Cuando las penalidades sufridas por las víctimas del empresario pornográfico Torbe fueron publicadas, Glenys de Jesús apenas leyó situaciones que no hubiesen llegado a sus oídos en las decenas de casos que cada año representa como directora legal de la ONG especializada en trata Women's Link Worldwide. Porque a su organización llegan mujeres y niñas que relatan atrocidades semejantes y que solicitan una protección que en ocasiones no encuentran en el Estado. “Mujeres trasladadas a través del engaño, la extorsión, menores de edad, mujeres hacinadas en pisos, chantajeadas... Lamentablemente, todo esto no es atípico. Es muy frecuente”.
Aunque, denuncia, las cifras oficiales no recogen la dimensión real de la trata con fines de explotación sexual en España. “Cuando no son identificadas, no existen. Y la mayoría de víctimas no son identificadas por la Policía”, detalla. Desde Women's Link cuestionan el sistema que debería proteger a aquellas mujeres que deciden denunciar a pesar del riesgo que conlleva, como en el caso de la testigo protegida que desencadenó la investigación del caso Torbe.
Ella fue escuchada pero, según asegura la directora legal de la ONG, otras muchas se quedan en el camino. Glenys de Jesús explica cómo es el proceso de denuncia de las víctimas de trata y explotación sexual y por qué las mujeres afectadas se convierten en el eslabón más débil en la lucha de las autoridades españolas contra la llamada esclavitud moderna.
En teoría, ¿cuál es el proceso de denuncia de una víctima de trata y cómo entra en un sistema de protección?
Las víctimas generalmente no saben de qué delito y de qué tipo penal es víctima. Cuentan una serie de violencias sufridas y las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la responsabilidad de identificarlas como tales e investigar los delitos. En el caso de la dificultad de identificación se agrava por las circunstancias del delito.
En su trabajo policial la policía desmantela redes de crimen organizado en operaciones realizadas a centros de prostitución, pisos o, con en el caso Torbe, centros donde se produce pornografía, etc. La Policía entra a desmantelar la red y debe diferenciar entre perpetradores y víctimas. Este es el primer paso fundamental, identificar a las víctimas como tal porque las circunstancias de la trata dificultan aún más que estas mujeres y niñas sean conscientes del delito que han sufrido.
Pero la Red Española contra la Trata de Personas ha denunciado las deficiencias en el sistema de identificación.
En la práctica, no hay un procedimiento integral de identificación. La cantidad de víctimas de trata identificadas es bajísima y por eso no hay cifras claras sobre las afectadas por la trata. Si contratas las cifras de víctimas que reciben protección y las estimaciones a nivel mundial [la ONU afirma que España es una de las principales vías de entrada] parece que aquí no existe el problema. Tampoco hay procesos para denunciar y, cuando las mujeres están dispuestas a colaborar, muchas no lo hacen por miedo, porque no hay ninguna medida destinada exclusivamente a proteger a las víctimas de trata.
El Gobierno falla al no entender la trata como una violación de derechos humanos. Solo lucha contra la trata con dos enfoques. En primer lugar, el de la lucha contra un delito vinculado a la migración ilegal. En segundo lugar, el de seguridad, cuyo objetivo es desmantelar redes criminales. Es un enfoque importante, pero incompleto. Atiende la mitad del problema. El problema es que el delito tiene una víctima y este enfoque penal no mira hacia la víctima. Como no hay un tercer punto de vista, esta se queda fuera del sistema.
Es necesario que el Gobierno luche contra la trata como una violación gravísima de derechos humanos, que se ejerce explotando la vulnerabilidad ajena, que cosifica a las personas, que afecta en su mayoría a mujeres y a niñas. Que las víctimas puedan acceder a procesos de sanación, de reintegración, de reparación.
Cuando las víctimas sí pasan ese primer filtro y son identificadas, ¿qué mecanismos de protección reciben?
Cuando son identificadas como tal, se les concede un periodo de reflexión o restablecimiento para que decidan si quieren interponer una denuncia o no. Si acceden, adquieren la categoría de colaboradoras con el proceso judicial. En la teoría esta colaboración permite a la víctima de trata ser considerada como tal por parte del Estado, que pasa a considerarla una testigo protegida. En caso de que la víctima sea extranjera y no tenga residencia en España, se le otorga un permiso de residencia.
Pero si la mujer o niña no se atreve a denunciar, no colabora con la policía, el Estado no le ofrece protección. Se queda fuera del sistema. Para ellas no hay nada a nivel estatal. En algunas comunidades, son derivadas a ONG. En otras, no. La conclusión: las víctimas vuelven a la red. Porque permanecer en la red a veces es su única vía de supervivencia.
A través del mecanismo de la consideración de testigo protegida, ¿el Gobierno protege realmente a la víctima de las posibles venganzas o extorsiones de la red de trata por colaborar con la Policía?
No. Esto significa únicamente que su testimonio se introduce en el sumario como una prueba con el compromiso de mantener su anonimato: sus nombres aparecen ocultos y, si tienen que ir a juicio, pueden ocultar su rostro. En el caso de las víctimas en situación irregular en España, obtienen la residencia. Nada más. Estas son las únicas garantías ofrecidas por el Gobierno a una testigo protegida. Es lo mínimo. ¿Es una protección real? No. El sistema las utiliza para alcanzar sus fines y una vez que dejan de servirles se van sin protección.
