“Samba no se movía, no quería comer, estaba tumbada en el suelo todo el día tapada con una manta”. Así ha descrito ante el juez Laura Díaz Nieto, de Cruz Roja Española, los últimos días de Samba Martine en el CIE de Madrid, la mujer congoleña que padecía VIH y falleció en diciembre de 2011 sin haber recibido el tratamiento correspondiente. Durante el tiempo en el que permaneció encerrada, solicitó acudir al servicio médico privado del centro hasta en once ocasiones, pero en ninguna de ellas se le detectó la enfermedad que padecía, aunque ya hubiese sido diagnosticada en un centro de acogida de Melilla. Uno de los médicos que la atendió, acusado de homicidio imprudente, ha declarado que solo detectó “síntomas gripales” y que, aunque estos persistían dos semanas después, no vio necesaria la realización de ninguna prueba médica.
Este lunes se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal de Madrid número 21 la primera de tres vistas del caso de la muerte de Samba Martine que falleció en el CIE de Madrid tras no haber recibido el tratamiento indicado para VIH, la enfermedad que le había sido diagnosticada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.
Durante la primera vista, se ha realizado la toma de declaración de uno de los tres acusados, el doctor F. H. V., que atendió a la mujer en dos ocasiones durante su encierro de más de un mes en el centro de internamiento. También han testificado dos trabajadoras de Cruz Roja que tuvieron contacto directo con Martine, la doctora que trató de reanimarla en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la directora de SERMEDES, la empresa médica subcontratada por el Gobierno para prestar atención sanitaria en el CIE en aquel momento. El resto de acusados, una enfermera y otro doctor, se encuentran prófugos de la justicia.
El único de los tres sanitarios acusados por el caso de Samba Martine que ha respondido al llamamiento del juez ha defendido su inocencia pues, según asegura, en las dos ocasiones en las que atendió a la mujer congoleña solo identificó “síntomas gripales”. Además, alega que desconocía los antecedentes médicos de la paciente, pues en esos momentos no había un procedimiento activado por el cual se transfiriese la información de los internos desde el CETI de Melilla. No le preguntó si padecía alguna enfermedad, como VIH o tuberculosis, tal como aparece descrito en los protocolos de primera atención a personas migrantes que han transitado las rutas migratorias y proceden de determinados países africanos.
F. H. V. atendió a Samba Martine el 15 y el 30 de noviembre, después de que otro de los doctores acusados, J. E. O., ya hubiese sido realizado el reconocimiento inicial a su llegada al CIE. Según su declaración, la primera vez presentaba “síntomas gripales” y “prurito en la zona perianal”. El médico ha reconocido que a lo largo del informe efectuado durante la primera consulta había varios apartados sin completar acerca de sus antecedentes médicos. “Me fié de mi compañero. Di por entendido que él le habría preguntado y habría plasmado lo que considerase relevante”, ha afirmado ante el juzgado.
El acusado, que asegura no hablar francés, ha declarado “no recordar” si en ambas consultas Martine estaba acompañada de un traductor para poder entender a la paciente, pero matiza que normalmente “si hay problemas con la comunicación, los internos solían asistir” junto con algún empleado de Cruz Roja.
15 días después, Samba Martine fue atendida de nuevo por F. H. V. “Seguían los síntomas gripales”, ha declarado. No obstante, el doctor reconoce que no consideró necesaria la realización de ninguna prueba médica. “Era época de gripe” y “no parecía que tuviese nada grave en ese momento”, ha apuntado. La mujer congoleña falleció 19 días después.
“Se había quejado mucho de que tenía mucho dolor”
Laura Díaz Nieto coordinaba entonces el proyecto de Atención social de Cruz Roja en el CIE de Aluche. Según su declaración, entre sus funciones no se encontraba la de intérprete del servicio sanitario pero, ante la falta de estos, “cuando no se entendían les echábamos una mano”.
La trabajadora de la única organización subcontratada por el Gobierno para prestar asistencia social en el CIE de Aluche ha descrito el estado en el que se encontraba Martine durante el tiempo en el que permanecía internada. “Samba se había quejado en muchas ocasiones de que tenía mucho dolor”, ha relatado la trabajadora de Cruz Roja.
