¿Ha cambiado algo la situación sanitaria en los CIE tres años después de la muerte de Samba?

La muerte de Samba Martine consiguió remover conciencias pero sin que hasta el momento haya implicado cambio alguno. Es la síntesis que se puede trazar cuando se pregunta a distintas organizaciones -Plataforma CIE No, Médicos del Mundo y Pueblos Unidos- sobre las condiciones en las que se presta actualmente el servicio médico en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tres años después del fallecimiento de la congoleña mientras permanecía retenida en uno de ellos. Su caso está siendo investigado por un juzgado madrileño después de que la Audiencia Provincial ordenara retomar las pesquisas al entender que su muerte podría haberse evitado.

El 3106. Ese número servía como nombre y apellido para Samba Martine mientras estuvo retenida en el CIE de Aluche (Madrid). Allí llegó tras ser trasladada desde el CETI de Melilla, donde permaneció tres meses hasta que las autoridades consideraron que el recinto se había quedado pequeño para tanta gente. Murió el 19 de diciembre en un hospital madrileño después de haber visitado el consultorio médico del CIE hasta en doce ocasiones al sentir diferentes molestias y no recibir el tratamiento adecuado. Los facultativos subestimaron la gravedad de sus dolores: era portadora del VIH. En el tercer aniversario de su fallecimiento, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿ha cambiado algo?

Las entidades sociales que tratan a menudo con inmigrantes creen que sirvió para sensibilizar a la sociedad sobre una realidad que por aquellas fechas no había saltado a la escena pública. Pero más allá de espolear un debate, todas coinciden en que los avances prometidos son un espejismo. En España hay nueve Centros de Internamiento de Extranjeros, la mayoría, dicen las ONG, saturados y con unas condiciones donde no se respetan los derechos humanos.

“Samba murió porque no recibió el tratamiento adecuado”, dice Patricia Ojerudo, de la Campaña por el cierre de los CIE. Sostiene que tres años después la asistencia médica en los CIE “sigue siendo muy básica, con muchas deficiencias”. La plataforma denuncia que el servicio médico se basa en una atención primaria, algo que no sirve para determinadas patologías, como en el caso de Samba, seropositiva. Una percepción que comparte Cristina Manzanedo, de Pueblos Unidos. “Sigue habiendo carencias. El consultorio es muy básico, incluso en algunos casos no hay una enfermería como exige el reglamento. Son tan superficiales las consultas que al llegar al centro solo se les toman las constantes vitales”, lamenta. “Se tira mucho de tratamientos sintomáticos: me duele aquí y solo te receto una pastilla”, apunta Begoña Santos Ortiz, de Médicos del Mundo.

Otro punto negro son los horarios fijados para las consultas. Aunque el reglamento aprobado el pasado mes de marzo garantiza la presencia de un médico en todo momento, en la práctica no es así. Dos ejemplos sirven para ilustrar esta situación. El CIE de Madrid es el que cuenta con un horario más amplio: el facultativo entra a las ocho de la mañana y sale a las 22:00 horas. Es, junto con el de Barcelona, el único que cuenta con atención los fines de semana. En el plano opuesto está, por ejemplo, Las Palmas: el médico solo atiende de 10:00 a 12:00 de la mañana. “Es un problema, hay momentos del día en que no hay un profesional y las decisiones médicas son responsabilidad de un policía”.

“Samba podría haberse salvado si los protocolos de actuación fueran otros”, sospecha Patricia Ojerudo. En sus continuas visitas al médico, Samba tuvo que pasar por unos tediosos trámites para pedir cita y ser atendida. A saber: el interno tiene que escribir su número de identificación en una papeleta y depositarlo en un buzón. Al cabo de unas horas, o incluso días –según la versión de las ONG- van llamándoles a la consulta, no sin que antes haya dado su visto bueno el director del CIE, un órgano dependiente de la Policía. “Estos trámites continúan vigentes, se tienen que aguantar porque no hay especialistas, y muchas veces no se les traslada a urgencias hasta que lo exigimos desde las organizaciones”, cuenta Ojerudo. “Nos dijeron que revisarían el funcionamiento, pero nada ha cambiado”, apuntala Cristina Manzanedo.

“Si el servicio hubiera sido público Samba posiblemente no hubiera muerto”. Es otra de las conclusiones que extrae la plataforma que aboga por el cierre de los CIE. Aunque la responsabilidad de la prestación médica compete al Estado, según el nuevo reglamento, la realidad es otra desde hace años se encuentra privatizada. El Ministerio del Interior es quin lo saca a concurso con el ánimo de que sea explotado por un máximo de dos años. La última adjudicación cifrada en 735.500 euros se produjo el pasado mes de agosto y recayó en el holding socio-sanitario Clínicas Madrid, con cinco centros médicos en la Comunidad de Madrid. “Lo que quiere el Estado es ofrecer un servicio barato, mientras que la empresa quiere conseguir beneficios a costa del ahorro”, señala Patricia Orejudo. Anteriormente, la compañía encargada de ofrecer los cuidados sanitarios fue SERMEDES S.L. El personal a su cargo en el CIE de Aluche está imputado por el caso de Samba Martine.

“Una de las causas del fallecimiento de Samba es que no se mandó el historial médico del CETI de Melilla (explicaba que era seropositiva) al CIE de Aluche”, recuerda Begoña Santos Olmeda. A raíz de su muerte y tras una recomendación de la Defensor del Pueblo, institución que ya ha trasladado en varias ocasiones sus reticencias ante el funcionamiento de estos centros, se llegó a un acuerdo para que los CIE puedan conocer la historia clínica de las personas que lleguen desde un CETI. “Aunque hemos visto que en ocasiones este protocolo se cumple, también hemos detectado casos en los que no y convendría pedir que se refuerce”, apostilla Santos.

“Samba tuvo muchas dificultades para explicar qué le pasaba al no haber un número suficiente de traductores”, dice Cristina Manzanedo. Esto no ha cambiado en los últimos tres años. Las instalaciones no cuentan con intérpretes de manera regular, lo que provoca que el interno tenga que esperar hasta varias semanas para que les atienda alguien que tenga la capacidad de traducirles. “Es un problema importante”, apuntan desde Médicos Sin Fronteras.

Por último, hay otros dos aspectos en el reglamento sobre los CIE, aprobado en marzo, que no acaba de convencer a las organizaciones. Por un lado, se establece la existencia de un órgano colegiado, con las ONG como participantes, que se encargará de coordinar los servicios sociales, como es el caso de la sanidad. “En la práctica solo es la Policía la que manda en este sentido”, lamenta Manzanedo. Y por otro lado, reclaman que se ponga más atención en colectivos vulnerables como las embarazadas. Con todo, en el ánimo de las organizaciones está que en el cuarto aniversario, los avances no sean un espejismo y la muerte de Samba no sea en vano, sino que pueda ser honrada.

Para redactar este artículo, eldiario.es se ha puesto en contacto tanto con la empresa adjudicataria, Clínicas Madrid, como con el Ministerio del Interior, organismo del que dependen los CIE de todo el Estado. Ninguno de los aludidos ha ofrecido su versión hasta el momento.