Mulu Meresa no sabe de dónde saldrá la próxima comida de su familia. Al igual que los otros 1,8 millones de desplazados por la reciente guerra en Tigray, la región septentrional de Etiopía, Meresa y sus dos hijos dependen de los cereales distribuidos por los organismos humanitarios.
Sin embargo, estos organismos interrumpieron las entregas de alimentos después de que los trabajadores humanitarios descubrieran una trama nacional para robar suministros destinados a personas hambrientas, y Mulu no cuenta con ningún tipo de ayuda desde febrero.
“Pasamos mucha hambre”, lamenta Mulu, que ha vivido los últimos dos años y medio en una escuela de Mekelle, la capital de Tigray. “Estoy muy preocupada por mis hijos. ¿Van a morir de hambre en mis brazos por la falta de comida?”.
La ONU y Estados Unidos interrumpieron la ayuda alimentaria a Tigray en marzo mientras investigaban el robo. A principios de junio, anunciaron que suspendían la ayuda alimentaria a todo el país, lo que afecta a 20,1 millones de etíopes que dependen de los cereales donados debido a la sequía y los conflictos internos.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAid) todavía están investigando la cantidad de alimentos sustraídos. Aunque es posible que nunca se conozca la verdadera magnitud, los trabajadores humanitarios informados sobre los primeros resultados de la investigación de USAid afirman que la agencia cree que podría tratarse del mayor robo de alimentos humanitarios de la historia y que altos cargos del Gobierno etíope están muy implicados.
Alimentos robados
“Es un fenómeno sistemático que lleva produciéndose mucho, mucho tiempo”, afirma un funcionario de la ONU, que añade que el robo parece estar orquestado por altos cargos del Gobierno etíope.
En declaraciones a The Guardian, cooperantes y diplomáticos afirman que funcionarios del Gobierno etíope inflaron las listas de beneficiarios y citan casos de actores armados que se apoderaron de grano de los almacenes. También afirman que el PMA y USAid no pudieron garantizar que sus suministros llegaran a los destinatarios previstos.
Varias fuentes afirman que las agencias de ayuda sabían desde hace tiempo que funcionarios etíopes corruptos robaban los alimentos donados y lo aceptaban como un coste de las operaciones en Etiopía.
El Gobierno etíope desempeña un papel destacado en el suministro de ayuda. Durante la hambruna de 1984-1985, el Gobierno y los rebeldes de la oposición ya habían sido acusados de quedarse con la ayuda humanitaria.
“El Gobierno etíope interfiere mucho y no tenemos ninguna independencia para hacer el trabajo para el que estamos aquí”, dice un cooperante. “Les dimos libertad para hacer lo que quisieran con los alimentos. Era un entorno perfecto para desviar la ayuda, y nosotros hemos propiciado ese desvío”.
Esta opinión es compartida por otros trabajadores humanitarios en Addis Abeba, la capital etíope. “Es un sistema que donantes y socios por igual hemos apoyado durante décadas”, dice uno de ellos. “La magnitud sólo es nueva porque no hicieron nada al respecto. Dejaron que se pudriera”.
Un portavoz del Programa Mundial de Alimentos no ha querido especificar quién era el responsable del robo, pero afirma que la cantidad de alimentos sustraídos es “considerable”. Gran parte de los robos se habían producido “después de la distribución, es decir, una vez entregada la ayuda al beneficiario”. Estos suministros llegaban después a los mercados para ser vendidos.
“Es responsabilidad del Programa Mundial de Alimentos reforzar nuestros mecanismos para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”, afirma el portavoz. USAid no ha respondido a una solicitud de entrevista ni a una serie de preguntas escritas que se le han formulado.
El hambre como arma
A lo largo de los dos años de guerra en Tigray, que terminó en noviembre, los dos bandos en conflicto fueron acusados de robar suministros humanitarios y restringir el acceso de la ayuda a la región. El Gobierno fue acusado de utilizar el hambre como arma y cientos de miles de personas fueron empujadas al borde de la hambruna.
El Gobierno local de Tigray afirma que funcionarios federales y regionales, entre otros, han robado 7.000 toneladas de grano, suficientes para alimentar a casi medio millón de personas durante un mes. También ha informado de cientos de muertes desde marzo. Otras regiones aún no han comunicado la cantidad de grano sustraído en sus zonas.
Un trabajador humanitario afirma haber recibido informes de docenas de muertes por inanición relacionadas con la interrupción de la ayuda en la región occidental de Benishangul-Gumuz, escenario de una insurgencia étnica.
Hewan Abraha, que tiene hijos de dos y cuatro años, dice que a menudo no tienen nada que comer en un día. “La ayuda se interrumpió sin previo aviso”, explica Hewan, que vive en el campamento de desplazados de Mekelle. “No nos dieron ninguna explicación. No sabemos cuándo volverá a empezar. Es similar a la época del conflicto”.
Gidey Adhana, otro desplazado del oeste de Tigray, ahora en Mekelle, ha estado sobreviviendo gracias a la caridad de excedentes de grano de unos familiares que poseen una granja cerca de la ciudad. Dice que tiene suerte, ya que muchas otras personas del campamento no cuentan con esta posibilidad y han visto obligadas a mendigar comida.
“Estamos furiosos por el cese de la ayuda alimentaria”, dice Gidey. “Culpamos al Gobierno y a las organizaciones de ayuda humanitaria. Deberían haber supervisado los repartos y haber sido más cuidadosos. ¿Por qué nos castigan? No es culpa nuestra”.
Además de los 20,1 millones de etíopes que necesitan ayuda, también hay más de 823.000 refugiados en Etiopía, en su mayoría procedentes de Sudán del Sur, Somalia y Eritrea, y tampoco están recibiendo cereales.
USAid y el Programa Mundial de Alimentos siguen llevando a cabo programas de nutrición “limitados” para niños y madres. En Tigray, sólo 256.000 de las 809.000 personas que necesitan apoyo nutricional lo recibieron entre enero y mayo.
El Programa Mundial de Alimentos afirma que espera reanudar las entregas de ayuda alimentaria a finales de julio. Tanto el programa de la ONU como USAid señalan que el Gobierno no está presentando listas de beneficiarios y que se están introduciendo controles biométricos.
“Éramos personas autosuficientes antes de la guerra en nuestro país”, lamenta Mulu. “Ahora pasamos hambre y sólo esperamos que se reanude la ayuda alimentaria. No nos queda nada”.
Traducción de Emma Reverter.