El Sáhara Occidental ocupado: a dónde empuja España a los saharauis que pidieron asilo en Barajas

La semana pasada, el Ministerio del Interior terminó de devolver a los saharauis pendientes de asilo o apátrida en el Aeropuerto de Barajas, enviándolos -excepto a dos- de regreso a Marruecos. Tras el retorno de 35 de ellos, varios familiares han informado a sus abogados de que algunas de las personas devueltas fueron detenidas en Marruecos y sometidas a extensos interrogatorios. “Muchos han continuado su camino hacia Mauritania”, afirma Fátima Ghali, abogada de los saharauis en Barajas. Su objetivo, añade, es no permanecer en Marruecos ni en el Sáhara Occidental por temor a represalias.

Desde la retirada de España del Sáhara Occidental en 1975, diversas organizaciones internacionales han denunciado la violación de derechos humanos en la región donde procedían los saharauis que pidieron asilo en Barajas.

Torturas y detenciones arbitrarias

Cuando preguntas a cualquier activista saharaui sobre su vida en los territorios ocupados del Sáhara es habitual que mencione haber sufrido alguna detención arbitraria durante sus protestas por la autodeterminación. En ellas, muchos mencionan haber sido víctimas de torturas o malos tratos. Un informe publicado recientemente por ACAPS y NOVACT indica que sólo en 2023 se detuvo o retuvo ilegalmente a 10 hombres y 6 mujeres.

A Zeinab Babi la detuvieron un año antes, en 2022. Esta mujer saharaui cuenta que se dirigía hacia un taxi que encontró cerca de un supermercado en la ciudad de Bojador (Sáhara Occidental) sobre las 12 de la noche cuando dos coches sin matrícula se detuvieron junto a ella y, seguidamente, cuatro agentes de policía y seguridad vestidos de civiles apartaron al taxista diciéndole: “Esto no te incumbe”.

Esa noche del 16 de abril de 2022, la policía marroquí arrestó a Zeinab. Sin que la policía le dijera por qué estaba siendo retenida, esta mujer de 43 años contó a Amnistía Internacional que los motivos que se escondían detrás de la actuación policial estaban directamente relacionados con su participación en las manifestaciones en Bojador y su papel de activista saharaui. Mientras estaban en el coche, dos policías golpearon y patearon a Zeinab por todo el cuerpo, también la insultaron. Según el informe que recoge el caso de Zeinab y otras cinco mujeres detenidas por las autoridades marroquíes, ya en la comisaría, cuatro agentes interrogaron a la activista desde las 12.30 hasta las 15.20 horas, cuando abandonó la comisaría descalza y con su melfa (pañuelo tradicional saharaui) rota por los golpes.

De camino a casa, otro coche, un Mercedes, se acercó desde la dirección opuesta y cinco hombres –tapados con mascarillas por la pandemia– se acercaron, bajaron del coche y la golpearon a palos en las rodillas, las manos y los brazos, siempre según su relato. “Siguieron golpeándome. Vi el walkie-talkie de uno de los agentes y pude ver que eran policías. Intentaban impedir que luchara golpeándome con los palos de hierro. Me golpearon sin piedad”, concluye este testimonios recogidos por Amnistía Internacional.

La represión de Marruecos contra los activistas saharauis también ha llegado a los tribunales, traduciéndose en ocasiones en condenas de cadena perpetua por actividades relacionadas con el activismo. Uno de los casos más mediáticos sucedió en 2010, durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. Con el objetivo de exigir mejores condiciones de vida y denunciar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Marruecos en el Sáhara Occidental, miles de saharauis se concentraron para ejercer una gran manifestación que, según analistas, fue considerada como el germen de la Primavera Árabe en 2011.

Como respuesta, las fuerzas marroquíes desmantelaron violentamente el campamento, lo que provocó enfrentamientos y numerosas detenciones. Como resultado, 24 activistas saharauis, conocidos como el grupo de Gdeim Izik, fueron arrestados y condenados por un tribunal militar marroquí. Algunos recibieron sentencias de entre 20, 30 años o incluso cadena perpetua. Según el informe, los detenidos fueron sometidos a “torturas físicas y psicológicas, acoso y reclusión en régimen de aislamiento en represalia por su defensa del derecho a la libre determinación y su retirada del proceso de apelación”.

