Lo primero que hizo Nilka cuando vio la fina capa de agua y barro que empezaba a inundar la casa fue subir la máquina de oxígeno de Francisco a la planta de arriba. El hombre de 92 años, al que cuidaba como interna desde hacía casi dos años, dependía de ella y apenas podía caminar sin ayuda. “Mami, mami. La puerta se está partiendo, el agua viene muy fuerte”, gritó su hija, quien también convivía con ellos, para avisar de que la corriente empezaba a irrumpir con fuerza en la vivienda de Masanasa (Valencia). “Miré hacia Francisco. Estaba flotando. Estaba muy pálido”. La riada empezaba a embestir y arrastrar los muebles de la casa y temían no poder salvar entre las dos al anciano, pero lo hicieron.
Si Yolanda piensa en Luisa, la ve en su silla. Una silla muy pequeña, “muy chiquita”, que llevaba a todas partes. Y allí la recuerda sentada cuando el agua del río se desbordó y alcanzó la vivienda donde ambas vivían en Paiporta (Valencia). Ahora a Yolanda le persigue el momento en que la señora a la que cuidaba desde hacía unos meses se desprendió de las manos de su hijo, cuando vieron su rostro alejarse hasta perderlo de vista, mientras ellos también luchaban por sobrevivir. Ellos, el hijo de la fallecida y la trabajadora doméstica, se pusieron a salvo tras salir de la casa, subir a un muro y saltar a la vivienda de unos vecinos, donde pasaron la noche en estado de shock.
Un mes después, ambas se encuentran sin trabajos tras los estragos causados por la DANA. No reciben ayudas, al no tener papeles o no haber tenido contrato de trabajo ni de alquiler. Es la historia de las cuidadoras invisibles afectadas por la riada asoló Valencia el pasado 29 de octubre. Mujeres migrantes sin papeles o solicitantes de asilo sin contrato, muchas internas, víctimas de la tormenta, que cuidaron hasta el final, trabajaron hasta el final, lucharon por su vida o lloraron una pérdida de alguien que no era un familiar, pero trataron como si lo fuera. Perdieron el trabajo y, en el caso de las internas, también la vivienda. Esas trabajadoras que abandonaron su vida en su país de origen para empezar de cero en España, que empezaban a atisbar un principio de nuevo hogar en Valencia y empezaban a hacerse con humildes pertenencias propias, pero volvieron a perderlo todo.
El 29 de octubre se quedaron sin nada. Perdieron lo que tenían, como tantos ciudadanos afectados por la DANA, pero con una diferencia: a ellas no llega el colchón público. Ellas ni siquiera optan a las ayudas del Gobierno. Aunque el Ministerio de Trabajo aprobó una prestación extraordinaria por desempleo dirigida específicamente a las empleadas del hogar afectadas por la DANA, estas no llegan a las trabajadoras sin papeles.
Quienes no tienen papeles o no tienen contrato, una situación habitual en el trabajo doméstico, son invisibles para el Estado. No tienen número de NIE con el que rellenar la solicitud, ni contrato de trabajo para demostrar su relación laboral, lo que les imposibilita solicitar las ayudas públicas ligadas al trabajo o a los enseres arruinados por la riada. En este tiempo, el Gobierno no ha buscado ningún canal para tratar de hacerles llegar algún tipo de apoyo público a las personas sin papeles ante la situación de excepcionalidad provocada por la catástrofe. Como ocurrió durante la pandemia de COVID–19 con los migrantes sin tarjeta de residencia, la DANA vuelve a evidenciar el doble impacto que una catástrofe tiene entre las personas migrantes que viven y trabajan en España en la clandestinidad.
Cuidar hasta el último momento
El pasado 29 de diciembre, el agua ya les llegaba por las rodillas y había un colchón bloqueando el acceso a la planta de arriba, a donde Nilka y su hija querían subir para protegerse de la riada. Mientras la trabajadora trataba de liberar el acceso a las escaleras, le pidió a su hija adolescente que fuese a por Francisco, el anciano al que cuidaba. La hija de Nilka, de 15 años, vivía con ellos a cambio de pagar 200 euros a la hija del anciano, la persona que mantenía 'contrataba' a su madre. “Ella lo cogió con los dos brazos de frente. Él decía: 'No puedo, no puedo'. Pero le decíamos: 'No nos vamos a ahogar. Y para eso tú nos tienes que ayudar'”, detalla la mujer colombiana. El agua ya les cubría por encima de la cintura. “Carguémoslo entre las dos”, dijeron. Las dos lo agarraron en volandas. “El agua ya me hacía flotar. No podía respirar casi, pero fue muy valiente”, dice con cariño. “Subimos un escalón, luego otro y conseguimos llegar al segundo piso”.