Según ha explicado ante el juez, en una ocasión entregó a otro trabajador de la ONG, que sabía su lengua materna más allá del francés, una hoja con todos sus dolores escritos para que este se lo comunicase al servicio médico. “Se quejaba de que su estado no mejoraba aunque la atendiesen y que no tenía acceso al médico cuando ella requería”, ha añadido Díaz Nieto, quien estuvo presente en el CIE el último día de vida de Samba.
“Para subir a la consulta médica, la tuvieron que ayudar dos internas porque no podía andar. Estaba muy agitada y presentaba fuertes respiraciones. La enfermera (que no ha respondido al juzgado) le dio un tranquilizante pero seguía igual. No era ansiedad”, ha indicado la trabajadora de Cruz Roja. En ese momento, el servicio médico decidió trasladar al hospital a la mujer congoleña. “La llevaron en un coche de patrulla, no llamaron a una ambulancia”, indica Díaz Nieto. “Los propios agentes de la Policía tenían miedo de llevarla por su mal estado, y la cogimos dos internas y yo. La mujer decía: 'Me voy a morir, me voy a morir”, continúa la testigo.
Otra de las testigos propuestas por la acusación ha sido María Isabel Castillo Burgos, también empleada de Cruz Roja que mantuvo contacto con Samba Martine en el CIE de Aluche. “Recuerdo que el último fin de semana se encontraba muy mal. El resto de internas referían que estaba muy mal y no había dormido”, ha indicado la mediadora social. Recuerda ver a la mujer congoleña tumbada en el suelo con una manta. “No es el lugar adecuado para que una persona enferma pueda descansar, necesita un sitio cómodo, pero solo había mesas de hierro”, ha añadido. “El resto de compañeras estaban indignadas porque consideraban que debía ser trasladada al hospital”. En aquel momento, Samba Martine “no tuvo la posibilidad de permanecer en su cama de su celda descansando”.
Castillo Burgos ha detallado cuál era el procedimiento habitual activado cuando los empleados de la organización humanitaria detectaban algún caso de internos enfermos en el CIE de Aluche. La mediadora social ha señalado que todo pasaba por la Policía: “Si observábamos a alguien que se encontraba mal teníamos que avisar a la Policía, por cuestiones de seguridad”.
La directora de SERMEDES -la empresa encargada del servicio médico del CIE entonces- ha prestado declaración como testigo, pues su imputación fue suspendida por parte del juzgado encargado de la instrucción del caso, una decisión recurrida por la acusación popular al entender “una mala praxis” en la propia forma en la que se organizaba el servicio, como en los informes médicos iniciales.
La enfermera y otro doctor acusados, prófugos
Además de F. H. V., el resto de acusados, una enfermera y un doctor que atendieron en varias ocasiones a Martine, se encuentran prófugos de la Justicia. La sanitaria Y. G. C. está acusada de homicidio imprudente tras haberse constatado que inyectó “nolotil intramuscular y orfidal” a Samba Martine “sin que conste prescripción médica”, cuando “prácticamente no podía mantenerse en pie”. Según concluyó el magistrado de instrucción, “el suministro de orfidal estaría contraindicado contra los síntomas de Samba Martine”, debido a su efecto ansiolítico e hipnótico.
El segundo doctor imputado en la causa, el médico J. E. O., quien reside en Paraguay, tampoco podrá ser juzgado por el momento. “Después de que se le notificase la apertura de juicio oral ha dejado de responder a las notificaciones”, han apuntado a eldiario.es fuentes próximas a la acusación popular.
Este médico atendió en cuatro ocasiones a Samba Martine, incluida la primera consulta tras su internamiento en el CIE, así como la que tuvo lugar el día en del fallecimiento de la congoleña. Según se desprende de la investigación, el examen médico se realizó sin traductor y de forma deficiente. El doctor no preguntó a la mujer su lugar de origen ni detalles sobre su ruta migratoria, detalla la acusación popular, incumpliendo así los protocolos de atención sanitaria a personas migrantes.