En abril de 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declaró de “ilegal” la detención de los encarcelados en centros penitenciarios marroquíes del grupo de Gdeim Izik por violar los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desapariciones forzadas

Para Ghalia Djimi, defensora saharaui de los derechos humanos, el 20 de noviembre de 1987 siempre será una fecha a recordar. La mañana de ese día, Djimi se personó en la manifestación en El Aaiún ante la llegada de una misión técnica de la ONU. El objetivo de la visita era evaluar las condiciones para la celebración del referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, pero ese día también Ghalia Djimi fue detenida sin dejar rastro ni avisar a sus familiares, según denuncia la activista.

Djimi cuenta que fue enviada a un “centro discreto”, donde estuvo retenida con “los ojos vendados” durante más de tres años “hasta cuatro días antes de su liberación”. A su salida, ya no tenía cabello, dice que lo perdió por los químicos que le arrojaban. Asegura que en sus brazos y espalda aún se veían las marcas de mordedura de los perros. “Abusaban sexualmente de nosotras o nos ponían una pistola en la cabeza”, cuenta la mujer desde El Aaiún por teléfono. “No teníamos más ropa que la que llevábamos puesta. No podíamos cambiarnos ni siquiera cuando nos venía la menstruación”, denuncia.

Un informe publicado el pasado 10 de octubre por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (UN CED) acusa a funcionarios marroquíes de ser sospechosos de llevar a cabo desapariciones forzadas y otros delitos graves en el Sáhara Occidental ocupado. El documento sostiene que Marruecos “perpetua un clima de impunidad al negarse a investigar y exigir responsabilidades a los autores”.

Otra investigación de la asociación saharaui Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado, publicada este mes, revela que cerca de 1.000 saharauis han sido víctimas de desapariciones forzadas, de los cuales se estima que 440 siguen desaparecidos.

Su experiencia no fue el primer caso de desaparición forzada que conocía. El 4 de abril de 1984, las autoridades marroquíes se llevaron a su abuela, a quien consideraba su madre. La acusaron de ser miembro del Frente Polisario, pero simplemente era una mujer “muy pendiente” que mantenía las costumbres saharauis, aunque vivieran en Marruecos, recuerda Djimi. Desde ese día nunca más volvió a saber de su abuela: “Marruecos dice que ha fallecido, pero no tengo ningún comprobante que lo corrobore”. Djimi fue liberada en 1991, cuando Marruecos liberó a 324 saharauis tras un acuerdo de alto al fuego con el Frente Polisario.

El caso de Ghalia Djimi no es aislado, subraya la activista: “La desaparición forzada ha tocado a casi la totalidad de las personas saharauis”.

Un agujero informativo

Según Freedom House, las libertades civiles y políticas en el Sáhara Occidental están severamente restringidas tanto en el territorio controlado por Marruecos como en el territorio en manos del Frente Polisario. En su ranking de derechos humanos, Sáhara Occidental es un territorio 'no libre', con una puntuación de 4 sobre 100.

Este portal, que mide la calidad democrática de todos los países del mundo, señala que en el Sáhara Occidental no hay pluralismo político ni libertad de asociación. Tampoco existe libertad de reunión y la oposición es perseguida por el régimen. Tampoco hay un poder judicial independiente. Este portal también destaca las limitaciones para acceder a información que no esté bajo la influencia del Reino de Marruecos o del Frente Polisario.

Edith Rodríguez Cachera, relatora para los ataques contra la libertad de prensa para RSF España, es una de las autoras del informe 'Sahara Occidental: un desierto para el periodismo'. En él, advierte del riesgo diario que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos en el Sáhara Occidental, afirmando que “no es lo mismo ser periodista en democracia que bajo un régimen autoritario, lo que forzosamente te convierte en un activista”.

Aunque el informe data de 2019, Rodríguez asegura que “las detenciones arbitrarias contra los periodistas siguen ocurriendo”, con condenas “deplorables” que, dependiendo de los cargos, pueden superar los 14 o incluso 30 años.