“Empecé a buscarle algo de ropa para cambiarlo. Tenía frío y estaba pálido. Le cambié, le di agua”, explica la mujer. Estaba junto a su hija, pero su relato se centra en su preocupación ante el estado de salud del anciano que cuidaba, con el que ya había generado un vínculo de cariño. “Se sentía muy mal y no sabía qué hacer. Porque no podía sacarle nadando. Llamé a emergencias: ‘Se siente mal. Por favor, por favor, tenemos a un hombre de 92 años nos vamos a ahogar, necesito sacarlo'. El agua tapó todo”, recuerda la mujer. Pero no llegó nadie.
Minutos después, cuando recuperó algo de cobertura, la hija del señor al que cuidaba la llamó angustiada preguntando por el estado de su padre. Nilka la tranquilizó, le dijo que no se preocupase, cuenta, que Francisco estaba vivo y estaban cuidando de él.
El día siguiente no fue fácil encontrar suministros. Tuvo que caminar durante horas en busca de algo de comida. Francisco solo estaba comiendo algunas latas frías y se estaba encontrando mal. Ella y su hija podían pasar así unos días, pero él era muy mayor, y Nilka temía que empeorase su débil estado de salud. “Fui al Ayuntamiento y me dieron solo una bolsa de pan. La bolsa estaba sucia. Pedí si podían darme algo más, veía que tenían más, pero me decían que no. Creo que era porque era extranjera, y les insistí en que no era para mí, era para un señor español que cuidaba”.
Volvió sin apenas nada contundente que darles de comer. Al día siguiente notó mareado al anciano y, tras mucha insistencia, logró que los servicios de emergencia lo llevasen al hospital, según el relato de Nilka. Unos días después, recibió una llamada de su jefa, la hija de Francisco. “Me dijo que, después de todo lo que había pasado y tras los destrozos de la casa, llevarían al señor a una residencia”. Se quedaba sin trabajo y, si quería quedarme en la casa al ya dejar de trabajar para ella, debía pagar el alquiler de mi habitación el mes siguiente además del de su hija.
“Le pregunté cómo iba a hacer. La planta de abajo de la casa estaba destrozada, tenía que limpiar, arreglar la casa, buscar nuevos electrodomésticos si quería vivir allí, porque ella no me ofrecía soluciones. Me respondió que no me preocupase de limpiar, que ya me las apañaría con eso, que me centrase en buscar trabajo que necesitaba el dinero”, recuerda la trabajadora del hogar. “Sentía mucha presión porque tenía que vivir en esa casa por lo que la tenía que ser habitable, y ella –la casera– me dejaba a mí el peso de solucionarlo, pero a la vez si quería seguir allí con mi hija tenía que encontrar un trabajo en unas semanas, con toda la angustia de lo que había pasado”. Se puso en marcha la cuenta atrás.
Nilka tenía un ordenador con el que seguía una formación sociosanitaria y del que dependía para buscar trabajo, con el que también su hija hacía los deberes de clase. El ordenador se perdió tras el paso de la DANA y lleva un mes con la formación interrumpida. Si tuviese un contrato de alquiler, podría solicitar la ayuda del Gobierno para recuperar al menos una parte del dinero ligado a la pérdida de los enseres de una vivienda. Pero ella no puede optar a esta ayuda porque, al ser trabajadora interna, no tenía contrato de alquiler. Tampoco puede beneficiarse de ninguna de las ayudas públicas ligadas al empleo dado que trabajaba en la economía sumergida. La colombiana es solicitante de asilo y cuenta con permiso de trabajo temporal en España mientras se estudia su solicitud, sin embargo, ella asegura que su jefa siempre rechazó la posibilidad de hacerle un contrato de trabajo.
El día después de la DANA, aun con la desolación de ver morir a la anciana que cuidaba y la impotencia de no haber podido hacer nada por ella, Yolanda no sabía qué hacer. El fallecimiento de la mujer que cuidaba suponía la pérdida de su empleo y, sin papeles, no tenía acceso al paquete de ayudas gubernamentales: ni laborales ni en relación con los objetos personales arruinados por la riada. “Estaba sin nada. Volvía a empezar de cero y no quería quedarme en la calle”.
