En marzo, cuando Europa empezaba a preguntarse cómo reaccionar con eficacia a la COVID-19, Singapur era uno de esos países que ofrecía respuestas. La pequeña ciudad-Estado había conseguido mantener a raya durante semanas sus primeros casos de coronavirus con un modelo elogiado, en sus inicios, por combinar control, vigilancia y contención, así como una fuerte preparación basada en la experiencia previa con el brote de SARS de 2003.
Pero no todos formaron parte de esa parte luminosa de la historia. El rico país asiático se olvidó de uno de sus eslabones más débiles, los más de 300.000 trabajadores inmigrantes esenciales para su economía, procedentes en su mayoría del sur de Asia y dedicados sobre todo a la construcción. Durante el mes de abril, la enfermedad se propagó con rapidez en esta comunidad, haciendo realidad los temores de organizaciones sociales y expertos, que habían señalado el potencial de infección masiva por las precarias condiciones en las que se alojan, asegurando que era una bomba de relojería.
La curva de nuevos contagios se disparó y el Gobierno impuso estrictas restricciones que se han prolongado durante más de dos meses. Hasta este martes, Singapur, que cuenta solo con 5,6 millones de habitantes, ha registrado 42.432 casos totales de COVID-19. Según el Ministerio de Sanidad, el 94%, un total de 40.024, corresponde a personas que residen en los masificados dormitorios, como se denomina a los enormes complejos en los que viven los trabajadores extranjeros a las afueras de la ciudad, lejos de sus relucientes rascacielos y hoteles de lujo. Desde ellos van y vuelven del trabajo todos los días amontados en camionetas.
De los 119 contagios nuevos, prácticamente la totalidad, 116, siguen perteneciendo a este foco, que ha sido el principal vector de infección del país asiático. “Seguimos recogiendo casos entre los titulares de permisos de trabajo que residen en dormitorios, incluso en dormitorios convertidos en fábricas, debido a las extensas pruebas que se realizan en estos recintos, como parte de nuestro proceso para verificar y comprobar la situación de todos los trabajadores”, dice el Ministerio de Sanidad. Las autoridades diferencian estos contagios de los “casos en la comunidad”, que este martes han ascendido a tres, de acuerdo con el recuento oficial.
“Los expertos consideran que Singapur ha tenido dos epidemias. La primera fue en la comunidad, con muy pocos casos al día, y se contuvo muy rápidamente porque tenían un sistema preparado desde la época del SARS y un sistema de rastreo que implementaron enseguida. Todo iba muy bien, hasta que comenzó la infección en los dormitorios”, explica a eldiario.es Helena Legido-Quigley, profesora asociada en la Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock de la Universidad Nacional de Singapur. “En mi caso, pensé que si el virus pasaba por aquí iba a ser un desastre, pero las autoridades eran efectivas”, prosigue la investigadora española, especializada también en inmigración y salud.
Hacinamiento e insalubridad
La especialista, como muchos otros, subraya como las principales causas del elevado número de contagios las difíciles condiciones de trabajo y las malas condiciones de vivienda en las que se hacina esta población vulnerable. Los edificios se componen de habitaciones donde, según han denunciado expertos y ONG especializadas, pernoctan y conviven hasta 20 personas, con baños y comedor compartido e insalubridad. Cumplir la distancia física para evitar el contagio en estas condiciones, dicen, no es posible. También se ha criticado la falta de ventilación adecuada en estos espacios.
“Estos dormitorios están diseñados para una densidad muy alta. El distanciamiento social es imposible con muchos trabajadores, entre 12 y 20, que comparten una habitación”, alertó en abril la ONG local Transient Workers Count Too (TWC2), dedicada a defender los derechos de los migrantes. Uno de sus representantes explicó a EFE que, aunque las autoridades de Singapur “son especialmente buenas proyectando y ejecutando planes con éxito, fallaron en convertir en espacios más habitables los barracones para inmigrantes”. Asimismo, denunció que los dormitorios son más parecidos a “pequeñas cárceles de baja seguridad” rodeadas de vallas, alambres y con controles de seguridad y privación de libertades.
Desde la organización han recogido varios casos de trabajadores, como el de Chodam-J (nombre ficticio), que se alojaba en un dormitorio relativamente pequeño con dos bloques, cada uno de ellos con una capacidad para 120 hombres. Hay tres plantas por bloque, y los 120 se alojan en unas pocas habitaciones grandes. La mayor, explican, alberga a 20 personas. La ONG denuncia que las instalaciones sanitarias y las duchas no son suficientes, con 10 baños comunes en la planta baja, es decir, cada uno para 12 personas.
