Sumar ha anunciado un acuerdo con el PSOE para reactivar la iniciativa popular para regularizar unos 500.00 migrantes que ya viven y trabajan en España. Así, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha tuiteado: “Medio millón de personas están más cerca de ganar derechos. Medio millón de personas que viven y trabajan en nuestro país y que son nuestras vecinas y vecinos. No perdamos ni un minuto más. Contra el racismo, derechos”.
Díaz reaccionaba así a una información del diario Público que adelantaba el acuerdo entra las dos formaciones. De acuerdo a la información de Público, Sumar y PSOE han llegado a un acuerdo para desbloquear la ILP y volver a activar su tramitación, que se encontraba atascada en el periodo de enmiendas parciales.
El Congreso apoyó en abril pasado la tramitación de la iniciativa popular con el único voto en contra de Vox, apoyada por más de 600.000 firmas, para regularizar alrededor de 500.000 personas migrantes. A partir de ahí, pasó al trámite parlamentario, sujeto a enmiendas y a un futuro voto final.
Según recuerda Público, el período de enmiendas parciales se ha ido prorrogando hasta diez veces, con el riesgo de que la ILP quedara aparcada, y añade que fuentes parlamentarias de Sumar conocedoras de la negociación han confirmado a Público que en la reunión que celebrará este martes, la Mesa del Congreso acordará concluir ese período de enmiendas este miércoles.
Así llegó la ILP al Congreso
La Iniciativa Legislativa Popular reclama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en España debido a que “los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento”, y por otro lado, “el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación”.
Lamine Sarr, portavoz del movimiento que llevó al Congreso la regularización de migrantes, dijo en el registro de la ILP en el Congreso: “Hemos sufrido todo tipo de racismo hasta llegar aquí”. “Para muchas personas en situación de irregularidad es imposible conseguir papeles”, defendía Sarr: “Entre ellos hay familias con niños que no pueden acceder a la salud o a la educación, se encuentran en una rueda de un sistema perverso que las mantiene en la extrema precariedad”. Sarr, senegalés, a su llegada a España se vio empujado a trabajar como mantero para sobrevivir, y recordaba que entre el cerca de medio millón de personas en situación irregular hay jornaleras, temporeros trabajadoras sexuales y niños que “habiendo nacido en España heredan el estatus migratorio de sus padres”.
El texto daba al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. Los promotores defienden que, sin su regularización, se vulneran sus derechos fundamentales, se les impide contribuir económicamente a la sociedad y no se pueden planificar ni dimensionar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos.
La iniciativa recuerda el trabajo de las comunidades de migrantes en situación irregular durante la pandemia en sectores imprescindibles como los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura, cuando pagaron “un altísimo precio en forma de contagios y muertes”. “Nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerabilizados”, dice el texto.
La iniciativa comenzó su andadura hace dos años, cuando el Movimiento 'RegularizacionYa', conformado por personas migrantes y organizaciones antirracistas de toda España, una gran campaña de recogida de firmas.
La Constitución prevé que los ciudadanos puedan llevar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando 500.000 firmas. En febrero de 2023 la Junta Electoral Central ratificó que la iniciativa había conseguido el medio millón necesarias para iniciar su tramitación parlamentaria. Se han reunido más de 700.000.
España cuenta con el precedente de la regularización emprendida en 2004 por el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.