Han pasado 12 años y las víctimas de torturas por soldados españoles en Irak aún no han sido identificadas. Así lo asegura Amnistía Internacional, que en un informe denuncia las irregularidades de una investigación que todavía no ha señalado a los presuntos responsables de los hechos. Un caso en el que, según la ONG, los testigos de lo ocurrido han recibido presiones y amenazas para que no “contaran lo sucedido”.
En el informe 'Torturas cometidas por soldados españoles en Irak: 12 años sin justicia', Amnistía Internacional denuncia el “clima de impunidad” que rodea a la investigación. Ésta se inició en el año 2013, después de que El País publicara un vídeo de 2004 en el que podía verse, aunque pixelados, a cinco soldados españoles propinando patadas a dos prisioneros que estaban bajo su custodia en un centro de detención en Irak. A pesar de que la autenticidad del vídeo fue corroborada por el Ministerio de Defensa, el caso se sobreseyó apenas un año después de su apertura. El tribunal militar encargado de la causa entendió que no era posible identificar ni a los agresores ni a las víctimas de los crímenes.
La ONG denuncia en el documento presuntas negligencias cometidas durante el proceso. Dos de los testigos, un soldado que grabó el vídeo donde quedaron documentados los hechos y otro militar que vio la grabación original sin pixelar, admitieron haber sido objeto de amenazas y presiones con el objetivo de “condicionar sus testimonios y de que no contaran lo sucedido”.
A pesar de que ambos militares eran testigos oculares de los hechos, la Fiscalía Jurídico Militar consideró que los testimonios recabados en el proceso no podían tenerse por válidos. El extravío del Libro de Registro de detenidos, por el que se habría facilitado la identificación de las víctimas de tortura, y el aforamiento de uno de los procesados en la causa, que fue ascendido a Comandante durante el proceso, motivaron la decisión. Esto, según la organización, da fe de la falta de “independencia” e “imparcialidad” del tribunal militar que llevó el caso.
“Esta es una mancha en el historial del Ejército español. No se han hecho todos los esfuerzos para identificar a víctimas y responsables de los abusos. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas”, ha declarado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
AI asegura que existían otros indicios que hubieran permitido identificar a las víctimas y a los agresores. Se trata de la identificación de la celda donde se cometieron las agresiones, la acreditación documental de detenidos iraquíes o las intervenciones telefónicas de personas implicadas en el caso y sus familiares. Por ello, Amnistía internacional ha solicitado que el caso sea llevado ante la justicia ordinaria y ha lanzado una campaña online para presionar a las autoridades españolas a tal efecto.