En abril, todo el complejo se mantuvo libre de infecciones. Pero en mayo, indican, “unos cuantos” trabajadores chinos de la construcción fueron transferidos de otro lugar al dormitorio, y poco después, uno de ellos se contagió con el virus, según su testimonio. El Gobierno puso el dormitorio en cuarentena. Hasta mediados de mayo hubo diez casos, que fueron trasladados al hospital. Les hicieron pruebas y limpiaron sus habitaciones, pero el nerviosismo y la preocupación eran inevitables.
Para Sallie Yea, profesora de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad La Trobe, en Australia, las altas tasas de infección entre los trabajadores inmigrantes reflejan la “negligencia institucionalizada” de las autoridades respecto a este colectivo. “Este no es un momento excepcional para estos trabajadores: sus derechos han sido ignorados durante mucho tiempo porque son transitorios y, en su mayor parte, se consideran desechables”, escribió en un artículo en The Conversation.
Las organizaciones sociales han denunciado que la primera respuesta al coronavirus del Gobierno de Singapur no tuvo en cuenta a esta población, ya que redujo drásticamente los servicios de salud voluntarios de los que dependían algunos empleados extranjeros. Según informa Reuters, una distribución nacional de mascarillas al comienzo del brote excluyó a los trabajadores inmigrantes que vivían en dormitorios.
En abril, el gobierno impuso una orden de confinamiento para miles de trabajadores inmigrantes en la industria de la construcción, encerrándolos en sus dormitorios, una estrategia criticada por ONG locales, que la consideraron arriesgada. Las autoridades han hecho pruebas, han rastreado los contactos y aislado a los infectados en otras instalaciones, y se han llegado a usar barcos o estadios para ello, explica Legido-Quigley. También han intentado sortear la barrera del idioma, con la colaboración de algunas ONG y el apoyo de trabajadores extranjeros a la hora de comunicarse y difundir mensajes.
Según el Gobierno, la incidencia de casos en estas instalaciones ha disminuido y no han surgido nuevos grupos de infecciones grandes. Un total de 163 dormitorios están ahora libres de COVID-19, informa el canal de noticias Channel News Asia. El país entró el pasado viernes en una nueva fase de la desescalada gradual de las restricciones. Pero los trabajadores inmigrantes seguirán siendo sometidos a un confinamiento parcial en los dormitorios durante sus días de descanso. Se les permitirá ir a las instalaciones “comunales” dentro de las residencias manteniendo las medidas de higiene.
La intención es que permanezcan allí salvo cuando tengan que ir a trabajar. “Con los movimientos diarios saliendo y entrando de las residencias tenemos que mantener la guardia alta y asegurarnos de que los trabajadores no están contagiados. Igualmente correremos el riesgo de que algunos se infecten y lleven el virus a las residencias cuando vuelvan de trabajar”, han señalado en un comunicado las autoridades. Todos los trabajadores deben descargarse y usar, además, una aplicación móvil para el seguimiento de contactos, a pesar de que no todos tienen smartphones y hay quienes han rechazado la aplicación por motivos de privacidad.
El Gobierno ha anunciado que construirá nuevos dormitorios para trabajadores extranjeros como parte de un plan para reducir la densidad actual en estos complejos y mejorar las condiciones de vida. Según el Ministerio de Desarrollo Nacional, habrá espacio adicional para albergar a unos 60.000 empleados. “Es la parte positiva, se ha conseguido mejorar la situación de vivienda y la voluntad de integrarlos en la sociedad de Singapur, ya que ahora vivían a las afueras”, señala Legido-Quigley.
“En Singapur se han mezclado condiciones difíciles y la lentitud del Gobierno en darse cuenta de que este grupo era más vulnerable. Es el primer país en el que pasó y creo que ha sido una lección para otros países que han visto casos en temporeros extranjeros, como España, que ilustran que estas condiciones difíciles requieren reformas estructurales”, asegura la experta. Por su parte, Sallie Yea considera la respuesta del Gobierno tiene que ir “más allá” de la construcción de dormitorios grandes: “Tiene que tomar medidas integrales para mejorar las condiciones”.
Hasta el momento, el país ha registrado 26 muertes asociadas al virus. “El número ha sido bajo si se compara con otros. Hablamos de una población joven, en su mayoría”, indica la experta española. A su juicio, a pesar de todo, la de Singapur ha sido una de las “mejores respuestas” del mundo. “Estaban ya preparados. Antes del primer caso, el Gobierno ya estaba reunido. El país pasó por el SARS y aprendió de esa experiencia. Contaban con stock de mascarillas y ventiladores para meses y tenían un hospital especial para los pacientes de coronavirus. Todos los hospitales habían hecho simulacros y todos habían recibido entrenamiento. Solo se han contagiado 20 sanitarios. El Gobierno ha sido bueno dando información y el seguimiento de contactos ha ido muy bien. Ha habido pocos casos de transmisión comunitaria. El contagio ha estado principalmente en los dormitorios”, zanja.