región. “Las mujeres de limpieza, vendedores ambulantes, o trabajadores sin contrato de otros sectores económicos se quedaban desprotegidos, por lo que decidimos modificarla para que durante estos meses de estado de alarma estuviesen amparados”, desarrolla la responsable de las políticas sociales de las islas, quien ha solicitado al ministro José Luis Escrivá que el futuro ingreso mínimo vital estatal pueda “complementarse” con las ayudas regionales para “llegar adonde no puede llegar el Gobierno central”. La ampliación de la renta social balear es una medida extraordinaria ante la pandemia y ha sido aprobada para cubrir dos mensualidades, pero está sujeta a posibles prórrogas, apuntan fuentes del Govern balear.
Las entidades encargadas de realizar un listado de los posibles beneficiarios para ser valorado por la Administración balear son Cruz Roja, Médicos del Mundo, Casal Petit, y Cáritas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa. “La semana pasada empezamos a realizar los primeros pagos de abril”, detalla Belén Matesanz, de Médicos del Mundo Baleares. “Los únicos requisitos consisten en valorar su nivel de necesidad y que cuente con un documento que le identifique: un pasaporte o el DNI de su país de origen”, añaden desde la ONG, que asegura que además de las personas que suelen participar de sus proyectos, se han puesto en contacto con ellos otros inmigrantes en situación irregular para informarse sobre esta prestación.
Ante las trabas con las que se ha chocado aquellos gobiernos que han intentado cubrir con la renta mínima a las personas en situación irregular, la consellera balear solicita al Gobierno central que intervenga para asegurar que quienes cumplen con los requisitos de recibir una renta mínima, independientemente de su situación administrativa, puedan abrir una cuenta bancaria para obtener una ayuda económica de la Administración, sin la intermediación de una ONG.
“La Ley de Extranjería establece que estas personas tienen derecho a prestaciones técnicas y económicas, pero en la práctica, las comunidades autónomas que queremos hacerlo no lo podemos practicar”, indica la consellera. “Le hemos pedido a varios gobiernos que facilite la apertura de una cuenta corriente a través de una resolución administrativa por la que se identifique a los beneficiarios sin papeles a través de otros documentos”, reitera Santiago. “Si no, nos encontramos con este problema. Aunque queramos, no se les puede ayudar”, insiste.
La regularización: la vía “más eficaz” para protegerles
Ante las dificultades burocráticas ligadas a la dotación del ingreso mínimo vital que contemple a personas en situación irregular afectadas por la crisis de la COVID-19, la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) considera que la vía más eficaz para proteger todas las personas vulnerables ante la emergencia es impulsar un proceso regularización de inmigrantes sin papeles, reclamado por más de 200 organizaciones.
No obstante, el ministro Escrivá ha descartado que se esté estudiando una regularización general en el contexto de la emergencia del coronavirus. El titular del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social se mostró partidario de “conseguir que todos los inmigrantes” que residen en España estén en una situación regular, pero a su juicio este objetivo debe trabajarse en “condiciones de mucha más serenidad y consenso” que las actuales, según recoge la agencia Efe.
“La regularización es necesaria para controlar la eficacia de las políticas sociales y sus necesidades… Si una familia no sabe cuántos miembros van a estar en casa, no puede valorar las necesidades de la compra: aquí pasa lo mismo. Necesitamos este proceso para que un futuro ingreso mínimo vital de verdad cubra a todas las personas que lo necesiten”, sostiene Graciela Malgesini, investigadora de incidencia política de la EAPN.
“El anuncio de un ingreso mínimo vital puede nacer lastrado por una seria injusticia: dedicado a evitar situaciones de pobreza extrema, dejará fuera sin embargo a miles de personas por una cuestión puramente burocrática”, reclaman también desde la Asociación de Abogados Extranjeristas, quienes solicitan la regularización como mejor solución.
Otras de las propuestas planteadas por algunos expertos consiste en la elaboración de una respuesta específica de emergencia para cubrir las necesidades económicas de las personas más afectadas por la crisis del coronavirus, dado que el ingreso mínimo vital en el que trabaja el Gobierno central no será aprobado hasta mínimo la segunda quincena de mayo.
Como medida de emergencia, Malgesini apuesta por la agilización de los trámites de empadronamiento por parte de todos los Ayuntamientos de España y la creación de un convenio con entidades bancarias para favorecer la dotación de las rentas mínimas de inserción ya existentes en las distintas comunidades autónomas también para aquellas que se hayan quedado sin ingresos durante el estado de alarma.