La libertad de prensa en Marruecos también está bajo debate, ya que los periodistas “son a menudo objeto de arrestos sin orden judicial y de prolongadas detenciones preventivas”, según RSF. Tanto RSF como Human Rights Watch (HRW) denuncian un modus operandi marroquí habitual para inculpar a la prensa: el acoso por agresión sexual.

Desde mediados de la década de 2010, HRW asegura que las autoridades marroquíes han acusado y procesado cada vez más a periodistas y activistas de alto nivel por delitos no relacionados con la libertad de expresión, incluidos delitos relacionados con relaciones sexuales consentidas. A finales de la década de 2010, las autoridades marroquíes empezaron a procesar a críticos con el régimen por delitos graves como blanqueo de dinero, espionaje, violación o agresión sexual, e incluso trata de seres humanos. Ejemplo de ello fue el mediático caso de Omar Radi.

Edith Rodríguez, relatora de RSF, recuerda que en enero de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra Marruecos por primera vez en 26 años, pidiendo el respeto a la libertad de los medios y la liberación de todos los presos políticos y periodistas encarcelados. La resolución también condenaba el uso indebido de acusaciones de agresión sexual para disuadir a los periodistas de desempeñar sus funciones.

RSF enfatiza que esta estrategia es común por parte del gobierno marroquí, no solo para difamar a las mujeres víctimas de imágenes manipuladas por la policía marroquí, sino también para complicar el trabajo de las ONG que defienden los derechos humanos. La resolución fue aprobada por 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones. Rodríguez subraya que 17 de los votos en contra provinieron de diputados socialistas españoles.

Vigilancia 24 horas y represión

La vigilancia también se ejerce a periodistas o activistas fuera del territorio marroquí, puesto que son considerados una amenaza para el reino. Entre 2021 y 2022 Amnistía Internacional publicó informes en los que demostró la “vigilancia masiva de las actividades online” y RSF confirmó que 17 periodistas de 7 países, fueron identificados como víctimas confirmadas o potenciales de la vigilancia de Pegasus.

"Cuando pedimos los motivos y justificaciones de la expulsión, simplemente nos dijeron que no nos querían allí". "La represión va en aumento, también la asfixia"

Ejemplo de ello fue el caso de Aminatou Haidar, defensora de los derechos humanos saharaui, quién fue víctima del del software espía Pegasus de NSO Group, una herramienta que la organización califica como un ejemplo de “las autoridades marroquíes al no respetar ni proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.

Pero la vigilancia también se produce en el terreno. El pasado 9 de octubre Ahmed Ettanji, periodista saharaui fundador de Équipe Media (medio de comunicación independiente saharaui) viajó hasta Bojador para hacer un reportaje con su compañero. Después de una hora de control policial fueron a visitar la casa de su hermana, “no pasaron ni 10 minutos cuando se presentaron las autoridades marroquíes”, cuenta el periodista a través de una llamada telefónica. Les amenazaron a ellos y a su familia y les pidieron que se fueran. “Cuando pedimos los motivos de la expulsión, simplemente nos dijeron que no nos querían allí”. “La represión va en aumento, también la asfixia”, concluye Etanji.

En 2023 Marruecos anunció que instalaría cámaras de seguridad para combatir la mendicidad. Sin embargo, la instalación de estos tipos de cámaras sirven como herramientas de vigilancia en los territorios del Sáhara Ocupado, asegura RSF. “Sientes que incluso las paredes te están escuchando, no es un exageración”, insiste Ettanji. “Los periodistas y los activistas saharauis estamos asfixiados por la policía marroquí y, consecuentemente, también lo están nuestras familias”.

Precariedad educativa y laboral

El acceso a la universidad también es un elemento complejo para los jóvenes saharauis. La discriminación y dificultad para acceder a la formación profesional y la educación universitaria por parte del pueblo saharaui ha sido denunciada por el ECOSOC (Committee on Economic, Social and Cultural Rights).

En el Sáhara Occidental hay un sistema que se organiza bajo las llamadas ‘kartiya’, unas ayudas mensuales que se otorgan a población sin recursos y que suelen ser de unos 200 euros aproximadamente. Sin embargo, entidades saharauis denuncian que estos recursos se utilizan por parte del estado marroquí para ejercer chantaje y presión sobre las personas que necesitan esta ayuda, “desincentivando o castigando su participación en protestas y movimientos sociales”.