Más allá de la vivienda donde trabajaba como interna, Yolanda tenía alquilada –sin contrato– una habitación durante los fines de semana. No iba a poder pagarla, por lo que avisó al casero de que el mes siguiente (dos días después de la riada) no la necesitaría. “El casero, a pesar de toda la situación y de no tener contrato, se negó a devolverme la fianza al no haber avisado con un mes de antelación. Yo le dije que cómo no podía entender mi situación, pero él me dijo que él también había perdido una nave de trabajo y el coche. Que necesitaba el dinero. Le respondí que él iba a recibir ayudas pero yo no. Él me respondió que ese no era su problema”.
Con el dinero de la fianza podría haberse organizado un tiempo, pero tampoco pudo contar con ello. Las dos primeras noches durmió en una habitación compartida de un albergue. Luego, sin ya apenas dinero, saltó durante varias semanas de una casa a otra gracias a algunas de sus compañeras trabajadoras domésticas, aunque ellas le insistían en que nadie podía verlas.
“Estoy escondida. Vivo escondida. Nadie puede verme, porque a mis compañeras no les dejan traer a nadie a su habitación. Pagan por dormir una persona en una habitación durante ciertos días, y me dejan estar, pero nadie se puede enterar”, explicaba la mujer hace unas semanas. Invadida por la ansiedad de no poder ser descubierta, por la incertidumbre de no saber dónde iba a dormir los próximos días y la angustia del trauma, solo veía una solución: volver a huir en sentido contrario. Irse a Colombia, pese a lo mucho que le había costado llegar hasta aquí y empezar de cero.
“En Colombia ya no tenía casa, no tenía nada, pero al menos mi hermana podía acogerme y no iba a vivir escondida”, decía unos días antes. Tenía las dos posibilidades abiertas. Por un lado, había solicitado a una organización un vuelo de vuelta a su país, pero no sabía si podría regresar. Por otro movía hilos para tratar de encontrar un trabajo o un lugar donde quedarse.
Desde la aprobación de las primeras ayudas ligadas a la DANA, la organización Oxfam Intermón ha denunciado la exclusión de las personas en situación irregular y aquellas que carecen de contrato de trabajo o alquiler. “También ocurrió con las ayudas del Gobierno contra los efectos de la pandemia. De manera recurrente se quedan fuera siempre las personas migrantes en situación administrativa irregular”, sostiene Alejandro García–Gil, responsable de políticas de protección social y empleo de la ONG. Según sus cálculos, hay entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular afectadas por la DANA que no han sido beneficiarias de ninguna de las ayudas estatales.
Los requisitos ligados a cualquier ayuda, como la mera identificación a través de un NIE, presentar un número de cuenta o demostrar la relación laboral a través de un contrato, cierra el acceso a las personas sin papeles. No es fácil llegar a ellos, pero Oxfam propone la creación de fórmulas que respondan de manera extraordinaria a una catástrofe como la vivida en Valencia, en una zona con fuerte presencia de población migrante.
“La tragedia es tan extraordinaria que permite y hace necesario medidas extraordinarias que haga más flexible estos obstáculos. Por ejemplo, que se abra una vía en formato cheque monedero que, a través de la gestión de ONG, permite entregar tarjetas para hacer compras en establecimientos específicos para sufragar los gastos de comida o, por ejemplo, electrodomésticos perdidos en la DANA”, propone García– Gil. Este tipo de medidas planteadas por la organización fueron activadas por algunas comunidades autónomas, como Baleares, durante el confinamiento ligado al COVID–19, para hacer llegar a las personas sin papeles apoyo económico básico para subsistir. Oxfam Intermón y el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) están prestando apoyo a personas vulnerables excluidas del paquete de medidas del Gobierno.
elDiario.es llama a Yolanda unas semanas después de nuestra primera conversación para saber cómo han ido las últimas semanas. La colombiana cuelga y devuelve la llamada a través de WhatsApp. Se cumple un mes de la DANA. “Me regresé a Colombia”, dice al otro lado del teléfono. “No sabía qué hacer, no podía seguir escondida, estaba muy angustiada y necesitaba ir a un psicólogo, me estaban viniendo muchos miedos y allí no encontraba ayudas”, dice desde la casa de su hermana. Tiene fuertes dolores en la pelvis, tiene cita con el médico, parece que sufrió un golpe durante la riada y en España no tuvo ni tiempo ni forma de observarlo y atenderlo. “Hice lo que pude, pero ahora me pregunto: ¿qué hago aquí? Aquí no hay trabajo, con mi edad nadie me contrata, no sé si me arrepentiré”, dice aún con la decisión retumbándole en la cabeza.