Era su primer día al frente de la presidencia de Brasil cuando Jair Bolsonaro decidía colocar a las organizaciones de la sociedad civil en su punto de mira. Una de sus primeras medidas fue emitir un polémico decreto que permite al Gobierno supervisar las actividades de las ONG y organizaciones internacionales, causando una enorme preocupación entre quienes defienden los derechos humanos en Brasil.
Bolsonaro se sumaba así a una tendencia mundial que se ha acelerado en los últimos años. Según ha denunciado Amnistía Internacional en su informe Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil, publicado este jueves, cada vez más países están elaborando y utilizando “tácticas intimidatorias” y leyes para obstaculizar el trabajo de las ONG y los activistas que participan en ellas.
De acuerdo con su análisis, en los últimos dos años se han aprobado o están en trámite casi 40 instrumentos legislativos que imponen barreras en distintas etapas de la existencia de estas organizaciones y “permiten que las autoridades las vigilen de cerca”. Ocurre, sobre todo, en el momento en que se inscriben en el registro, pero también cuando desempeñan sus actividades o informan de ellas, cuando tratan de buscar fondos para financiarse o cuando lanzan campañas.
El estudio refleja que, a finales de 2018, al menos 50 países de todas las regiones del mundo habían promulgado o estaban elaborando leyes de este tipo. AI denuncia que estas medidas acaban sometiendo a las ONG y a su personal a “vigilancia, kafkianas trabas burocráticas y la amenaza constante del encarcelamiento”. Estas restricciones se justifican con todo tipo de argumentos, entre los que está la “seguridad nacional”, la preocupación por la “injerencia extranjera”, la necesidad de proteger los valores tradicionales o las creencias religiosas, explica la organización en su informe.
De Hungría a Azerbaiyán
Numerosos países están introduciendo requisitos que son “engorrosos” para quienes desean registrar y poner en marcha una ONG, unos obstáculos que, enfatiza AI, están “especialmente extendidos”. “En particular si tienen opiniones críticas con las autoridades o si sus actividades se consideran indeseables”, apuntan los autores del documento. Muchas veces, las trabas no terminan una vez registradas, las autoridades también recurren a la exigencia de “requisitos burocráticos excesivos, como la presentación de informes de actividades detallados y frecuentes”.
Un ejemplo es el caso de Azerbaiyán, donde las ONG deben obtener la autorización del Ministerio de Justicia antes de registrarse y demostrar que respetan los “valores morales” del país. El incumplimiento de los requisitos puede acabar en encarcelamiento, como le ocurrió a Rasul Jafarov, del Club de Derechos Humanos, una ONG que defiende los derechos civiles y políticos. Fue detenido en 2014 por su activismo, según relata en una entrevista para el informe.
“Se creó una atmósfera horrible: los que no fueron arrestados o investigados tuvieron que cerrar sus organizaciones o detener sus proyectos. Muchos dejaron Azerbaiyán y trabajan en el extranjero. Algunas organizaciones pueden seguir funcionando con normalidad, pero para las organizaciones independientes, simplemente no es posible”, resume Jafarov. “Hay que aceptar las condiciones del Gobierno o trabajar bajo tierra. No podemos hacer actividades públicas y llegar a la gente a través de eventos, conferencias, trabajo con los medios de comunicación... se requiere el permiso del Gobierno para todo, incluso para firmar un contrato con organizaciones donantes con sede en el extranjero”.
Otro caso paradigmático donde las ONG son sometidas al escrutinio de sus actividades es China, donde la legislación “controla” la labor de estas organizaciones desde su inscripción en el registro y su presentación de informes hasta “su actividad bancaria, sus requisitos de contratación y su recaudación de fondos”, explica el informe.
Amnistía Internacional subraya que cuando un país aplica este tipo de políticas, se produce una reacción “en cadena” en otros Estados. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orban obliga a las ONG con donantes no húngaros a inscribirse en el registro como “organización que recibe financiación extranjera”, lo que, a juicio de AI, busca “desacreditar su trabajo y poner en su contra a la opinión pública”. Las ONG que no cumplan la normativa se enfrentan “a cuantiosas multas y, en última instancia, a la suspensión de sus actividades”, recalca el informe, que también recuerda los ataques a los activistas y organizaciones que trabajan en apoyo de personas migrantes y refugiadas en Hungría.
El informe documenta los casos de otros países, como Pakistán, donde el Ministerio del Interior rechazó las solicitudes de inscripción de 18 ONG internacionales, o Bielorrusia, que somete a una “estricta” supervisión a estas organizaciones y donde trabajar para una ONG a la que se le deniega el registro es delito. También expone el ejemplo de Arabia Saudí, donde las autoridades pueden negar el permiso a nuevas organizaciones y disolverlas si consideran que “perjudican la unidad nacional”, o de Egipto, donde muchos defensores han sufrido restricciones como la prohibición de viajar como fruto de las “normas estrictas y arbitrarias” que deben cumplir las ONG que reciben financiación del extranjero, de acuerdo con el documento.
“La legislación fiscal también se utiliza en algunos países para controlar a las organizaciones de la sociedad civil, así como para castigarlas. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a la cancelación del registro, la suspensión de las licencias y actividades y el inicio de acciones judiciales”, sostiene Amnistía Internacional. “Los requisitos y las disposiciones suelen estar redactados de manera imprecisa, lo que permite un nivel de arbitrariedad y discrecionalidad que puede dar a las autoridades libertad para centrarse en determinadas organizaciones”, afirma la ONG, que señala que también varias de sus oficinas han sido atacadas en todo el mundo.
Autocensura y menos actividades
¿Y cuáles son las consecuencias de estos obstáculos? AI es tajante: estas trabas prácticas, unidas al “clima de temor y sospecha” que rodea a las organizaciones de la sociedad civil y también a los defensores de los derechos humanos, “disuade a otros” de unirse a las causas que defienden. Es frecuente que las organizaciones se vean obligadas a “bajar el tono', autocensurarse o a reducir sus actividades, a dedicar sus limitados recursos a requisitos burocráticos excesivos e innecesarios”, describe el estudio. En el peor de los casos, agregan, son clausuradas y su personal criminalizado.
Para la organización, este tipo de legislaciones “restrictivas” es un reflejo del entorno hostil en el que las personas que defienden los derechos humanos desarrollan su activismo y recuerda que, a menudo, el ataque contra las ONG va dirigido particularmente a organizaciones que defienden los derechos de grupos excluidos como las mujeres, los migrantes, las personas LGTBI, así como el medio ambiente.
“En algunos países, los principales políticos y funcionarios del Gobierno están adoptando cada vez más un discurso nacionalista, antiinmigración y 'antiextranjero” para deslegitimar a los opositores o a las minorías como chivos expiatorios. Los Estados están adoptando una legislación similar en su esfuerzo por silenciar las voces independientes y críticas de la sociedad civil“, denuncia la organización.
De fondo está el temor de que estas organizaciones, ante los obstáculos, que a juicio de AI limitan su derecho de asociación, dejen de desempeñar su “esencial” labor. “En muchos países se acosa hasta sumirlas en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos. Las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para trabajar con libertad y seguridad. Silenciarlas e impedir que lleven a cabo su labor tiene consecuencias para todas las personas”, sentencia Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.