El informe también asegura que “el paro tiene un peso desproporcionado en el Sahara Occidental, sobre todo en mujeres y jóvenes”. A quienes tienen acceso al trabajo no suele respetarse el salario mínimo, añade. La mayoría de las mujeres “trabajan sin contrato y con sueldos muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional fijado por el Marruecos”.

Expolio de recursos

El Sahara Occidental también es víctima del expolio de sus recursos naturales por parte de Marruecos, sobre todo en relación a la minería y la pesca. El pasado 4 de octubre la Justicia europea confirmó la anulación del acuerdo pesquero de Marruecos y la UE por vulnerar los derechos del Sáhara. El cese del acuerdo tendrá lugar dentro de un año puesto que la anulación inmediata conllevaría “consecuencias negativas graves para la acción exterior” de la UE.

En 2021, el 91% de las capturas recogidas en el pacto pesquero entre España y Marruecos de 2019 provenían de aguas saharauis, según informa Europa Press. A cambio del acceso a estas aguas, la Unión Europea pagaba a Marruecos una media anual de 52 millones de euros. Pese a ello, los beneficios que recibían los saharauis eran muy escasos.

Freedom House asegura que “la condición de territorio ocupado hace que los derechos de propiedad sean inseguros”. La organización destaca que “no existe un mercado libre creíble dentro del territorio”. Además, la situación indeterminada del territorio impide la creación de nuevas oportunidades económicas. Esta precariedad laboral hace que muchos saharauis opten por refugiarse en los campamentos de Tinduf, donde ya sobreviven cerca de 180.000 personas.

"El objetivo a largo plazo es crear una generación que no tenga una identidad saharaui, porque Marruecos sabe que la identidad de los pueblos es una herramienta muy importante de resistencia contra el colonialismo"

“Limitar la demografía marroquí”

Actualmente, no es posible saber cuántos saharauis viven en el Sáhara Occidental. “Hay más colonos que saharauis”, afirma Ettanji. Los saharauis que viven allí deben renunciar a sus derechos políticos para acceder a beneficios laborales y económicos, lo que supone aceptar a Marruecos como soberano y rechazar un referéndum de autodeterminación, según un informe de NOVACT.

Isaías Barreñada Bajo, codirector del Grupo de Investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio de la UCM, señala que Marruecos aplica una lógica colonial similar a la de Palestina antes del 7 de octubre de 2023, con una ocupación prolongada que viola derechos humanos fundamentales. Marruecos considera el Sáhara Occidental como parte de su territorio desde 1975, tras la retirada de España.

Para el académico, el objetivo de Marruecos “es crear hechos consumados mediante la construcción de infraestructuras y asentamientos coloniales para que la comunidad internacional acepte la situación como irreversible”. La diferencia de los asentamientos israelíes, explica Ettanji desde el terreno, es que Marruecos integra a los colonos en barrios saharauis para cambiar la demografía.

También impone el aprendizaje del amazig (dialecto bereber) y el darija (dialecto marroquí) en las escuelas, prohibiendo el uso del dialecto saharaui hassanía, en un intento de erradicar la identidad saharaui. “El objetivo a largo plazo es crear una generación que no tenga una identidad saharaui, porque Marruecos sabe que la identidad de los pueblos es una herramienta muy importante de resistencia contra el colonialismo”, asegura el periodista.

Las ONGs critican que aún no se haya realizado el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, un territorio considerado por la ONU como “no autónomo”. En 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió el cese de hostilidades entre el Frente Polisario y Marruecos y pactó un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. Para garantizarlo, se creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) que, a día de hoy cuenta con 1.178 personas desplegadas en El Aaiún. Sin embargo, 33 años después, Marruecos sigue sin celebrar dicho referéndum.

A diferencia de otras misiones de la ONU, la MINURSO no tiene un mecanismo de observación de derechos humanos para velar por la protección de la población saharaui en la zona ocupada. En 2010, algunos miembros del Consejo de Seguridad propusieron incluir este mecanismo, pero fue rechazado por Francia, miembro permanente con derecho a veto y fiel socio de Marruecos.