El salvoconducto con el que México ha dispersado la nueva caravana migrante hacia EEUU

La mayor caravana migrante de los últimos años, con cerca de 15.000 personas, solo ha durado cinco días. La marea humana se ha dispersado, pero sus integrantes siguen su camino por México hacia Estados Unidos. Esta vez, el grupo no fue disuelto con violencia por la policía y la Guardia Nacional, sino con una nueva estrategia que también ha cogido por sorpresa a los propios migrantes.

El Instituto Nacional de Migración ha otorgado a los participantes de la caravana un salvoconducto de 30 días, durante los cuales pueden permanecer en México sin el riesgo de ser deportados. Cuando el principal grupo de la caravana migrante descansaba en Mapastepec (Chiapas), tras dos días de caminata bajo el sol y las fuertes lluvias desde Tapachula, todo dio un giro de 180 grados.

Durante la tarde del viernes, los Grupos Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración de México montaron una mesa en la cancha de baloncesto donde hasta ese momento descansaban los integrantes de la caravana. Los agentes empezaron a pedir los papeles a miles de personas para, según aseguraron, otorgarles un permiso de estancia regular de 30 días. Se cumplía una promesa lanzada días antes por Luis Villagrán, activista del Centro de Dignificación Humana que se ha erigido en el líder de la caravana y a quienes todos llaman “el abogado”.

Ante miles de personas y micrófono en mano, Villagrán se había comprometido a conseguir que las autoridades mexicanas expidieran documentos que dieran a los migrantes entre 30 y 180 días para salir del país por alguna de las fronteras o para regularizar su situación solicitando una visa humanitaria en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Estas palabras habían provocado el júbilo de los migrantes, aunque no todo el mundo se creía esa promesa, teniendo en cuenta que las anteriores caravanas habían sido reprimidas con fuerza en el Estado de Chiapas.

Dicho y hecho. El pasado viernes, tras haberse elaborado listado de las familias y personas que conformaban la caravana migrante, comenzaron a llevar decenas de autobuses a la cancha de baloncesto convertida en refugio improvisado de los migrantes. Hasta las tres de la mañana, los participantes de la caravana fueron trasladados en los buses para llevarlos a la aduana de Huixtla, donde les otorgaron los permisos temporales.

Con el salvoconducto en la mano, las miles de personas que habían estado unidas hasta entonces, se dispersaron. Se acabó así la caravana migrante, pero no el camino de sus integrantes. En pequeños grupos de familias o amigos, se dirigieron a las estaciones de buses de Huixtla hasta colapsarlas. Su objetivo: avanzar lo máximo posible hacia el norte, con el fin de llegar cuanto antes a la frontera con EEUU, situada a 3.000 kilómetros de Huixtla, con la garantía de encontrarse en el país legalmente, por lo que no pueden ser deportados.

Lo primero que hicieron fue hacer varias copias del ansiado salvoconducto que acredita su estancia regular en el país. Su miedo es que, durante el trayecto hacia la frontera estadounidense, la policía les rompa los documentos y los deporte a sus países de origen. La mayoría denunciaba que ya habían tenido muchos problemas con la policía de Guatemala que les había extorsionado a su paso por ese país para dejarles continuar con su viaje hacia el norte.

“Están jugando con nuestras ilusiones”

Algunos desconfiaban. Mientras esperaba montarse en los buses, la salvadoreña Alba Elisa decía: “Están jugando con los sentimientos e ilusiones que cada uno de nosotros tenemos, porque ya no sabemos si nos van a ayudar para seguir adelante o para atrás”. La mujer criticaba el hecho de que los buses los llevaran hasta un punto localizado a 66 kilómetros de donde se encontraban, y desde donde habían llegado caminando dos días antes. “Hemos venido con los pies llenos de llagas y hemos aguantado sol, lluvia y sin comer y ahora nos llevan para atrás”, indicó, mientras se preguntaba “dónde está el abogado que nos defendía”. Elisa, que huía de la “dictadura” en la que, a su juicio, se ha convertido El Salvador con el régimen de excepción, esperó que, si les iban a dar el papel, al menos que luego lo respetaran y no lo rompieran los de la migración “más adelante”.

Pese a sus dudas iniciales, que eran compartidas por muchas personas migrantes, el Instituto Nacional de Migración otorgó finalmente el salvoconducto que acabó por disolver la caravana migrante más grande conformada hasta ahora, integrada por personas de 20 nacionalidades diferentes. La mayoría de ellas se dirigen ahora hacia la frontera entre México y Texas, en Acuña o Piedras Negras, en el norteño estado de Coahuila, donde ya han empezado a llegar los primeros migrantes, con el fin de cruzar el Río Bravo. Buena parte de ellos proviene de Venezuela, como Ivone Katerin Bravo Rodríguez. “Siento algo de tranquilidad porque ahora voy a viajar más segura con un salvoconducto que me va a permitir circular sin ningún tipo de problema con las autoridades de migración ni con la policía”, recalca la mujer, que busca ayudar a su hijo de 18 años.

La decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar carta blanca a los migrantes para que circulen libremente por el país se produce a escasos días de la Cumbre de las Américas en la que el presidente de EEUU, Joe Biden, hizo un llamamiento a una migración “segura y ordenada”, si bien ni siquiera asistieron los presidentes de aquellos países más emisores de personas que buscan asilo o refugio, como el propio Obrador o los mandatarios de Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua.