En ocasiones, a pesar de ocultar su identidad, la víctima puede ser identificada por la red por su relato de los hechos. Podría ocurrir con la testigo protegida cuyo testimonio implica al futbolista David De Gea en el caso Torbe. Explica detalles sobre sus supuestas conversaciones telefónicas. En estos casos, ¿tampoco hay vías de protección?
A pesar del anonimato, la red puede conocer perfectamente quiénes son. Si la víctima expresa que hay un peligro importante, la protección contra una venganza depende del fiscal que le toque, de la comunidad autónoma... Porque no existe una ley integral contra la trata, no hay mecanismos de protección específicos para ellas.
El resultado: las cifras. Para probar una condena penal en delitos de trata, el testimonio de la víctima es fundamental, es la columna vertebral. Si tu sistema de protección no funciona, ellas no confían y el testimonio no llega. Si yo me juego la vida por colaborar con la Policía y veo que los mecanismos de protección no son suficientes, no testifico. Y, entonces, no hay casos y no hay penas. Para una víctima de trata testificar supone apostar su vida porque pueden matarla a ella o a su familia. Pueden arruinar su vida divulgando fotos o vídeos de una actividad sexual, etc. Por eso requiere una protección específica que no existe.
Women's Link ha denunciado que, cuando las víctimas se atreven a dar el paso y colaboran con las autoridades, si la Policía no considera valiosa la información ofrecida, pierden la protección.
La víctima va a dar todos los datos que tiene, lo que ya de por sí supone un riesgo. En ese momento, la mujer o la niña ya es una 'chivata' para la red. Pero hay muchos factores que derivan en que tengan en cuenta o no su testimonio y, si no es así, se despacha a la víctima. Mandan a la calle a mujeres que se juegan la vida. Y en realidad la Policía hace su trabajo, el problema es que no hay un mecanismo estatal para proteger a la víctima sí o sí en todas las circunstancias.
Recuerdo el caso de una mujer colombiana que decidió cooperar con la policía pero finalmente no se le concedió el sistema de protección. Tuvo que regresar a Colombia en unas circunstancias extremas y corriendo un enorme riesgo personal. La habían captado en Colombia y fue trasladada a España, por lo que no podía quedarse en ninguno de los dos países. Finalmente obtuvo la condición de testigo protegida en Colombia y allí vive ahora.
La Red contra la Trata ha documentado casos en los que víctimas que son captadas en el extranjero y viven en España en situación irregular acaban en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para ser expulsadas. Esto ocurre con muchísimas víctimas y existe un riesgo muy grande de volver al país donde fueron captadas, porque están controladas. Son mercancías de la red. Como unos zapatos para una marca o un producto para un supermercado. La empresa vigila su inventario. La red de trata controla su inventario, que son las víctimas, en su mayoría mujeres.
¿Después de asumir todos estos riesgos, los jueces suelen tener en cuenta los testimonios de las víctimas?
Cuando hay condena, la sentencia se suele basar en el testimonio: es la prueba básica, ya que la trata con fines de explotación sexual se suele producir en el ámbito privado, se esconde. Pero cuando no hay condena, se debe en muchos casos —en los que existe alto contenido de violencia sexual— a que la credibilidad de las víctimas se pone en tela de juicio. En muchos casos parece convertirse en la acusada.
Muchas veces viene por parte del abogado del acusado quien, como medio de defensa, acude a argumentos para atacar la credibilidad y la integridad moral de la víctima: que si le gustó, que si lo buscó... Desde Women's Link pensamos que debería haber mecanismos procedimentales que no permitan este tipo de acusaciones que desacrediten moralmente a una testigo protegida, como existen en Reino Unido.
En el caso Torbe, una de las testigo protegidas implica a los futbolistas David De Gea e Iker Muniain. El juez no los ha llamado a declarar. ¿Qué opina?
Resulta un poco extraño, pero eso debería explicarlo el equipo de investigación. Si el juez valora que no les conduce a nada, pueden decidir no llamar. Según la información publicada por eldiario.es, parece que ellos tienen información sobre los negocios de Torbe que podría haber ampliado el sumario. La pregunta es válida, ¿por qué no les ha llamado a declarar?
Pienso que toda la información de una testigo debe ser verificada con vistas a asegurar su protección y reparación. Pero, repito, tan solo tengo la información difundida por la prensa.
Tras la publicación de los detalles del sumario del caso Torbe y la supuesta implicación del futbolista de la selección De Gea, muchas de las reacciones han centrado la atención en los posibles efectos en la Eurocopa. El ministro del Interior ha dicho que espera que no afecte a la selección. ¿Cómo valoras estas reacciones?
Que aparezca un futbolista nos da igual, eso es competencia de las autoridades judiciales. Pero sí nos sorprende mucho la reacción de las autoridades españolas y de los responsables de la selección española. Nos habría parecido coherente un mensaje en el que declarasen que confían en la justicia para aclarar lo ocurrido, que mostrasen su disposición a colaborar con en la investigación y, por último, que condenasen toda forma de explotación sexual y de trata de seres humanos.
En ningún momento estas autoridades han mandado este mensaje. Habría sido importante al tratarse de un caso que afecta al fútbol, que convoca a millones de personas, pero no ha sido así.
Que el ministro del Interior se limite a decir que espera que no afecte a la selección no evidencia que estamos hablando de un problema mayor. Y él debería dar ejemplo.