Pocos meses después de que Grace Ngo volara desde su Camerún natal al norte de Chipre, ocupado por Turquía, decidió dirigirse “hacia el oeste”. Los traficantes dirigieron a la estudiante en dirección a las murallas venecianas que atraviesan el corazón de Nicosia, la última capital dividida de Europa.
Poco antes de la medianoche del 24 de mayo, Ngo saltó de la autoproclamada República del Norte de Chipre a lo que esperaba que fuera la parte sur de la isla dividida por la guerra, reconocida internacionalmente como suelo chipriota.
“Sólo dije 'que Dios me proteja'”, recuerda la joven de 24 años, al describir el salto que la situó de golpe en la zona de seguridad patrullada por la ONU, donde ha quedado atrapada desde entonces. “Los muros eran muy altos. Me hice bastante daño en la pierna, pero estaba desesperada por llegar al oeste”, señala.
Daniel Djibrilla y Emil Etoundi, otros dos solicitantes de asilo de la minoría anglófona de Camerún, se encontraban en el mismo lugar esa noche, igualmente atraídos por las brillantes luces de la metrópolis europea en el horizonte. Al igual que Ngo, que afirma que no habría hecho la travesía si no hubiera sido víctima de abusos, ambos citaron la guerra civil de Camerún como el motivo que los llevó a dejar su hogar.
“Saltamos desde allí”, dice Etoundi, un antiguo soldado, señalando la línea de alto el fuego que ha dividido la isla, partida por motivos étnicos, desde que Turquía la invadió en 1974 tras un golpe de Estado que pretendía unir Chipre con Grecia. “No teníamos ni idea de que esto era tierra de nadie. No puedo creerlo”.
Tras la negativa del Gobierno del presidente Nicos Anastasiades a permitirles solicitar asilo, los tres cameruneses siguen atrapados en la Línea Verde o zona de seguridad bajo la protección de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, pero viven en tiendas de campaña y dependen de la voluntad de los demás.
Temor a nuevas llegadas
En el punto álgido de la crisis de los refugiados sirios de 2015, Chipre no estuvo en el punto de mira de los migrantes y recibió una cifra relativamente baja de entradas, ya que la mayoría intentaba atravesar Turquía y las islas del Egeo en su ruta hacia Europa. La situación cambió en 2018, cuando los traficantes empezaron a percibir el Estado más oriental de la UE como un punto de entrada fácil. El 21 de mayo, el Gobierno de Anastasiades declaró el estado de emergencia.
Las autoridades afirmaron que la isla mediterránea se enfrentaba a una gran presión por las continuas llegadas. La declaración se produjo después de que Chipre fuera censurada por un organismo de control de los derechos humanos en relación con las acusaciones de devolución ilegal de inmigrantes al mar.
A finales de 2020, cerca de 20.000 solicitudes de asilo estaban pendientes, según las autoridades grecochipriotas. En 2019, 13.648 personas solicitaron protección; una cifra sin precedentes. En los primeros seis meses de 2021, se habían presentado más de 5.000 solicitudes, más de la mitad del total de 2020.
Según la oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, Chipre es el país del bloque comunitario con la mayor cifra per cápita de personas que solicitan asilo por primera vez dentro de la UE.
En declaraciones a The Guardian en vísperas de la cumbre de la UE en Eslovenia celebrada a mediados de julio, el ministro del Interior de Chipre, Nicos Nouris, indicó que “la situación es grave”. “Todos los centros [de acogida] están llenos y simplemente no tenemos capacidad para recibir a más personas. Si queremos hablar de solidaridad y responsabilidad, tenemos que apoyar a los Estados miembros que están en primera línea, como Chipre, que es el país que más solicitantes de asilo recibe”.
Según Nouris, la mayoría de los inmigrantes que entra en la parte grecochipriota lo hace de forma ilegal a través de Turquía y de zonas de Chipre sobre las que el país no tiene control.
En un contexto en el que las redes de contrabando de personas se aprovechan de la división, Nouris afirmó que existe un verdadero temor a que se abra un nuevo frente en una isla a la que los migrantes llegan tanto en barco como a lo largo de la línea de alto el fuego de 180 km.