La decisión del Ejecutivo mexicano responde únicamente a la presión de la caravana, que se conformó el pasado lunes, después de que miles de personas llevaran meses en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, a la espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les dieran una visa humanitaria de un año para permanecer en ese país o intentar llegar a EEUU sin sufrir una detención. Las miles de peticiones se fueron acumulando y los migrantes se quedaron estancados en una ciudad donde se iban quedando sin dinero, lo que les obligaba a mendigar y vivir en las calles, incluso con niños pequeños.

Ante esta situación, los migrantes se desesperaron y conformaron una nueva caravana que únicamente llegó hasta Mapastepeq, ciudad del Estado de Chiapas a casi 2.000 kilómetros de la capital mexicana. Allí se instalaron miles de personas con la intención de seguir avanzando, aunque sorpresivamente, el Instituto Nacional de Migración les envió una veintena de buses y les otorgó un salvoconducto con el que, en teoría, pueden viajar a Ciudad de México a tramitar su visa humanitaria o abandonar el país.

Pero la inmensa mayoría de migrantes no desean ninguna de las dos opciones, sino que, en lugar de regresar al sur a sus países de origen o quedarse en la capital esperando una visa humanitaria que les permita vivir en México, están aprovechando la oportunidad para subir al norte en autobuses. Lo están haciendo en pequeños grupos y no en forma de caravana, lo que conlleva un mayor riesgo, a diferencia de lo que sucedió con la primera caravana migrante de 2018 en la que más de 7.000 personas lograron llegar de manera segura a Tijuana.

Los migrantes se encuentran actualmente en una situación de mayor vulnerabilidad al dirigirse sin la protección de la caravana a una zona fronteriza controlada por el crimen organizado que se dedica al tráfico de personas. La Casa del Migrante en Saltillo ya ha denunciado que “la policía del Estado de Coahuila y el Instituto Nacional de Migración aterrorizan a personas migrantes en la central de autobuses” impidiendo que puedan continuar su camino, pese a contar con el citado salvoconducto. Medios locales han publicado en redes sociales cómo algunos migrantes son bajados de los autobuses en retenes por parte de la Guardia Nacional que les bloquea su viaje hacia el norte.

Buses retenidos cerca de la frontera

“Nos detuvieron en Ciudad Castaños, en el Estado de Coahuila y nos tienen aquí, hay mucha gente, muchos niños, no sabemos qué hacer”, asegura por teléfono una de las migrantes de Venezuela que en los últimos días había emprendido viaje hacia la frontera con EEUU. “Están deteniendo a todos los buses, los hacen regresar y nos quieren tirar otra vez a la ciudad de Monterrey cuando hemos pagado cada uno 280 pesos. Dicen que, si no nos regresamos a la ciudad de Monterrey, nos van a deportar a nuestro país”, denuncia por teléfono.

Poco después, informa que los han devuelto a Monterrey. Otro migrante de Venezuela confirma que antes de llegar a la Ciudad de Castaño, “la Policía nos está reteniendo porque nos dice que no podemos avanzar, cuando antes en un punto migratorio, agentes de migración subieron y nos dejaron avanzar. ¿A quién debemos hacer caso si tenemos visa transitoria en todo México?”, se pregunta.

En uno de los vídeos enviados por una de las migrantes que se encontraba en un bus retenido se ve a agentes policiales fuertemente armados que obligan a bajarse del bus a los pasajeros. “No somos delincuentes y no estamos cometiendo ningún delito, sino que solamente estamos peleando por nuestro derecho y lo que nos prometió Migración México, así que, por favor, la Policía tiene que respetar ese derecho”, se escucha a uno de los migrantes.

Luis Gabriel López, originario de Chiquimula, en Guatemala, viaja junto a su pareja y su bebé de siete meses. “No me planteo regresar, porque si volvemos, nos matan a mí y a mi esposa, dado que tenía un taller de enderezado de pintura y me pedían 50.000 quetzales (6.600 euros) de extorsión y no lo tengo, por lo que mejor decidimos dejar nuestro país”, revela.

Por su parte, Walter Centeno, originario de Nicaragua, afirma que tampoco puede volver a su país. “Quienes somos contrarios al Gobierno de Daniel Ortega, nos vemos en la obligación de salir de nuestro país para protegernos porque ya no tenemos seguridad y corremos el riesgo de que nos encarcelen y torturen”, lamenta. El joven, de 24 años, denuncia que su vida está “totalmente en riesgo” y espera un nuevo destino en San Francisco, el lugar que desea alcanzar.

A los migrantes que logren cruzar a EEUU les espera otro obstáculo: el Título 42, que les impide solicitar asilo. Se trata de una norma que impulsó el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 y que permite negar la entrada a quienes consideren un peligro para la salud pública. Biden ha seguido aplicando la regulación para evitar la propagación del coronavirus. Aunque este año decidió eliminar esta norma, no le fue posible ponerlo en práctica: un juez federal de Luisiana suspendió la intención del Gobierno de EEUU de volver a la situación anterior en la que los migrantes podían solicitar asilo, su única esperanza para dejar atrás sus países.

La posibilidad de ser deportados no impide que miles de migrantes continúen viajando en buses hacia la frontera norte de México con un papel otorgado por las propias autoridades de migración y que se ha convertido en su tesoro con el que confían cambiar su destino. Las personas migrantes ven su ‘sueño americano’ más cerca que nunca y no están dispuestas a renunciar a él tras haber recorrido miles de kilómetros en su búsqueda.