Carola Rackete llevó al puerto de Lampedusa sin permiso a 40 rescatados asegurando que su prioridad era poner fin a una situación desesperada tras más de 15 días sin solución. Estaba dispuesta a asumir las consecuencias penales, convencida de que la defensa de los derechos de las personas está por encima de la seguridad y de que la Justicia se pondría de su parte. Este martes, la jueza de instrucción de Agrigento (Sicilia) Alessandra Vella, quien ordenó a última hora su puesta en libertad tras tres días de arresto domiciliario, le ha dado la razón.
La magistrada argumenta que Rackete actuó cumpliendo “un deber”, el de salvar vidas en el mar, cuando maniobró para atracar el barco Sea Watch 3 en Lampedusa. A lo largo del auto, difundido este martes, pone de relieve que los derechos fundamentales priman sobre las necesidades de control de fronteras, como defiende el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini.
La capitana alemana de 31 años estaba acusada de los delitos de resistencia o violencia contra nave de guerra por haber chocado contra una patrulla de la Guardia de Finanzas, la policía de fronteras italiana, durante la operación de atraque. La jueza decidió no validar su detención como solicitaba la Fiscalía y rechazó este delito, considerando que la desobediencia a las autoridades estaba justificada y alegando además que los buques de la Guardia de Finanzas no deben considerarse en este caso naves de guerra. Por otro lado, descarta que Rackete tuviera intención de golpear el bote patrullero.
Vella da un paso más y respalda que la elección del puerto de Lampedusa era obligatoria, porque los puertos de Libia y Túnez no son considerados una opción segura, según se desprende del auto de 13 páginas publicado por varios medios como La Repubblica. De este último país, asegura que “no prevé la protección de los refugiados en lo que respecta al derecho de asilo político”. A lo largo del texto, recuerda que el cumplimiento del deber de rescate de los náufragos no solo cubre la fase de subirlo a bordo, sino también la de llevarlas a un puerto seguro
Asimismo, la magistrada se refiere al decreto de seguridad impulsado por el Salvini y aprobado recientemente por el Gobierno italiano que le permite prohibir la entrada en aguas territoriales a los barcos de las ONG “por razones de orden y seguridad pública” y contempla multas de hasta 15.000 euros. Era la primera vez que se ponía en marcha. Pero la jueza considera que “las directivas ministeriales sobre los puertos cerrados y la prohibición de entrada en aguas territoriales” previstas en el decreto de seguridad no son aplicables, ya que conforme a las convenciones internacionales firmadas por el Italia el capitán tiene la obligación de poner a salvo a las personas rescatadas. En cualquier caso, subraya la jueza, la violación de la prohibición es castigada por el decreto solo con sanciones administrativas y no penales.
La decisión de la jueza ha enfurecido a Salvini, férreo defensor de la política de puertos cerrados, que ha vuelto a arremeter una vez más contra los magistrados del país. “Para la Justicia italiana ignorar las leyes y golpear una nave de la Guardia de Finanza no son motivos suficientes para ir a la cárcel. Ningún problema. Para la comandante criminal tengo preparado una orden para expulsarla a su país”, dijo el ministro.
Los abogados de la capitana aplaudieron la decisión de la jueza ya que, apuntan, ha recurrido a las normas marítimas internacionales y al deber de rescatar a personas en problemas. “La juez demuestra que la premisa de cerrar los puertos del ministro del Interior es ilegítima, así como la prohibición de atracar a la Sea Watch tras quince días de espera, y recupera el equilibrio de valores y la prevalencia de la protección de la vida humana respecto a la arbitrariedad de las políticas con motivos propagandísticos”, sostuvo la defensa en un comunicado.
Este martes, tras ser puesta en libertad, Rackete ha afirmado que la decisión de la justicia italiana es “una gran victoria para la solidaridad” con los migrantes y refugiados y en contra de los que “criminalizan a quienes los rescatan en muchos países de Europa”. Asimismo, ha asegurado sentirse conmmovida por “toda la solidaridad expresada por tanta gente”. Sin embargo, la capitana continúa siendo investigada por presuntamente “favorecer la inmigración” irregular. El 9 de julio está previsto que se someta a un interrogatorio en el marco de esta investigación, que se mantiene abierta.
Rackete fue arrestada en la madrugada del sábado. El barco Sea Watch había rescatado el 12 de junio a 53 migrantes frente a Libia, trece de los cuales fueron desembarcados días después por razones médicas, y el restó permaneció a bordo mientras ningún Estado admitía el atraque de la embarcación. El 26 de junio, la capitana decidió entrar sin permiso en aguas territoriales de Lampedusa, y por ende de Italia, violando la prohibición de Salvini, aunque no llegó a tierra porque fue interceptada primero por la Guardia de Finanza. En todo momento alegó el deterioro de las condiciones a bordo. Tres días después, en la noche del 29 de junio, llegó finalmente sin permiso al puerto de esa isla, pese a la prohibición de los agentes, y atracó en uno de sus muelles.
Este miércoles, la ONG ha explicado que la activista ha sido trasladada a un “lugar seguro” tras haber recibido “amenazas”, según ha explicado a Efe en Berlín un portavoz de la organización que no quiso precisar en dónde se encuentra en estos momentos. “Ha habido algunas amenazas”, ha dicho sin dar más detalles Ruben Neugebauer, quien agregó que Rackete “se encuentra bien”.