“Tenemos que ser muy prudentes para que no se abra un nuevo paso”, afirma. “No estamos hablando de la situación concreta de estas tres personas, eso sería ridículo cuando vienen tantas. Pero si acepto a estas tres personas, entonces [estos cruces] serán la próxima práctica común. Vendrán por miles... Turquía los meterá en autobuses y los enviará a los puestos de control”.
La situación de los cameruneses ha evidenciado la postura dura de un Gobierno que, al igual que Grecia, se siente abandonado por Europa en materia de migración.
Condiciones “inaceptables”
“Tienen derecho a que se examinen sus solicitudes de asilo”, afirma la portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Emilia Strovolidou, explicando que los tres solicitantes fueron devueltos a tierra de nadie tras acercarse a una patrulla de la ONU y dirigirse al puesto de control grecochipriota más cercano.
“Se trata de un caso inequívoco de personas que solicitan protección internacional y hemos llevado a cabo una serie de gestiones ante las autoridades competentes para que puedan acceder al procedimiento”.
Chipre está “obligado por la legislación internacional, de la UE y la nacional” a tramitar las solicitudes de asilo y a dar a las personas acceso a condiciones dignas en los centros de acogida, afirma Strovolidou. “Sus condiciones de vida ahora mismo, en tiendas de campaña y con un calor sofocante, son totalmente inaceptables”.
No son los primeros solicitantes de asilo que se quedan atrapados en la zona de seguridad, pero hasta ahora la situación no se había prolongado tanto. La saga de más de dos meses ha llevado a las organizaciones de derechos humanos a acusar al Gobierno de exagerar el número de llegadas y de generar un clima de miedo basado en la xenofobia y una histeria contra la inmigración alimentada por el ascenso del partido de extrema derecha Elam.
En una isla que depende de la mano de obra poco cualificada, las agencias de ayuda humanitaria afirman que a menudo son los extranjeros que ya están en Chipre con visados de estudiante o de trabajo los que solicitan asilo en un intento de prolongar su estancia de forma legal.
Corina Drousiotou, del Consejo de Refugiados de Chipre, afirma que el trabajo de los inmigrantes sostiene el sector agrícola. “A pesar de que la economía chipriota depende en gran medida de los extranjeros poco cualificados, la inmensa mayoría de los cuales trabajan en condiciones muy duras, con salarios bajos y derechos casi inexistentes, no hay voluntad política de abordar adecuadamente estas cuestiones”, afirma.
“Es necesario revisar completamente el sistema [de asilo] para garantizar la dignidad y la igualdad de derechos para todos, lo que a su vez tendrá múltiples beneficios para muchas industrias y la comunidad local”, señala.
Ngo, Djibrilla y Etoundi agradecerían la perspectiva de un trabajo. Sin embargo, con temperaturas que superan los 40 grados, los cameruneses esperan con impaciencia noticias bajo la sombra de una hilera de árboles plantados a lo largo de una delgada franja de grava de apenas un metro de ancho.
“Tengo 33 años. He desertado del ejército tras 10 años de servicio”, explica Etoundi, mientras Djibrilla reproduce en su teléfono móvil un espantoso vídeo que muestra decapitaciones en el conflicto de su país.
“No apoyo la lucha de los separatistas [cameruneses], pero tuve que irme porque no estaba de acuerdo con las órdenes de los militares. Si vuelvo, tendré que enfrentarme a la posibilidad de morir”, añade.
El ministro del Interior de Chipre afirma que el caso podría resolverse si la UE aceptara incluir la isla en un programa de reasentamiento.
“He escrito a la Comisión Europea diciendo que estamos dispuestos a transferirlos a otros Estados miembros, pero no he recibido respuesta”, subraya Nouris: “Si aceptan la propuesta, la situación se podría resolver con facilidad”.
Para la elaboración de este artículo se han cambiado los apellidos reales de Grace, Emil y Daniel por unos ficticios.
Traducción de Emma Reverter.